42 capos con cédulas falsas
EL COLOMBIANO encontró 42 casos de jefes de la mafia en Antioquia con múltiples identidades para evadir la ley. Algunos tienen varias cédulas originales.
Alias “Mono Clinton”, el presunto jefe del Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln, se aproximó al micrófono del estrado cuando el juez 42 Penal Municipal de Medellín le pidió que se identificara. “Tengo dos cédulas. Con una me llamo Édgar Humberto Restrepo Benjumea, con el número 98.495.468; y con la otra soy Luis Fernando Restrepo Bedoya, con el 70.697.683”.
“¿Cómo así? ¿Entonces a quién me trajeron detenido?”, inquirió el juez con sorpresa, en la audiencia de garantías del pasado 2 de agosto.
El fiscal de la Dirección contra la Criminalidad Organizada tuvo que explicar que en el sistema de la Registraduría aparecía esta misma persona con dos identidades. La primera, a nombre de Édgar Restrepo, con una foto juvenil y de cabellos alborotados, fue expedida en 1984 en Bello, el municipio donde nació. La segunda, con el nombre de Luis Restrepo y un retrato en el que aparece con el pelo corto y de corbata, la expidieron en el 2000 en Santuario (Antioquia) con base en un nuevo Registro Civil, que decía que era oriundo de Itagüí.
“Las huellas dactilares de ambas cédulas son idénticas, pero cambió su edad y el nombre de sus papás”, acotó el funcionario. El propósito del supuesto insurgente era burlar a la justicia de esta manera, y cuando una patrulla policial le solicitó sus papeles en una calle del barrio Loreto de Medellín (agosto 1/19), se presentó con la segunda identidad. Para su desgracia, los detectives que le seguían el rastro ya conocían esta argucia y le habían solicitado una orden de captura para cada nombre.
Esta estrategia delincuencial, de la cual hay antecedentes desde los 80, se ha vuelto más evidente en los últimos años en Antioquia, por cuenta de la persecución contra cabecillas que cambian de identidad apenas se enteran que tienen órdenes de arresto.
Para conocer los detalles de este entramado y la manera en que se está aplicando en la región, EL COLOMBIANO analizó expedientes, archivos policiales y bases de datos judiciales en el periodo 20112019, encontrando que 42 peces gordos del crimen organizado fueron detectados con entre dos y cuatro identidades distintas (la cifra puede ser mayor por el subregistro).
De los casos conocidos, 26 son jefes de bandas del Valle de Aburrá, 13 del cartel narcotraficante Clan del Golfo, dos de la guerrilla del Eln y uno de las disidencias de las Farc.
En cuanto a la modalidad que emplearon, 19 portaban cédulas falsificadas, cinco se cambiaron el nombre en notarías o registradurías, cuatro tenían cédulas originales con distintos nombres, cuatro obtuvieron pasaportes e identidades extranjeras fraudulentas, tres lograron alterar su plantilla en la Registraduría, dos suplantaron a familiares, dos usurparon los papeles de un difunto, dos andaban con documentos robados y uno más fue declarado muerto sin estarlo.
Para tramitar las nuevas identificaciones, los implicados recurrieron a despachos por fuera de Medellín, prefiriendo los ubicados en la subregión de Urabá, el Oriente y Occidente antioqueños, Magdalena Medio, otros municipios del Aburrá, Bogotá y los departamentos de Córdoba, Sucre y Risaralda.
“Los delincuentes modifican su identidad cuando se enteran que tienen orden de captura, porque han sido visualizados en carteles o por información que ven en los medios de comunicación cuando las autoridades hacen pública la necesidad de su captura”, dice Claudia Carrasquilla, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Ciudadana.
Y añade que varios perseguidos “usan cédulas originales obtenidas de registradurías donde hay funcionarios corruptos que se las otorgan. También emplean documentos fabricados en imprentas que se dedican a falsificarlos”.
En algunas interceptaciones telefónicas, los investigadores han conocido que algunos cabecillas han llegado a pagar hasta $200 millones por un paquete que consta de cédula, pasaporte y pase de conducir originales.
