Nicolás Zevallos Criminólogo peruano, sobre la crisis de seguridad: “El fenómeno es regional... Un sicario mata en Santiago y al día siguiente está en Perú”
El fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y ex viceministro de Seguridad Pública de Perú, Nicolás Zevallos, asegura que el problema del crimen organizado debe mirarse como un tema regional -e incluso global- y que los mecanismos de cooperación entre países deben ser más dinámicos. Y aunque el escenario se vea oscuro, aún se está a tiempo de tomar acciones, afirma.
Dieciséis asesinatos con armas de fuego en sólo cuatro días. Ese fue -hasta ahora- el balance de una fatal semana en la que el debate en torno a la crisis de seguridad volvió a tomar fuerza y que provocó que el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunciara una serie de medidas para hacer frente al tema, entre ellas, la construcción de una cárcel de máxima seguridad enfocada en el crimen organizado.
Crisis de seguridad, precisamente asociada en gran parte al aumento de delitos vinculados a este tipo de organizaciones, que no sólo se restringe a territorio nacional. De hecho, el aumento de la violencia es un tema que ha ocupado la agenda en toda la región latinoamericana.
De acuerdo al IV Estudio Global de Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) -publicado a fines de 2023-, el crimen organizado fue el responsable de cerca de la mitad de los homicidios en América Latina y el Caribe. Es más, ocho de cada 10 países con las tasas de asesinatos más altas a nivel mundial pertenecen justamente a esta región, posicionando a Ecuador como el país con mayor concentración de este delito, con un promedio de 27 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2022.
¿A qué responde este fenómeno? En conversación con La Tercera, el criminólogo peruano y fundador del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, Nicolás Zevallos, habla sobre cómo ha cambiado la dinámica de las organizaciones criminales en América Latina y apunta a que se debe entender esto como un fenómeno regional e incluso global. En ese sentido, el también ex viceministro de Seguridad Pública peruano afirma que los mecanismos de cooperación regional deben ser más dinámicos para estar a la par con la velocidad de avance de estos grupos.
¿Cuál es el escenario actual de la región?
Hay que ampliar un poco más el panorama y comprender cómo viene siendo globalmente la dinámica del crimen organizado. Sin duda, el protagonismo lo tienen los mercados ilegales, principalmente asociados al narcotráfico, a la minería ilegal, a la madera. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento de expansión de la demanda de estos commodities. En el caso de la cocaína, por ejemplo, hay un crecimiento sostenido en el número de consumidores a nivel global: en 2014 teníamos aproximadamente 14 millones de consumidores de cocaína, pero en 2022 tenemos registrados aproximadamente 22 millones. Eso tiene implicancias sobre países productores, pero también moviliza a los países que se encargan de la exportación, el transporte, hacia el resto de los mercados globales. También ha ocurrido que las asociaciones criminales de la región, las más grandes o notorias, han transformado su lógica de trabajo: primero, se han diversificado. En paralelo, han entendido que no requieren -y, de hecho, es poco funcional- tener una sede o una sucursal propia en cada país. Lo que hacen en cada país es tercerizar servicios. Una serie importante de organizaciones en Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Centroamérica, que son los proveedores de servicios económicos, de insumos, de transporte, logísticos, operaciones asociadas a esos mercados ilegales, pueden alimentar esas grandes cadenas globales de cocaína, de oro y de otros productos más. Ese primer pantallazo nos habla de la configuración global de por qué se movilizan de esa forma las actividades y de cómo frente a esa movilización global las estructuras criminales regionales se han reestructurado y reconfigurado para responder con mucha facilidad, porque esa forma de organizarse es más flexible, adaptativa, mucho más resiliente al control y a la competencia.
Pero, en particular, el narcotráfico sigue siendo la principal amenaza para la seguridad internacional de Latinoamérica...
Por supuesto que sí. El narcotráfico y la minería ilegal, los mercados ilegales, siguen siendo los más peligrosos. Lo que está ocurriendo es que la violencia criminal organizada urbana está opacando la fuerza, la voracidad, de los mercados ilegales en general, pero esa violencia igual se ve, sobre todo en los países amazónicos.
Menciona un cambio en la lógica de trabajo de estas organizaciones criminales: ¿Qué facilitó esa diversificación?
Es un tema de emergencia de oportunidades económicas. Hay varios factores que están asociados a ello: uno tiene que ver con la pandemia, que implicó un quiebre importante en la fluidez de los mercados ilegales y obligó a que muchas organizaciones tengan que recurrir a actores locales para poder operar. Pero eso ocurrió en consonancia con la crisis migratoria sudamericana, que permite una enorme fluidez y movilización de personas entre los países con mucha facilidad de cruzar las fronteras. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese proceso? La posibilidad de poder asentarse en sitios donde ha habido acumulación de capital y, digamos, soltar un poco la mirada del mercado ilegal y aprovechar la posibilidad de la economía local cercana, inmediata, como un espacio de extracción de recursos y de riqueza.
¿Qué propició la instalación de estos grupos, principalmente en países que eran considerados como seguros o con menor registro de delitos violentos?
