PARAPOLÍTICOS DEBEN
$115 MIL MILLONES HAN PAGADO $40 MILLONES
El pago de las multas de los políticos que han sido condenados desde 2006 por sus vínculos con los paramilitares es solo el 0,03 % de la deuda total. Todavía faltan más de $114 mil millones para cumplir con la indemnización. ¿Cómo se afectan las finanzas del Estado y la reparación de las 8,3 millones de víctimas?
De los más de 115 mil millones de pesos que los parapolíticos le deben al Estado por concepto de multas para reparar a las víctimas del conflicto armado, hasta el momento han pagado solo 40 millones, según las estadísticas del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Las cifras, de tamaño microscópico, hablan de un porcentaje de recuperación de dinero de un 0,03% de la cartera morosa de aquellos condenados entre el 2006 y el 2013 por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con grupos de autodefensa, y el 0,002% del total de lo que le deben al Fondo.
Esta lista en rojo se concentra en 37 sentencias que están en firme contra el mismo número de políticos a los que la justicia les comprobó sus nexos con grupos de autodefensa para escalar en cargos políticos de elección popular (ver infográficos).
Para justificar esas cuentas, algunos condenados por vínculos paramilitares como el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, conocido nacionalmente por ser el policía que le dio el tiro de gracia a Pablo Escobar, argumentó falta de recursos, y pactó un pago de 500 mil pesos mensuales con los que saldaría la multa en 1.056 años, impuesta por la Corte Suprema de Justicia, que asciende a los 6.337 millones de pesos.
Nombramos el caso del coronel (r) Aguilar porque semanas atrás fue protagonista de una polémica por unas fotos reveladas por la periodista Diana Saray Giraldo, subdirectora del diario Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, en las que se veía en un vehículo Porsche de lujo, valorado en más de 350 millones de pesos, que según declaración de importación obtenida por el periodista Daniel Coronell, estuvo a su nom- bre pero ahora aparece como propiedad de otra persona.
En otro caso como el excongresista Odín Sánchez, secuestrado y recién liberado por el Eln, admitió también que no había pagado un peso de los 5.880 millones de pesos que le puso de multa la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los paramilitares; argumenta que no tiene la plata para pagar.
¿Quién comprueba el verdadero estado financiero de estas personas? Aunque la encargada es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cantidad de deudores hace que esta tarea sea titánica, y por ello, se ha delegado a otras entidades la tarea de cobrar las cuentas vencidas en el país.
Cuando hablamos de víctimas del conflicto armado, el encargado de recoger esos recursos es el Fondo para la Reparación de las Víctimas, una entidad que nació con la Ley de Víctimas en 2011 y tiene como fin administrar y disponer de los recursos que tienen que terminar en los bolsillos de los afectados por el conflicto armado.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora del Fondo, Clemencia Melo, admitió que existen serias dificultades para estos cobros: “Es una cartera de muy difícil recaudo y no se tienen muchas expectativas. La Unidad lleva muchos años en esto y ya hay un convenio con una empresa que hace el cobro del Estado”.
La funcionaria agrega que existen “limbos” en esta parte de la legislación de Justicia y Paz “que no dice desde cuándo debemos empezar a pagar”.
Nada más el último Boletín de Deudores Morosos del Estado, que data de noviembre de 2016, informa que a la Unidad de Víctimas le deben plata más de 3.690 personas para un total 4,4 billones de pesos (Ver infográfico).
La inmensidad de este pano- rama genera una zona gris sobre la cual se pueden llegar a acuerdos de pago como el de Aguilar. “Ellos pueden hacer el acuerdo que deseen. No hay medida que les impida acordar los pagos que quieran”, recalcó Melo.
Aunque el de Aguilar saltó a la luz por su Porsche, existen otros casos de cobros mínimos a multas astronómicas.
En 2012, Salomón Náder fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por haberse asociado con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodesensas para llegar al Congreso en 2002. De los más de 3.600 millones de pesos con los que fue multado, en cinco años ha pagado solo 102.000 pesos.
Lo mismo hizo, según juzgó el alto tribunal, Jorge Luis Caballero Caballero con el Bloque Norte para llegar a la Cámara en 2002. De los más de 2.400 millones de pesos que debe pagar, solo ha puesto 125.000.
Un hueco que se ahonda
Es un asunto de matemática básica, las multas son pensadas para cumplir con el deber de reparar a las víctimas y por tanto, el dinero que no se pague abre un hueco que debe taparse con otros recursos con los que disponga el Presupuesto de la Nación.
Es una omisión de pago que impide que las órdenes de indemnización se cumplan y por tanto, la cantidad de víctimas reparadas será menor a las planeadas.
Este asunto evidencia otra carga más al pesado panorama financiero que significa para un país de renta media como Colombia la reparación de 8,3 millones de víctimas del conflicto armado, que es la meta de la Ley de Víctimas.
Según palabras del presidente, Juan Manuel Santos, en 2013, el costo total de la reparación para el Estado llegó a los 54 billones de pesos distribuidos hasta el 2023.
