Fomentando la autotutela

PUNTO DE VISTA

Se ha aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “que dispone la suspensión, por el período que indica, de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que vive el país”.

Nadie, ni siquiera el Estado de Chile, podrá exigir que sus deudores le paguen. Habría sido mejor derechamente elevar a rango legal la letra del tango “hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador”. Para nuestros legisladores cumplidor e incumplidor, honrado y deshonrado son sinónimos.

No cabe duda que se trata de una iniciativa manifiestamente inconstitucional; que afecta, al menos, el derecho de propiedad, el debido proceso y concretamente la jurisdicción de los tribunales que no podrán “hacer ejecutar lo juzgado”, como dispone la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales. La cuestión es simple: ¿de qué sirve un contrato si es que no puedo exigir su cumplimiento o si no puedo cobrar al deudor que no me paga?

La demagogia se inspira en la sensibilidad, la emoción y pancartas de galería. ¿No saben nuestros legisladores que muchas personas, ancianos en su mayoría, al final de su vida dependen, como único ingreso, de una renta de arrendamiento?; ¿no saben que los bancos prestan la plata de sus ahorrantes y que si no pueden cobrar a sus deudores el sistema financiero colapsa?; ¿no se percatan que con esta iniciativa se paraliza el tráfico comercial? Si no puedo exigir mis derechos prefiero no contratar. Nadie querrá arrendar su casa ni prestar dinero a otro.

¡Qué fácil resulta legislar con el dinero de los demás! Pero esto no es gratis, en algún minuto el elástico se corta.

El artículo 76 de la Constitución establece que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes”, este proyecto de ley precisamente hace eso. Se dirá que no es así porque se trata de una ley general, pero el caso es que incluso se entromete en procesos en actual tramitación.

En el pasado reciente, el Poder Ejecutivo se negó a proporcionar fuerza pública para ejecutar las sentencias que no eran de su agrado; por ello, el mismo artículo 76 señala que “la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar”, se creyó que esto era suficiente para evitar que los tribunales perdieran su facultad de imperio, pero nuestros legisladores han resultado mucho más creativos. ¿Qué vendrá después?

Algunos claman por una Reforma que modernice nuestros procedimientos judiciales civiles; se dice que no estamos a la altura de la Ocde; pero ahora, en lugar de avanzar, retrocedemos a la edad de piedra, donde lo que se impone es la ley del más fuerte. Efectivamente, en una sociedad organizada el Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir las resoluciones judiciales, sin embargo, cuando el propio Estado se priva de ella, la consecuencia es que se producirán situaciones, generalmente violentas, de autotutela entre particulares que toman la Justicia de propia mano.

¿Creerán nuestros legisladores que si una persona desesperada por cobrar lo que se le adeuda no encuentra respaldo en el estado de Derecho va a quedarse sentada viendo cómo su deudor le saca la lengua, o el arrendatario subarrienda la propiedad y, además, no le paga?

Socio Cariola Diez Pérez Cotapos, consejero del Colegio de Abogados y profesor Universidad de los Andes