Estado pagaría por obras sin terminar
Aunque MinTransporte dice que avanza en un acuerdo de pago, Odebrecht asegura que no fue convocado.
Situación del proyecto de la Ruta del Sol 2 alimenta debate sobre el pago que Colombia debería hacer a los bancos. Informe.
En los últimos tres años, el Gobierno Nacional le ha pagado a la concesión Ruta del Sol cerca de 1,6 billones de pesos por las obras que ejecutó desde 2010 hasta mediados de 2015. A pesar de esto, y según lo reveló la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aún se le deben a siete bancos 1,2 billones de pesos. El anuncio lo hizo justo cuando la Superintendencia de Transporte notificó la liquidación del consorcio Ruta del Sol 2, conformado, en mayor proporción, por Odebrecht y Episol (Grupo Aval)
Para entender lo que pasa hay que hacer memoria. La Ruta del Sol 2 (va entre Puerto Salgar y San Roque en el Cesar) hace parte de los proyectos de Tercera Generación de concesiones, cuya acta de inicio se oficializó en 2010 por un valor inicial de 2,4 billones de pesos. En 2014 se firmó el otrosí de la vía Ocaña- Gamarra por cerca de 800 mil millones de pesos. Esto quiere decir que esta carretera de 528 kilómetros terminó valiendo cerca de 3,2 billones.
Tras el escándalo de Odebrecht, el Instituto Nacional de Vías, Invías, asumió en octubre de 2017 la operación de la carretera y adjudicó contratos por 338 mil millones para garantizar su mantenimiento. Es decir, que en menos de una década esta vía ha tenido una inversión cercana a los 3,5 billones de pesos y su ejecución solo alcanza el 50 %.
Así está la vía
Es más, en un recorrido que realizó EL COLOMBIANO la semana pasada pudo constatar no solo que hay puentes que están a la mitad (ver foto), obra nueva que está en medio de la maleza o sin utilizar y hay baches en pavimentos que no tienen más de 5 años.
Esto es básicamente lo que alarmó al contralor, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien –una vez escuchó a la ministra Orozco– indicó que si no se han hecho las obras, entrará a “evaluar si estas acciones (la liquidación) van de acuerdo a resguardar el recurso público de los colombianos”, dijo. Esto, en otras palabras y parafraseando al contralor, es que su inquietud radica en que el Estado pagará por unas obras de las que no se tiene certeza su estado actual.
Manfry Parra, representante de la Asociación de Camioneros de Colombia, señaló que a esta carretera, desde que la tomó Invías, se le han hecho un par de mantenimientos, “este tramo carece en este momento de ambulancia, de todos los servicios de taller. Cuando se fue Odebrecht recogieron todo. Desde noviembre del año pasado se han muerto cuatro transportadores en la vía porque las ambulancias se demoran hasta dos y horas y media para llegar. Mire, lo que no se ha entregado, ya está deteriorado y dañado. La capa asfáltica que le pusieron a eso ya se dañó, ya está deteriorada, todo lo que ellos hicieron ya está mal”.
Frente a esta controversia, Odebrecht emitió un comunicado en el que señaló que la deuda que tiene es, precisamente, para la construcción de más de 300 kilómetros de vías nuevas y la rehabilitación de más de 200 kilómetros de vías existentes, “que se encuentran en operación y al servicio de la sociedad colombiana, sin retrasos o incumplimientos contractuales”.
Nancio Galván, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, indicó que las obras que entregó la concesión se realizaron de manera adecuada. “Nosotros no podemos negar eso, a pesar de los problemas de corrupción, en el tema técnico las cosas se hicieron
bien. Todo se hizo con un alto nivel de ingeniería. Sin embargo, a estas alturas la obra tendría que estar terminada, tendríamos que estarla usando. Tiene la región, paralizada. Insisto, no tenemos ninguna preocupación desde el tema técnico, es más, hay tramos que ya se están usando”.
Debate contractual
La ministra de Transporte Ángela María Orozco, confirmó que esa cartera, junto con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adelantan “un proceso de revisión de un posible acuerdo conciliatorio que sea favorable a las finanzas del Estado, priorizando el pago a terceros de buena fe” (es decir, los bancos).
De acuerdo con la ministra, para la construcción de dicho acuerdo “se están desarrollando mesas de trabajo que a
la fecha no se han cerrado por discrepancias en relación con las condiciones del pago” y se espera que el documento esté listo antes del próximo 6 de agosto, fecha en que se espera que el Tribunal de Arbitramento que estudia el caso emita el fallo.
Pero la versión de Odebrecht es otra. La empresa señaló que “ni la concesionaria ni Odebrecht han participado en ninguna agenda de conciliación con la participación de los bancos financiadores ni con el Estado” y que “consideramos que el pago del financiamiento de las obras debidamente ejecutadas debe realizarse con el valor de liquidación del contrato, que debería ser determinado a partir de los peritajes practicados en el ámbito del tribunal, para evitar un enriquecimiento sin causa por parte del Estado colombiano”.
En términos más simples, el magíster en Derecho Público y experto en contratación, Ernesto Matallana, explicó que cuando el Estado quiso desarrollar la infraestructura vial que el conflicto armado retrasó durante al menos 50 años, “buscó un modelo en el
que el sector privado, en armonía con unos constructores, se encargara de la operación de varios componentes”.
Para el experto, haciendo a un lado los problemas de corrupción, la concesionaria “invirtió el dinero que prestó con los bancos en puentes, viaductos y otras obras, pero el contrato se liquidó antes de que se terminara la construcción. Odebrecht había asumido una explotación económica con la que esperaba recuperar el dinero en un plazo de 30 años, por ejemplo, mediante el cobro de peajes, pero eso no va a ocurrir y alguien tiene que pagarle a los bancos”.
Matallana concluyó que si el Estado paga hoy la deuda, “se queda con la carretera y al explotarla, también se queda con el dinero, que es lo que está ocurriendo actualmente con todas las obras que está haciendo el Invías”