Alfredo Posada, registrador delegado para el Registro Civil y la Identificación, reconoce que “en Antioquia en los últimos tres años se han dado investigaciones internas de la Registraduría que han conducido a la sanción o destitución de 20 funcionarios que han incurrido en estas prácticas” (ver el recuadro).
Muchos nombres para uno
Uno de los rompecabezas más complejos que han tenido que armar los investigadores es el de alias “el Montañero”, presunto fundador de la banda “el Mesa” de Bello.
Nació en 1971 como Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, con CC 8.472.351 de San Jerónimo; en el 2000 se cambió el nombre por Gustavo Adolfo Pérez Peña (CC 70.697.634); y cuando lo capturaron en 2003, se llamaba Juan Camilo Hernández Berrío (CC 98.512.935), con las mismas impresiones dactilares que en la denominación anterior.
Con cada identidad adquirió una cédula original y sendas condenas por crímenes diferentes. Salió en libertad condicional en 2013 y fue recapturado el pasado 26 de octubre en una finca de Aranzazu, Caldas, donde se presentó con un documento falso expedido en 1989, a nombre de Francisco Javier Quiceno Betancur (CC 98.582.785 de Bello).
Otros de los cabecillas del Valle de Aburrá más involucrados en este mimetismo son Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”), de la estructura “Picacho”, y John Ricardo Palacio Adarve (“Rayo” o “Richard”), de “la Terraza”, ambos con tres identificaciones.
En el caso de “Soto”, la primera y la segunda cédula, aunque con nombres distintos, compartían las mismas huellas. “Rayo” empezó los renombramientos al ser incluido en la Lista Clinton en 2007, obteniendo en el sistema de identificación tres cupos con distintas denominaciones.
Respecto al Clan del Golfo, a Luis Orlando Padierna Peña (“Inglaterra”), integrante de la cúpula del grupo, las autoridades le seguían la pista con cuatro motes. Nació en Carepa y su primera cédula fue expedida en Rionegro en 1997 (CC 15.441.176).
En un allanamiento en Carepa le encontraron otra en la que aparecía como Rodrigo Regino Mestra (CC 71.945.459 de Apartadó); y en un registro a otra casa en Cúcuta, una más bajo la fachada de Carlos Augusto Quintero Espinel (CC 98.717.183 de Bello).
Según fuentes judiciales, usó otro documento a nombre de “Juan David”, para hacerse una liposucción en una clínica de Medellín. Su táctica evasiva fracasó en 2018, cuando murió en un operativo de la Fuerza Pública.
Dentro de esa organización ilegal, tres familiares sobresalen no solo por su parti
“El alcalde Federico Gutiérrez envió una carta al registrador nacional y entendemos que desde Bogotá investigan esta práctica sistemática”. ANDRÉS TOBÓN VILLADA Secretario de Seguridad de Medellín
“El aliado contra este delito es la tecnología, y en especial el avance en el reconocimiento facial que ya llegó”. ALFREDO POSADA VIANA Registrador delegado para Identificación
“Hay investigaciones contra funcionarios de registradurías que participan en la falsificación de la identidad de estos cabecillas”. CLAUDIA CARRASQUILLA MINAMI Fiscal Delegada de Seguridad Ciudadana
cipación en el narcotráfico transnacional, sino por las tretas para alterar su filiación.
Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), nacido en Tierralta, Córdoba, se cambió el nombre en 2013 en una notaría, y quedó Juan Carlos Úsuga Torres, conservando todos los datos de la cédula anterior, incluyendo el número, fecha y lugar de expedición.
Cuando fue detenido ese año con fines de extradición, el abogado alegó ante la Corte Suprema que su cliente no era el solicitado por EE.UU; la Fiscalía demostró lo contrario.
Su hermano menor Derley Úsuga Torres (“Reseco”) aplicó un procedimiento similar y con una escritura pública en una notaría de Tierralta se convirtió en Juan Pablo Úsuga Torres. Tampoco le funcionó cuando fue apresado el anterior enero por concierto para delinquir agravado.
