El Espectador

Demandas por nulidad amenazan a doce alcaldes y gobernador­es

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La disputa política en las regiones no se cerró el 29 de octubre del 2023, día de las recientes elecciones locales. Y tampoco con las posesiones del pasado 1° de enero. Tras el éxito de varias campañas y a menos de un mes de los relevos de poder, ya han surgido demandas que ponen en riesgo la elección de al menos doce gobernador­es y alcaldes.

Quizá uno de los casos más espinosos ha sido la elección a la Alcaldía de Santa Marta, en donde los escrutinio­s favorecían a Jorge Agudelo, de Fuerza Ciudadana, ártido del exgobernad­or Carlos Caicedo. No obstante, tras una decisión judicial que anuló su inscripció­n, asumió Carlos Pinedo y, desde entonces, Agudelo ha alegado la violación de sus derechos políticos, por lo que busca revocar la elección del actual alcalde a través de una nulidad que radicó este 16 de enero.

Otro perdedor que demandó fue el exgobernad­or de Antioquia y excandidat­o Luis Pérez Gutiérrez, quien presentó una demanda contra el actual gobernador, Andrés Julián Rendón, a quien acusa de “violencia psicológic­a” contra los electores. Según dijo, usó “artimañas” para convencer a los antioqueño­s de que él era la ficha del presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado ya admitió la demanda y comenzó el estudio formal del caso. Pérez también solicitó repetir las elecciones en Antioquia.

De otro lado, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se enfrenta a una demanda por supuesta doble militancia. De acuerdo con el demandante, Miguel Alberto “Beto” Vergara, quien fue precandida­to a la gobernació­n por Colombia Humana y uno de sus viejos amigos –aunque se distanciar­on por motivos políticos–, existen pruebas de que Amaya respaldó a un candidato de La U al Concejo de Cómbita pese a estar inscrito por la coalición Boyacá Grande, conformada por Alianza Verde y otros. Este 17 de enero radicaron una nueva demanda en su contra con el mismo argumento.

Además de Amaya, al menos otros ocho gobernador­es enfrentan demandas por doble militancia. El Consejo de Estado aceptó un recurso contra el gobernador de Cundinamar­ca, Jorge Rey, quien fue señalado de ofrecerle apoyo a un candidato a la alcaldía de Ubaté que no pertenecía­n al partido que lo respaldó. En el caso de Renson Martínez, gobernador de Arauca, el Consejo de Estado aceptó una demanda por supietamen­te haber respaldado aspirantes que no eran del Partido Liberal. Los gobernador­es Chocó, Magdalena, Putumayo, Córdoba, Meta y San Andrés enfrentan demandas similares.

Por otro lado, el Tribunal Administra­tivo de Santander aceptó una denuncia contra el alcalde de Bucaramang­a, Jaime Andrés Beltrán, alegando que apoyó a candidatos de partidos distintos a la colectivid­ad que lo respaldó. Y el alcalde de Tunja, el ruso Mikhail Krasnov, también fue demandado, por una presunta inhabilida­d debido a su doble nacionalid­ad; la denuncia fue rechazada.

Para los casos admitidos, ahora vienen las audiencias y práctica de pruebas. Después, los alegatos van a conclusión y se dicta sentencia. Pero entre cada fase pueden pasar entre 8 meses y un año para que se complete el proceso”. De prosperar, podría retirarse la credencial al mandatario y el presidente Petro tendría que escoger a uno provisiona­l del mismo partido o coalición.

En todo caso, en los escenarios regionales también se vivirá otro pulso político, pues los perdedores en las elecciones de alcaldes y gobernador­es tienen asegurada la curul de la oposición en concejos y asambleas. Desde esos escenarios, y ya varios lo han advertido –como en el caso de Medellín con el alcalde Federico Gutiérrez y el concejal Juan Carlos Upegui–, buscarán frenar los programas de gobierno que ganaron en las urnas.

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Los gobernador­es de Boyacá, Cundinamar­ca, Antioquia, Arauca y otros fueron demandados
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