Así le fue a la Comisión por la Diversidad en su primer año
La comisión accidental LGBTIQ+ trazó como propósito legislar en pro de los derechos de la población con orientación sexual y de género diversa del país. Sus integrantes aseguran que, más allá de radicar proyectos de ley específicos, están incorporando un enfoque de diversidad en toda su gestión.
Los siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ que están en el cargo desde 2022 se unieron el año pasado para instalar, por primera vez, una comisión que se dedicara a defender los derechos de las personas con sexualidades diversas. A ellos se sumaron cuatro representantes a la Cámara que se consideran aliados de la causa.
En los meses que llevan reuniéndose y actuando casi como una bancada ya han logrado algunos avances, aunque en diálogo con El Espectador reconocen que ha sido un tiempo de aprendizajes y comienzan a sonar las iniciativas que llevarán a la legislatura que comenzará el 20 de julio.
Como dijo Támara Argote, congresista no binaria del Pacto Histórico, “el hecho de que exista esta Comisión, de que sea reconocida, de que estemos hablando de los temas abiertamente, hace que la política tradicional también se revolucione”.
Se trata de un grupo multipartidista, pues con Argote trabajan compañeros del Pacto como María del Mar Pizarro, Andrés Cancimance y Susana Gómez, junto con miembros de otros partidos como Carolina Giraldo, Angélica Lozano, Alejandro García y Liliana Rodríguez, del Verde. Además, el liberal Juan Carlos Losada, Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno, y Jennifer Pedraza, de Dignidad.
En esa medida, la senadora Lozano hace un balance positivo del primer año: “Ha sido un año valioso de trabajo colectivo, de construcción, confianza y una agenda colectiva, no solo interpartidista, sino de relación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía y, por supuesto, con el Gobierno y entes territoriales”. Pero, ¿qué es en concreto lo que ha logrado esta Comisión LGBTIQ+ y qué se viene para su segundo año?
Los logros
La bandera más visible de la bancada ha sido el proyecto de ley que pretende acabar con las mal llamadas “terapias de conversión”. Pese a que la discusión había sido aplazada en otras ocasiones, la iniciativa logró 20 votos a favor para pasar su primer debate en la Cámara de Representantes.
“Hubo gente de todas las bancadas apoyando el proyecto, porque se dieron cuenta de que es un asunto de cero discriminación, de erradicación de la violencia y de dignidad humana”, afirmó la representante Carolina Giraldo en entrevista. Precisamente, hacer explícito su enfoque de derechos humanos fue lo que permitió un acercamiento y apoyo de partidos tradicionales, como el Conservador.
En segundo lugar, varios miembros de la Comisión consultados resaltaron como un logro la incidencia que hicieron para que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeran y fueran aprobados artículos que atienden problemas específicos de las personas LGBTIQ+. Por ejemplo, la creación de un mecanismo para la prevención y atención de población que sea víctima de violencia.
Asimismo, la Comisión ha encontrado otros escenarios para incidir, como en el control político. Por ejemplo, rechazaron declaraciones homófobas del exdirector de la Policía Henry Sanabria, quien en una entrevista hizo comentarios estigmatizantes sobre los uniformados homosexuales y el VIH en la institución.
Los grandes pendientes
El otro punto clave que se comprometió a tramitar en el Congreso la Comisión diversa es la ley integral trans. Este futuro proyecto de la ley integral trans no surge desde el Congreso, viene del trabajo de movimientos de base comunitaria que desde hace varios años han venido consolidando las necesidades de esta población.
De forma general, esta iniciativa buscará establecer medidas para la garantía del derecho a la identidad de género y el acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo, que históricamente han sido vulnerados para las personas con identidades de género diversas a raíz de la discriminación y el prejuicio. Fuentes cercanas al movimiento trans aseguraron a este diario que se espera que el 20 de julio, cuando empezará el nuevo período legislativo, radiquen formalmente el texto del proyecto de ley.
Ahora bien, en principio, la función de la comisión accidental es hacer seguimiento a la aplicación, desarrollo e implementación de la Política Pública Nacional LGBTIQ+ en Colombia, uno de los grandes pendientes con la población de sexo diversa. Desde hace más de una década la Corte Constitucional ordenó generar la política.
Sin embargo, hasta ahora, no ha habido avances y el tema desde el Gobierno continúa enredado. El Espectador consultó a la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI sobre el tema, y aseguró que ha solicitado al Congreso, y en especial a la Comisión, adelantar una audiencia pública con el Ministerio del Interior y Vicepresidencia para saber qué ha pasado. No obstante, todavía no se ha citado a un debate de control político sobre el tema.
Por ahora está previsto que la comisión accidental continúe su trabajo en la legislatura que comenzará en las próximas semanas. “No veo ninguna razón ni síntoma para que decaiga, al contrario, el entusiasmo crece”, comentó Lozano. En el mismo sentido, García Ríos dijo: “Entendemos que existen deudas históricas que debemos subsanar mediante un enfoque diferencial”. Es decir, el trabajo por delante todavía es enorme. Porque más allá de la importancia simbólica y de que su presencia en el Congreso sea un avance que muchos de los consultados calificaron de histórico, fueron electores LGBTIQ+, con unos problemas y expectativas, quienes los pusieron allí.