Comisión de Seguridad del Senado aprueba que UAF acceda a secreto bancario sin requerir autorización del Poder Judicial

El texto fue aprobado con los votos a favor de lo senadores Iván Flores (DC), Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), y las abstenciones de José Miguel Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).

Con tres votos a favor y dos abstenciones, la tarde de este lunes la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó la indicación que permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir el levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pasar por un tribunal.

Esta es una de los proyectos de ley donde se discute el levantamiento del secreto bancario, y que ha generado polémica en el mundo político. La votación de esta indicación en particular, se da en medio de la discusión que crea el subsistema de inteligencia económica, y que otorga de mayores atribuciones a la UAF y al servicio de Aduanas.

Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “la UAF puede actualmente solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un juez de la Corte de Apelaciones cuando tome conocimiento de una operación sospechosa reportada previamente por uno de los organismos obligados a reportar, siempre que sea necesaria para poder completar el análisis de la información. En la práctica se transforma una traba para la UAF, puesto que implica que, mientras se tramite el procedimiento, se produce la suspensión de las actividades de inteligencia de este organismo”.

Así, apuntó a que la normativa propuesta es “que un organismo administrativo pueda requerir información bancaria a través de un proceso rápido para ejercer sus acciones de fiscalización”, por lo que se propone eliminar el requisito judicial y reemplazarlo por uno administrativo “sometido a distintos controles para resguardar su correcto ejercicio”. Ello implica como requisito, que se trate de una operación sospechosa previamente reportada o detectada por la UAF.

Por su parte, el director de la UAF, Carlos Pavez, subrayó la necesidad de avanzar en esta materia aludiendo a que actualmente el crimen organizado consta de un conjunto de operaciones financieras que forman parte de una estructura delictiva, en muchos casos con alcance internacional, por lo que “nosotros estamos permanentemente intercambiando información con nuestros pares a nivel internacional, todos los cuales formamos parte de una red. Y como suele suceder, en este tipo de convenios de intercambio de información y colaboración, opera bajo el principio de reciprocidad, cuando no tenemos la capacidad de entregar información oportuna antes los requerimientos de nuestras contrapartes, tampoco estamos en capacidad de poder recibir esa información oportunamente. Recalco este concepto de oportunidad, porque es a lo que apunta esta modificación”.

Sin embargo, a continuación el senador Manuel José Ossandón (RN) tomó la palabra para solicitar postergar la votación. Y es que, a su juicio, la iniciativa no cuenta con todos los resguardos para garantizar el resguardo de la información a la que acceda la UAF, y pidió datos de cuánto se demora la Corte en dar acceso a la UAF a los datos, y cuántas veces el organismo lo ha solicitado. La respuesta de Pavez reforzó la postura de Ossandón: “A diferencia de otros procesos, la respuesta que nos otorga a nosotros le ministro de la Corte de Apelaciones son muy rápidas”, dijo Pavez, y agregó que “no hacemos todas las consultas que debiéramos hacer para avanzar en los procesos de inteligencia y aportar en las investigaciones penales”.

Tras una discusión sobre el punto de la seguridad, Marcel retomó la palabra para repasar las sanciones ya aprobadas en la comisión para quienes cometan una infracción al hacer mal uso de la información bancaria, y agregó que

“la pregunta relevante no es cuántas veces se solicita autorización por parte de la UAF, sino cuántas veces más se accedería a la información bancaria si estuviera en operación el mecanismo propuesto”.

Así, el texto fue aprobado con los votos a favor de los senadores Iván Flores (DC), Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), y las abstenciones de José Miguel Durana (UDI) y Manuel José Ossandón (RN).

Para el día 23 de julio se espera que la Comisión de Seguridad pública despache el proyecto de ley para continuar su trámite en la Sala del Senado.P

Finalmente este lunes a las 13.00 horas realizó su última sesión la mesa técnica por la reforma previsional que formó el gobierno y los senadores que componen la Comisión de Trabajo del Senado. Los expertos lograron terminar de hacer un informe que fue enviado durante la tarde de este lunes a los senadores que integran dicha instancia, donde si bien no hay acuerdo en todos los temas, si hubo varios puntos de encuentro.

El mayor nudo que ha habido al discutir reformas previsionales, ha sido la distribución de la cotización adicional, y esta vez no fue la excepción. Precisamente en ese punto no hubo consenso entre los técnicos, por lo que en ese tema los expertos prefirieron plantar distintas opciones para que decida el mundo político cuál es el mejor camino a seguir, sin dar una postura única.

Pero la distribución del 6% de cotización adicional no fue el único tema donde no habría existido consenso, y en esos casos donde no hubo una posición unánime, se resolvió de la misma manera: dar opciones, y no una única postura. Asimismo, en muchos casos se establecieron acuerdos generales, pero no hubo un análisis en profundidad sobre los detalles de cada propuesta, por lo que el mecanismo específico para abordar distintos temas, como la licitación del stock de afiliados, entre otros temas, tendrán que verse en el Congreso.

