Los simuladores

Ya no tenemos debate político. Tenemos apenas una simulación de este. Una coreografía que aparenta una controversia de ideas, pero es solo una escenificación en que cada uno juega un rol. Son papeles pasajeros e intercambiables. Como en un carnaval de máscaras, basta que la ruleta electoral asigne a cada uno un rol diferente, para que se truequen las caretas, borrando de un golpe historia y convicciones.

Lo vemos hoy, cuando tocaría discutir en serio la violencia, y el rol que juegan en ella el crimen organizado y la inmigración irregular.

El actual oficialismo ha hecho costumbre culpar al gobierno anterior. La línea argumentativa es que el expresidente Piñera invitó a la inmigración masiva de venezolanos, lo que hizo que violentas bandas como el Tren de Aragua llegaran a nuestro país. Esta semana, tras los crímenes de Lampa, el oficialismo se solazó en repetir que cinco de los detenidos habían llegado a Chile durante el gobierno anterior.

Basta un somero análisis para entender que esa explicación es tan parcial como deshonesta. Primero, porque propaga falsedades. Se citan una y otra vez en redes palabras del exministro Pablo Longueira, supuestamente invitando a los migrantes venezolanos (“Vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!”). Pero esa frase de Longueira es de 2012, hablando sobre España con el diario La Vanguardia.

Sí es cierto que el expresidente Piñera fue a Cúcuta, en un bochorno diplomático. También, que los partidos de derecha se frotaron las manos con el ingreso de estos nuevos votantes que suponían favorables. Y que la ministra Cecilia Pérez afirmó que Chile los seguiría recibiendo “hasta que el país lo resista”, una frase desafortunada, pero que se refería a migrantes legales.

Es deshonesto aparentar que el éxodo venezolano no hubiera ocurrido sin estas declaraciones. Lo que Piñera intentó hacer (bien o mal, con mayor o menor acierto) fue gestionar una crisis: Venezuela vivía una tragedia humanitaria, en que 7,7 millones de personas huyeron del colapso económico de la dictadura de Maduro. Chile estaba, y está aún, en el curso de choque de una ola migratoria que iba a impactarnos, sin importar quién fuera el Presidente.

El discurso del actual oficialismo es más deshonesto aun cuando recordamos sus posiciones en esos años. Los reproches del Frente Amplio a Piñera eran por ser demasiado duro con el control de la inmigración, no por lo contrario.

Todas las críticas a Piñera seguían esa línea. En 2021, Boric y otros diputados del FA y el PC recurrieron al TC contra la ley impulsada por Piñera para facilitar las expulsiones y permitir las “reconducciones” (devolver a personas que están ingresando por pasos irregulares).

Había razones y supuestos principios ideológicos tras esas críticas, pero estos se esfumaron apenas llegados al gobierno. “No tengo problemas con inmigrantes sin papeles”, decía el diputado Gabriel Boric en 2018. “A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar”, dice ahora el Presidente Boric.

Lo más desalentador es que esta nueva retórica de mano dura tampoco es sincera ni efectiva. Todos quienes han estudiado el tema con un mínimo de seriedad saben que las ofertas de redadas masivas para detener a todos los migrantes irregulares y expulsarlos del país son pura fantasía, otra máscara del carnaval.

Ahora, el nuevo show se llama “estado de sitio”. El senador socialista José Miguel Insulza lo pidió para la Región Metropolitana, y así se garantizó sus 15 minutos de fama.

Pero el estado de sitio no tiene nada que ver con el combate a la delincuencia, ni siquiera con el eventual despliegue de militares, que es posible sin esa medida.

Es un régimen extremo de control político en caso de una guerra civil o sublevación armada, no de combate a la delincuencia. Está reservado para “guerra interna o grave conmoción interior”, y convierte al Presidente de la República en una suerte de dictador temporal, con facultades para suprimir el derecho a reunión, la libertad de locomoción y “arrestar a las personas” en “lugares que no sean cárceles”.

La próxima vez que usted vea a alguien exigiendo estado de sitio, sepa que es eso lo que está apoyando. Que el Presidente pueda mandar a arrestar a quien le dé la gana. La mayoría de los politicastros e influencers que repiten estas leseras al menos tienen la excusa de la ignorancia. Un político experimentado e inteligente como Insulza no cuenta con esa disculpa, lo que solo hace más inexcusable su intervención.

Estos discursos de “mano dura” son vacíos. ¡Todos a la cárcel! ¿Cómo, dónde? Llevamos años con ese discursito, con un sistema penitenciario colapsado, y construir una nueva cárcel es una pesadilla de burocracia. Este año se entregará el nuevo penal en Talca, 14 años después de comenzado el proceso. Las de Copiapó y Calama llevan una década y recién están entrando a la licitación. Y el anuncio de una nueva cárcel de alta seguridad para la Región Metropolitana ya enfrenta la comprensible oposición de los vecinos y alcaldes de Santiago y Til-Til.

Y, además, tienen letra chica. Mano dura para todos, excepto para mis cercanos.

¡Que los jueces dicten prisión preventiva a diestra y siniestra! Pero no a mi familiar, él tiene presunción de inocencia. Ni al de mi partido, qué se habrán creído, eso es una persecución política.

¡Empoderar a los fiscales! Pero que no investiguen a los de mi lado. Si se atreven a hacerlo, los acosamos y perseguimos.

¡Seguir la ruta del dinero! Pero sin levantar el secreto bancario, ni dar facultades reales para desarmar a esas organizaciones criminales.

¡Más plata para carabineros, detectives y gendarmes! Pero ni se les ocurran medidas para controlar la evasión y la elusión, y así poder recaudar esos fondos.

El problema de la violencia es grave, complejo, y no tiene soluciones mágicas que quepan en un posteo, en un meme, ni en una cuña para la tele. Los políticos lo saben, pero, en vez de hablarnos como a adultos, prefieren embolinar la perdiz con su carnaval de máscaras.

Con su simulación de que están haciendo algo.