El primo Alexánder Montoya Úsuga (“Flaco Úsuga”), con CC 71.216.560, obtuvo dos cédulas: Gabriel Giraldo Gómez (CC 71.787.959) y Andrés Monsalve Arboleda (CC 71.229.595).
Con ellas tramitó un par de pasaportes en 2012, con las identidades de esas otras personas, pero con su propia foto. Un funcionario de la Cancillería, que fue capturado en ese entonces, suprimió las huellas digitales del sistema.
El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, opina que en la trama de corrupción “hay participación de funcionarios notariales que certifican que una persona no existe con un nombre en la base de datos porque extravió los documentos, pero usan escrituras para demostrar que existe con otro nombre, y por tanto obligan a la Registraduría a expedir lo necesario” para el cambio.
Los trucos empleados
El método más simple para canjear los datos personales es la manipulación física del documento, sin necesidad de alterar la plantilla en el software oficial.
Agentes del CTI, consultados por este diario, señalaron que en el centro de Medellín hay un mercado negro de litografías que prestan ese servicio ilegal. “Los interesados contactan a un enlace, por lo general en inmediaciones del pasaje La Bastilla y del paseo Calibío. Esa persona les recibe las fotos y huellas y en ocho días les entrega una cédula o pase de conducción. Los precios oscilan entre $400.000 y un millón de pesos”.
Para la adulteración del plástico cambian dígitos con inyección de tinta y superponen imágenes con reproducciones fotostáticas. Estas características fueron halladas en peritazgos a las cédulas chiviadas de Fernando Rivera Rojas (“Nano”), líder del combo “la Oficina de la 30”; y Roberto Osten Mestra (“Navarro”), cabecilla del Clan en Bajo Cauca.
Algunas modalidades implican el derramamiento de sangre, como en el caso de Carlos Arturo Rincón Correa (“don Daniel”), con CC 71.192.075 de Puerto Berrío, el coordinador del Clan en el Valle de Aburrá.
Según la Fiscalía, al parecer ordenó la muerte de su cuñado Hadminson Andrés Gutiérrez (“Cancharina”) en 2014 y usurpó los datos de su cédula CC 71.191.975, también de Puerto Berrío. Como se ve, la numeración es muy similar (solo cambian dos dígitos).
En consecuencia, y al parecer con el auspicio de servidores públicos, en la base de datos de la Registraduría había dos cédulas con la misma foto de “don Daniel”, pero con algunos datos distintos (el número y fecha de nacimiento).
La adulteración se da por igual en documentos extranjeros, para delincuentes con negocios transnacionales. Julián Jiménez Monsalve (“Julián Machete”), del combo “el Coco” de Medellín, fue capturado en enero de 2019 en República Dominicana, donde usaba una cédula venezolana a nombre de David José Mateo ( CC 402-4095330-3).
Con ella obtuvo pasaporte, licencia de conducción, se nacionalizó dominicano y creó en ese país la empresa fachada Ganado Tegnomateo.
Usando cédula venezolana con nombre distinto también fueron detenidos en 2011 en el exterior Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”) y Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), patrocinadores de la banda “la Oficina”.
A Jhon Freddy Manco Torres (“el Indio), narco del Clan, lo sorprendieron en 2013 en Brasil con un pasaporte falso de la Unión Europea, en el que le figuraba una nacionalización española fraudulenta.
Su primo y socio Camilo Torres Martínez (“Fritanga”), quien usaba tres identidades, aplicó un método más extremo: en 2010 logró que la Registraduría y la Notaría 17 de Bogotá lo declararan muerto y dieran de baja su cédula del sistema; después de eso viajó por el mundo con dos pasaportes distintos, aunque con su mismo rostro.
Asumir estos cambios a veces implica transformaciones físicas y de vestuario. Jesús Hernández Grisales (“Chaparro”), de la banda “la Milagrosa”, andaba con dos cédulas ficticias y trató de llevar la trampa a otro nivel, cuando se modificó los pulpejos de los dedos (huellas digitales) y pagó una cirugía plástica de cara. La Policía lo atrapó en 2011 y hoy purga una sentencia de 45 años por desaparición forzada, a pesar de sus intentos por ser otro