Dentro de la distribución del 6% de cotización adicional, el mayor nudo para el gobierno y la oposición es de qué manera se suben las pensiones a los actuales jubilados, algo que el gobierno hasta ahora ha dicho públicamente que debe hacerse mediante cotizaciones, pero que a juicio de Chile Vamos debe ser hecho mediante impuestos generales. Acá una de las ideas que se habrían planteado es que se entregue una especie de bono a los jubilados, pero que no implique deuda para el Estado.

Antes de que los técnicos tuvieran su última reunión, durante la mañana de este lunes, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien también es integrante de la Comisión de Trabajo, adelantó algunas ideas que se han conversado.

En radio Pauta, el senador comentó que a muchos pensionados la reforma del gobierno le daba $3 mil o $7 mil de pensión, para quienes cotizaron pocos años en el sistema, lo que habría sido mal recibido por los jubilados actuales. Por lo tanto, dijo que se afinó la puntería respecto de a quiénes se quiere ayudar: mujeres y quienes hayan cumplido con cierta densidad de cotización mínima.

“El factor tiempo (mínimo de años cotizados) tiene que existir de todas maneras, puede haber diferencia entre hombres y mujeres, pero así como que haya un mínimo, que debiera estar de 10 años para arriba, y por lo tanto, que la ayuda mínima que se va a recibir en este caso para esas personas son 1 UF mensual durante lo que le quede de vida, ya estamos hablando de cerca de $40 mil, que ya empieza a ser una ayuda que empieza a sonar a algo. Y por supuesto, con un máximo, se ha discutido si es que esto debe plantear alguna diferenciación entre hombres y mujeres, etcétera”; dijo Galilea.

Señaló que esto apunta a los segmentos medios y medios altos de la población, esto es, al cuarto y quinto quintil, ya que quienes no cotizaron, están cubiertos por la Pensión Garantizada Universal (PGU). Respecto de si están cerca de un acuerdo, como ha anunciado por estos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el senador Galilea comentó: “Creo que se han abierto en las conversaciones, efectivamente algunas vías en las que se puede construir un acuerdo, que es bastante interesante”.

Pero no se quiso referir a los detalles, “porque es un tema delicado y que requiere ciertos pronunciamientos y estudios por parte del Ministerio de Hacienda, de la Dipres en particular, y están justamente haciendo varias simulaciones de qué ocurre en un caso, en otro caso, para efectivamente nosotros poder tomar finalmente una decisión. Pero creo que desde el punto de vista conceptual, ya estamos bastante cerca de poder construir algo”.

Ahora que terminó la mesa técnica, la ministra Jara dio a entender en un comunicado que el gobierno ya no tiene el mismo apuro para votar, aunque sigue siendo una prioridad. “En esta nueva etapa, corresponde tener un diálogo político con los senadores de oficialismo y de oposición que integran la Comisión de Trabajo del Senado, para sacar adelante la reforma previsional, con miras a su votación en general en las próximas semanas”, señaló. La próxima semana es distrital, por lo que si es que se llega a votar el proyecto este mes, ya sería hacia fines de julio.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que “valoramos el trabajo que hizo la comisión técnica, completando su cometido en plazos compatibles con la urgencia que tiene la reforma previsional. Ahora toca avanzar en llenar las áreas en las que la comisión técnica no logró acuerdos o donde estos requieren una traducción o adaptación para resguardar la consistencia del conjunto. Vemos la reforma previsional más cerca de lograr acuerdos”.

Por otro lado, la ministra Jara este lunes por la mañana también se mostró más dispuesta a conversar con la oposición antes de votar la idea de legislar, tema que había generado tensión con Chile Vamos la semana pasada. Antes de la reunión final de los expertos, Jara señaló: “Los técnicos están definiendo los últimos detalles del acuerdo parcial al que se llegó el jueves de la semana pasada. Posterior a eso, más que votar, vamos a tener una serie de conversaciones políticas que nos permitan poder seguir avanzando, dado que es una buena noticia aunque sea parcialmente tener un acuerdo en pensiones”.

Consultada sobre cuándo se podría votar el proyecto, dijo: “Lo vamos a votar lo antes posible. Hemos solicitado muchas veces votar esto. Vemos que hoy día hay una disposición más positiva de parte de la oposición, nosotros también como oficialismo hemos flexibilizado en esta materia (...) Parecería razonable que esto se pudiera resolver la última semana de julio, pero es algo en lo que estamos precisamente conversando. Por lo tanto, más que apurar en este minuto, dado que ha habido una muestra y un avance importante, creo que lo importante es seguir dialogando”.

La comisión técnica estuvo integrada por Paula Benavides, María José Zaldívar, Cecilia Cifuentes, Hermes Gutiérrez, Soledad Hormazábal y Juan Pablo Letelier. Además, contó con la coordinación del asesor del Ministerio del Trabajo, Cristóbal Huneeus, en colaboración con técnicos del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y la Superintendencia de Pensiones.P