La historia tras los crímenes de “testigos protegidos” que resultaron no ser tales
y el crimen de una mujer en Ovalle habían sido vinculados a supuestos asesinatos en el contexto del crimen organizado, ya que se apuntó que los tres habrían tenido calidad de testigos protegidos. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como el Gobierno salieron durante esta jornada a aclarar que las víctimas de estos trágicos delitos fueron muertos en contextos totalmente diferentes y que ninguno de ellos figuraba en los programas de protección a víctimas y testigos. Aquí detalles de ambos casos.
Cerca de las 4 de la mañana del 5 de junio, funcionarios de seguridad municipal de Lampa recibieron el llamado de un automovilista, quien a esa hora transitaba por el Camino Lo Echevers en esa comuna. El hombre les indicó que al lado del camino pudo divisar el cuerpo de dos hombres de entre 20 y 25 años, sin vida tras haber sido acribillados.
Rápidamente la investigación logró determinar que se trataba de Yunior Cuica y Kliber Manzilla, dos ciudadanos venezolanos que durante los últimos días fueron sindicados por un reportaje de T13 como supuestos testigos protegidos del Ministerio Público en una causa de crimen organizado. La situación era del todo inédita en el país, por lo que rápidamente durante esta jornada la Fiscalía Nacional salió a aclarar los hechos. “No estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos”, sostuvo el ente persecutor.
Y es que según fuentes de La Tercera, el caso de los dos jóvenes asesinados la madrugada de junio en Lampa correspondería a una fallida transacción de drogas, mezclado con deudas que ellos mantenían con narcotraficantes venezolanos. Horas antes de su muerte, los dos hombres asesinados habían llegado hasta una actividad recreativa en la comuna de Santiago, acompañados de un tercer sujeto. Se habían trasladado desde Peñalolén. Tras el fin de este evento, Cuica y Manzilla -según la declaración de su acompañante- habrían señalado que se trasladarían hasta la comuna de Estación Central a concretar la compra de sustancias ilícitas a una banda venezolana.
El tercer sujeto que los acompañaba esa noche -y que hoy es clave en el caso pues es testigo de lo ocurrido- ese día se fue a su casa. Como igual le causó preocupación en lo que andaban sus amigos les pidió que les compartieran su ubicación a través de Whatsapp. Sin embargo, al llegar a Estación Central, según los antecedentes recabados hasta ahora en la investigación, los dos hombres fueron secuestrados por la banda connacional, a quienes Cuica y Manzilla le habrían adeudado por esa época el pago de una venta de drogas anterior.
Una ejecución a sangre fría
Tras secuestrarlos, la banda trasladó a los falsos testigos protegidos hasta la comuna de Lampa, lugar donde los ejecutaron, acribillándolos con más de 20 disparos, dejando sus cuerpos en un sitio eriazo del sector de Camino Lo Echevers, por donde pasó el conductor que aquella noche dio aviso a las autoridades.
Fuentes de la investigación -que tiene carácter de reservada- descartan tajantemente que esto se trate de un caso de asesinato de testigos protegidos, ya que ambos hombres sólo figuran como imputados en una causa de receptación de un vehículo, pero nunca en calidad de testigos de ninguna otra indagatoria, menos aún de crimen organizado. De imputados por receptación, pasaron directamente a ser víctimas de homicidio. Sin nunca haber sido testigos, ni menos protegidos.
Lo anterior, sostienen quienes conocen de lo ocurrido, se habría ratificado una vez conocido el reportaje periodístico, luego de que se verificaran los registros del programa de víctimas y testigos, así como también de las causas, donde se pudo comprobar que ni Cuica ni Manzilla mantenían o han tenido esa calidad.
Tuvo esa calidad, pero renunció a la protección
Algo que también se pudo verificar en el caso de una mujer llamada Maira Martínez, quien fue asesinada en Ovalle y que supuestamente también era una testigo protegida.
En este caso, La Tercera pudo establecer tras consultar a diversas fuentes policiales y del ente perseguidor penal, que la víctima de ese homicidio estuvo con medidas de protección y que fue testigo protegida en algún momento, incluso fue relocalizada de ciudad. Sin embargo, al poco tiempo rechazó mantener contacto con el ente persecutor ya que se dedicaba a la prostitución en un night club en Ovalle, por lo cual el recibir las visitas de policías afectaba aquello, lo que provocó su renuncia al programa pese a los contactos infructuoso que realizó Fiscalía para mantenerla con esa calidad.
Revuelo político: ni testigos, ni informantes
Una vez conocido el reportaje periodístico en el cual se daba cuenta del asesinato de estos tres testigos protegidos durante el 2024, diferentes cuestionamientos se levantaron en contra de la situación de seguridad de quienes mantienen esa calidad.
La mañana de este miércoles, en la Comisión de Seguridad de la Cámara, la ministra del Interior, Carolina Tohá, también descartó que las tres víctimas fueran testigos protegidos y aseguró que el gobierno “hizo consultas a las policías por si hubieran sido informantes: tampoco lo eran”. La secretaria de Estado afirmó que “los testigos protegidos son de la mayor prioridad porque son personas que colaboran en investigaciones penales de gran relevancia, donde hay un riesgo y una capacidad de causarle represalias y por eso se genera esta institucionalidad de la protección”.
Lo complejo de la situación, además, generó que este martes, diputados de RN, citaran al fiscal nacional, Ángel Valencia, a comparecer ante la comisión. Consultado al respecto, el presidente de dicha instancia, el diputado Andrés Longton, aseguró que a pesar de que la información periodística fue desmentida, igualmente esperan la comparecencia de la máxima autoridad del Ministerio Público.
El diputado, afirmó a este medio, que aquella instancia permitirá aclarar lo ocurrido, así como también revisar lineamientos y mecanismos sobre cómo se puede fortalecer el programa de víctimas y testigos. “Creo que es importante mirar esta discusión porque si no lo abordamos ahora, se puede volver un problema real”, concluyó el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. ●