Para el experto en temas de justicia transicional Daniel Marín, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, está dentro de lo esperado que el Estado colombiano se quede sin plata, porque no hay precedentes en la cantidad de víctimas que pretende reparar.
“A diferencia de todos los países que han tenido experiencia de justicia transicio- nal, como en África, Colombia no es un Estado colapsado, sino un país de renta media, con algo más de dinero. Entonces las peticiones de reparación son mayores”, dijo.
El tema ya lo ha tocado el director de la Unidad de Reparación a las Víctimas, URV, Alan Jara, quien ha admitido que la “dimensión” de la reparación “sobrepasó” las cifras previstas, pues calcula que el monto de dinero que será re-
querido por las indemnizaciones será “más del doble de lo previsto”, lo que implica el doble del esfuerzo estatal.
La solución, por ahora, será buscar recursos de comunidad internacional y del presupuesto interno, además de apremiar por los bienes de los victimarios, insistió el exgobernador del Meta.
De la práctica a lo teórico
A poco más de nueve meses de haber llegado a su cargo, Jara sostiene que ha resultado complicado llevar a la práctica lo que quedó escrito en la ley para indemnizar a víctimas.
“Al Fondo de Reparaciones han llegado bienes que todavía no tienen extinción de dominio y se convierten en una car- ga administrarlos. Además, han llegado sentencias con multas que no se han podido hacer efectivas”, reconoció Jara, quien a su vez es víctima del secuestro por las Farc.
En su consideración, el mecanismo no está ajustado para “aterrizar” lo que quedó en el papel y permitir que los bienes entregados se moneticen mediante venta o arriendo y los que tengan vocación reparadora, se entreguen.
Pronto vendrá otro nudo más en esta trama: la reparación de víctimas de las Farc, cuyos jueces de la República han impuesto el pago de 827.299 millones de pesos a las víctimas, como reposa en informes de la Unidad de Víctimas. No obstante, Jara se muestra con-
fiado de que las lecciones que les ha dejado los siete años de aplicación de la Ley de Víctimas sirvan para no empezar de cero.
“Este es buen tiempo de hacer un ajuste en el Fondo para la Reparación de las Víctimas, para que se fortalezca con esos nuevos recursos, sumados a los aportes de la comunidad internacional más lo que destine el presupuesto nacional”, concluyó el funcionario.
Sin embargo, en un país como Colombia, en el que existen poblaciones hasta con el 90% de habitantes en condición de víctimas, y con uno de cada seis colombianos haciendo parte del listado de afectados por el conflicto armado, según datos de la URV, hay una necesidad apremiante de mejorar y agilizar en la labor de reparación.
Ojo a las diferencias
Para entender cómo funciona el sistema, primero hay que contar que existen diferencias entre las deudas de los parapolíticos y las que tienen los paramilitares desmovilizados en 2006, así ambos tengan como origen la influencia armada sobre la población.
Para los paras funciona un cobro más frontal. Dependiendo del postulado, sus bienes y delitos cometidos, se le cancela a sus víctimas directas. Es decir que un jefe que actuó en Antioquia, por ejemplo, pagará con sus recursos a las víctimas que dejó en este mismo departamento.
Como en los casos de los comandantes paramilitares se agrupan tantos afectados, la Unidad debe esperar a que el Consejo de Estado diga cuándo deben terminar el proceso de registrar todas sus víctimas para así poder repartir el total de los recursos.
En los casos de parapolíticos, la Directora del Fondo explicó que los recursos que entregan llegan a una bolsa general dentro del Presupuesto
de la Nación, desde donde se pagan todas las indemnizaciones de la Ley de Justicia y Paz.
Así lo establece la Ley 1448 de Víctimas y restitución de Tierras, cuyo artículo 177a señala que se constituirá un fondo para los afectados (ver recuadro 1). Ese dinero, que termina en el erario público, se distribuye entre las víctimas que demuestran su derecho a la indemnización, sin que pertenezcan a un grupo social o demográfico específico.
Marín, investigador de Dejusticia, agregó que aunque no tengan víctimas por acción directa, los parapolíticos “tienen que entrar al proceso con los grupos armados, porque ellos fueron el trasfondo del conflicto y lo mismo se tiene que aplicar proximamente con las Farc”.
Además, advirtió que en Colombia la mayoría de indemnizaciones las sustenta el bolsillo del Estado. “Las deudas de los parapolíticos se demoran porque las define la justicia ordinaria. Ellos no se acogieron a la desmovilización como los paramilitares”.
A su vez, desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, su presidente Camilo González Posso consideró que el Estado ha sido muy pasivo con estas condenas, “en un país como Colombia, en el que ha habido una tradición de testaferrato y ocultamiento de recursos, ha hecho falta mejorar el seguimiento después de los juicios”.
En ese sentido, se revictimiza cuando se ven casos de enriquecimiento ilícito por parte de los parapolíticos, consideró González Posso