Hay que mirar todo eso a la luz de la oportunidad. Lo que ha ofrecido la región para estas estructuras, como la del Tren de Aragua, es que muchos de nuestros países no estaban preparados, no estaban listos para responder a fenómenos criminales distintos, nuevos, que se asentaban sobre nuestras estructuras
económicas. Por ejemplo, el caso de Colombia es bien particular, pero no es muy lejano al de otros países, y hay una dinámica informal en torno a nuestras economías. Esa informalidad es un espacio de oportunidad para la delincuencia predatoria, para la extorsión, para el secuestro, para los asaltos. Esa es una estructura que viene recorriendo toda la región, pero ocurría en las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro, también ocurre en algunos lugares en Buenos Aires, ahora es visible en Santiago, Lima. Entonces, hay elementos estructurales que ofrecen una oportunidad, pero que viene, en segunda instancia, aparejado a que nuestros cuerpos de seguridad no estaban listos para eso. O sea, Chile tiene una policía muy preparada, pero que no estaba lista para el crimen organizado local.
En ese sentido, ¿qué países se han visto más golpeados por la crisis de seguridad en los últimos años?
Sin duda, el más visiblemente golpeado es Ecuador, que ha tenido una presencia muy sólida, marcada y creciente de las estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas. Eso ha implicado, lo hemos visto en los últimos meses, una presencia muy violenta de organizaciones criminales, con una impronta de impunidad muy clara. En Perú, sin duda, eso también ha tenido mucha presencia, pero a diferencia de otros países, la costa norte peruana ya era un núcleo de presencia muy intensa de la criminalidad organizada urbana, entonces ahí era notorio y era conocido, la explosión no fue tan marcada como sí lo tuvo Ecuador. Chile, en ese escenario, también emerge como un espacio crítico, pero no tanto por la violencia en estricto, sino porque es algo absolutamente ajeno a la realidad chilena. En pocos años tienes una presencia muy marcada de organizaciones criminales que son muy violentas en el espacio urbano. Y lo más peligroso, lo emergente ahora es la presencia de bandas organizadas, no organizaciones, sino bandas, grupos más pequeños, más esporádicos, mucho más maleables.
El estudio de la Onudd posicionó precisamente a Ecuador como uno de los países con mayor concentración de homicidios, pero llama la atención que entre los países que registraron descensos en sus cifras esté Venezuela. ¿Hay una relación entre esta tendencia con que las operaciones de grupos criminales se haya movilizado a otros países?
Sí, pero también hay que tener cautela con cómo se reportan esos datos. No estaría muy seguro si el dato de Venezuela es muy confiable, pero puede tener que ver mucho con el desplazamiento de esas organizaciones a otros países. Ahora, en el caso de Venezuela, la violencia está mucho más asociada a temas políticos que temas criminales últimamente, entonces también cambia la estructura de la violencia en esos contextos. En el caso ecuatoriano sí es notorio este tipo, pero igual las tasas de homicidios regionales son bastante altas, muy por encima del promedio global.
¿Qué es lo que ha faltado en la estrategia de los gobiernos latinoamericanos?
Hay un asunto de perspectiva: la seguridad se mira como un problema en sí mismo, el problema es que me roben, por ejemplo, y no se mira la inseguridad como una barrera para el desarrollo y la democracia. A eso hay que sumar que hemos sido poco observadores en darnos cuenta de que el fenómeno es regional. No es chileno, peruano, argentino, ni boliviano; es un fenómeno regional, global, y lo que recién se está activando son los mecanismos de cooperación regional para poder responder a esto. Hay mecanismos de comisión judicial, policial, de inteligencia compartida, de inteligencia migratoria, que deberían ser mucho más dinámicos. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahora es que el sicario mata a una persona en Santiago y al día siguiente está en Perú, y al día siguiente en Caracas. Entonces la movilidad de estos actores obliga a que tengas una mirada distinta. Y ya a nivel local es importante comenzar a priorizar la inteligencia criminal.
De hecho, a fines de 2023, Perú y Chile sostuvieron precisamente un encuentro para profundizar en la cooperación para enfrentar el crimen organizado, incluso se fijó una agenda de trabajo para este año. ¿Se han logrado avances?
Lamentablemente, las crisis políticas locales opacan ese tipo respuesta. Por lo menos en el caso peruano, tenemos un serio problema en términos políticos que no nos permite dar sostenibilidad a los temas. Pero igual a finales de año, Perú también convocó a actores de la Cuenca del Pacífico para hablar sobre el crimen organizado. La CAF tiene una estrategia regional, pero el tema es que todos esos mecanismos siguen ritmos muy lentos frente a la voracidad y velocidad del crimen organizado.
¿Estamos todavía a tiempo para, con coordinación regional, poder hacer frente al crimen organizado?
A tiempo estamos. No va a llegar el momento en el que el Estado falle completamente. Hay espacios para hacerlo, pero eso requiere mucha claridad, primero, en la mirada regional; requiere claridad de que esto es un tema de inteligencia, de que esto no es un tema de más policías y más capacidad operativa, sino de que sea mejor. Lo que se requiere es un bisturí para operar con todos estos temas. Demanda, también, el trabajo no solamente de las policías, sino que de los servicios de inteligencia, de inteligencia financiera, del Poder Judicial, del Ministerio Público, porque son parte de toda la cadena. ¿Cuándo se torna esto peligroso? Cuando el crimen organizado se comienza a involucrar en el espacio político. Ahí sí vienen los problemas serios, porque ya comienzan a tener capacidad de alterar la regulación, de la persecución penal de la actividad criminal, y eso es lo que nos está pasando en Perú, por ejemplo.