“Fueron acciones coordinadas para intimidar a medios”
Jonathan Bok, director (e) de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se refiere a los allanamientos y a otras acciones oficiales para impedir o restringir la libertad de expresión antes de las jornadas de protesta de esta semana.
Un día antes de la protesta del jueves pasado, la Policía hizo por lo menos 27 allanamientos en Bogotá y otros en el resto del país, según se dijo, para buscar armas, explosivos y otros elementos ilegales. Entre los sitios allanados estuvieron medios de comunicación alternativos, un grafitero y pequeñas oficinas de creaciones artísticas ¿Qué opina la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de esos allanamientos, algunos declarados, después, ilegales por los jueces?
Cartel Urbano lleva 15 años haciendo periodismo cultural. Las preguntas son: ¿cómo un medio cultural termina siendo objeto de un extrañísimo allanamiento, dos días antes del paro? ¿Cuál era el material de Cartel Urbano que, según la Fiscalía, incitaba a la violencia? ¿Dónde estaban las armas que estaban buscando? No encontraron nada, pese a que esculcaron durante tres horas, incluso revisando sus libros de contabilidad. En la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) no tenemos antecedentes de casos similares. La interpretación que le damos es bastante clara: se trata de acciones coordinadas para intimidar a medios de comunicación, periodistas, artistas y otros grupos similares antes del paro.
¿“Acciones coordinadas” entre quiénes?
La orden de la Fiscalía, el procedimiento policial, los allanamientos, la solicitud de eliminación de contenido en otro caso indican eso: acciones coordinadas para restringir la circulación de informaciones.
Como todo el mundo sabe, las marchas transcurrieron en calma durante casi todo el día, pero al final salieron los vándalos a alterar el orden y, en efecto, cometieron muchos desmanes el día del paro y el viernes siguiente. ¿Significa que controlar ciertas formas de expresión y allanar medios se justificaba, según el análisis de la FLIP?
No creo que, con el propósito de preservar el orden público, se deba comenzar negando o restringiendo la circulación de información, porque esto no garantiza la conservación de la tranquilidad ciudadana y, en cambio, sí se afectan principios fundamentales de la democracia. Y aquí cabe remarcar que, durante el paro, las principales agresiones contra los periodistas que lo cubrían fueron cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.
¿Periodistas agredidos por quiénes?
Sí, y para sorpresa de todos, el número de agresiones contra periodistas durante el paro es altísimo. Esto es especialmente delicado, porque en la mayoría de los casos los agresores eran policías. Para que se haga una idea, el total de periodistas agredidos en las marchas del 21 de noviembre fue superior a ataques a reporteros ocurridos en todas las marchas de 2019. Tenemos información de 22 casos durante el paro, y hemos documentado que en 18 de ellos los agresores fueron integrantes de la Fuerza Pública: hubo detenciones arbitrarias en Medellín y Bogotá; agresiones físicas en el caso del periodista independiente Andrés Bayona a quien, aunque estaba plenamente identificado y requería atención médica, la Policía lo mantuvo en detención; en otros casos, los agentes del Esmad dispararon gases lacrimógenos directamente hacia un grupo de periodistas que estaban plenamente identificados como trabajadores de El Tiempo y de CityTV. Las medidas preventivas y los compromisos que tomó la DirecciónNacional deDerechos Humanos de la propia Policía no resultaron suficientes.
Los hechos son contundentes: a las 7:30 de la mañana del martes 19, es decir, la semana pasada, 12 policías llegaron a la sede de Cartel Urbano y le dijeron a Juan David Arenas, director del medio, que el allanamiento surgía por “unas denuncias anónimas de una persona vinculada a la Universidad Pedagógica”, según las cuales en las instalaciones de Cartel podría haber material explosivo y armas relacionadas con grupos terroristas. ¡Un anónimo! Significa que un allanamiento a un medio se ordenó por lo que dijo una persona sin identificar. Es un hecho sumamente delicado, porque la información que se recopila en la profesión del periodismo tiene carácter de confidencialidad. Y la irrupción de agentes del Estado en las salas de redacción puede estar dirigida a imponer censura previa prohibida por la Carta Política y a conocer las fuentes periodísticas que gozan de reserva constitucional.
Con un posible agravante: según se ha publicado, los agentes de la Policía no encontraron nada ilegal en Cartel Urbano. Para ustedes, en este caso, ¿hubo persecución oficial?
En el allanamiento, la Policía, además de pedirles la contabilidad, también les preguntaron, directamente, por el material que habían hecho alusivo al paro. Y tampoco lo encontraron. El director Juan David Arenas ha dicho, y con toda la razón, que “esto es una acción e intimidación, de persecución y de opresión”. Y comparto plenamente esa visión.
¿La FLIP conoce la motivación de los jueces que declararon ilegales algunos de los allanamientos? Ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad han explicado cuáles fueron legales, cuáles no, ni por qué lo uno o lo otro entre las 27 requisas...
Hay que aclarar que estos allanamientos, extrañamente, no pasaron, primero, por el examen de un juez de garantías. Fue simplemente una orden de la Fiscalía basada en un anónimo, de acuerdo con lo informado oficialmente. Insisto en que el caso de Cartel Urbano no tiene precedentes en los registros históricos que tiene la FLIP sobre actuaciones contra la prensa.
En el video de Cartel Urbano hay actos que indican que las autoridades están actuando de manera autoritaria y en contra de la libre expresión, si se considera que también fueron objetivos de allanamiento varios artistas. ¿En la FLIP comparten esta interpretación?
Sí, absolutamente. Y así debemos visibilizarlo. Es claro que los agentes estaban interesados en conocer el contenido de lo que iba a publicar el medio. Los estándares interamericanos sobre libertad de expresión fijan un nivel muy alto en lo que respecta a material que se califique como incitador de violencia. En esos casos se requiere prueba actual, cierta, objetiva y contundente sobre la incitación y, ojo a esto: prueba de que tiene capacidad de promover violencia. Todo lo que no se ajuste a estos parámetros entra en el campo de la censura y significa dejar en manos de un grupo de funcionarios sin conocimientos legales ni constitucionales sobre libertad de expresión la decisión de lo que puede publicarse y lo que no.
Otro detalle también indicativo de la posible tendencia oficial a reprimir ciertas manifestaciones es el hecho de que en la sede de Cartel Urbano sus comunicadores pusieron un gran cartel, en el tejado, en forma de cerdo. Este tenía en un lado billetes y, en el otro, naranjas. Era una forma de expresar su visión de la economía naranja promocionada por el gobierno Duque. ¿Esta manifestación es suficiente para ponerse en el ojo policial?
Le respondo precisamente con la historia de dos lindos personajes: uno se llama Winnie de Pooh y, el otro, Porky. Estos dos dibujos tienen en común algo bastante particular: se encontraron con élites muy autoritarias. Winnie tuvo la desgracia de coincidir con Xi Jinping, presidente de China. Resulta que el poderoso mandatario ordenó que la película Winnie the Pooh, Chistopher Robin, no se ex
pusiera en los cines de su país. Todo se debió a la sensibilidad del presidente Xi Jinping con el oso amarillo, con cuya figura física lo comparan sus contradictores. En cuanto a Porky, la historia está más fresca. Le contesto: efectivamente, en la sede de Cartel Urbano hicieron una exposición en que invitaban a reflexionar sobre la economía naranja. En una de las obras que prepararon aparecía Porky con las naranjas en el tejado, a la vista pública. Rápidamente recibieron la solicitud de que la quitaran.
Pero, ¿por qué y quién les hizo esa solicitud? El dibujo era casi infantil...
Resulta tan ridícula esa sensibilidad a la crítica que pretenden eliminar hasta los dibujos más inofensivos. Cartel Urbano recibió la solicitud de retirarlo de unas personas que dijeron que pertenecían a “la avanzada” del presidente Duque (grupo de seguridad que llega antes de que arribe el jefe de Estado). Ese día, Duque iba a hacer la presentación de su programa de economía naranja frente a la casa de este medio, en un evento público que le habían organizado en ese barrio. Más ofensivos son quienes pretenden crear un mundo paralelo que no les moleste y quienes creen que pueden determinar lo que está bien y lo que está mal sin tener esa facultad legal ni constitucional.
El otro medio afectado esta semana por intervenciones oficiales sobre su trabajo fue la página digital “Cerosetenta”, que publicó un artículo que la Policía le pidió eliminar de su página web cuando lo denominaron “Manual de autoprotección contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”. ¿Conoció este caso? ¿Cómo lo analiza?
La Dirección de Ciberdelitos de la Policía le solicitó, de manera desproporcionada, a la revista digital que eliminara ese contenido. El “Manual de autoprotección...”, publicado por Cerosetenta, contenía recomendaciones para proteger los derechos fundamentales y la integridad física de personas que asisten a marchas, así como cifras sobre presuntas agresiones cometidas por el Esmad durante las manifestaciones. Según la solicitud de la Policía, el artículo, al hablar de esos mecanismos, supuestamente “incita el carácter violento al derecho de la manifestación”. Y, además, asegura que las cifras incluidas allí no son oficiales y que como estaban referidas a la comisión de delitos graves, “calumnian el nombre de la Policía Nacional de Colombia”.
Entiendo que el rector de la Universidad de los Andes, a la que está vinculada la revista digital, intervino y dijo que el artículo no se retiraría...
Desde la FLIP coincidimos y respaldamos plenamente los argumentos presentados por la Universidad de los Andes, de que estas exigencias tienen un ánimo de censurar y que si lo que se pretende es pedir la rectificación de su contenido, hay otros mecanismos. Quiero señalar que sí existe un vaso comunicante entre este caso y el de Cartel Urbano. Resulta que semanas atrás estos dos medios se unieron por primera vez, precisamente, para imprimir el material de recomendaciones en las manifestaciones. Días después se presentaron estos hechos arbitrarios.
Es delicado lo que usted revela porque, en efecto, parece censura. Pero, ¿qué opina de otros casos diferentes en los que sucede lo contrario, es decir, preferencias con quienes censuran contando con el poder de sus cargos públicos? Esto sucedió, en concreto, con el reciente contrato de asesoría por casi $500 millones para el exjefe de prensa de la campaña del presidente Duque, Juan Pablo Bieri, quien renunció en enero debido a que impidió la emisión de un programa cuyo contenido no era del gusto del Gobierno?
Este Gobierno no está dando las señales correctas. Hace dos semanas una asesora del presidente Duque le ordenó a un periodista que le hizo una pregunta incómoda al mandatario que borrara el material grabado con el presidente, parte del cual es la famosa frase: “¿De qué me hablas, viejo?”. El presidente no ha hecho, por lo menos no de manera pública, ninguna indicación de que pedirá investigar a la funcionaria ni tampoco ha ofrecido disculpas por esa solicitud impropia. Hace poco tres periodistas tuvieron que salir del país por amenazas reiterativas. Era necesario que el presidente rechazara la violencia contra ellos y, en general, contra los reporteros, que se ha venido acelerando. Tampoco lo hizo. Y bueno, el caso Bieri no me merece más comentario que recordar que él era el director del Sistema de Medios Públicos y que de su boca salió la frase “Matemos la producción”, hablando del programa que iba a sacar del aire. Por eso tuvo que renunciar y la Procuraduría avanza en un proceso en su contra.