Nuevas atribuciones del Ministerio del Interior abren discusión sobre régimen presidencial
Las renovadas facultades políticas que propone el gobierno para esta cartera abrieron un debate jurídico por los eventuales efectos que tendrían esas potestades en el actual régimen presidencial.
A pesar de que los partidos aún no logran afinar un paquete de medidas para transformar el sistema político, la agenda de seguridad que está empujando el gobierno ya puso indirectamente un primer tema en discusión.
Dentro del proyecto de ley que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, el Ejecutivo propuso dotar de nuevas atribuciones políticas a la bicentenaria cartera de Interior, que hoy dirige la ministra Carolina Tohá (PPD), para otorgarle la calidad de jefatura de gabinete y una superioridad jerárquica respecto de otras secretarías de Estado. De hecho, esta jugada legislativa ya está generando un debate académico entre juristas respecto al efecto que tendría una norma de ese tipo en el actual régimen presidencial vigente en Chile.
Para algunos, incluso, es el puntapié inicial de un primer ministro, figura que es propia de los modelos parlamentarios (Reino Unido o España) o semipresidenciales (Francia). “¿El Presidente tendrá que gobernar vía su jefe de gabinete?... Crear un ministro jefe o jefa de gabinete es innecesario y riesgoso”, escribió Arturo Fontaine, académico de la U. Adolfo Ibáñez y de la U. de Chile, en una columna de opinión publicada el fin de semana, generando respaldo en otras juristas como Fernanda Garcés (exjefa de la División Jurídica en el segundo gobierno de Sebastián Piñera) y Natalia González (académica de la UDD).
Compensación
El objetivo del gobierno, sin embargo, aparentemente era más simple. La apuesta de Tohá y del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), era compensar el rol político de Interior -la cartera más antigua del gobierno- en vista de que las responsabilidades de orden público y seguridad serían traspasadas a un ministerio especializado.
Para ello, La Moneda ingresó un paquete de indicaciones en la Cámara, en octubre del año pasado, para darles respaldo legal a muchas funciones que solían darse de facto o por tradición.
Si bien estas medidas no prosperaron en su reciente discusión en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores estimaban que eran el inicio de un cambio al sistema político, Tohá y Elizalde están tratando de reponer estas normas en la nueva tramitación que se está dando en el Senado.
El plan del Ejecutivo es dar paso a la conformación de una comisión mixta, que será integrada por diputados y senadores, con el fin de corregir este proyecto y volver a levantar las nuevas atribuciones de Interior.
“Superpoderes políticos”
En el paquete de enmiendas que propuso el Ejecutivo en la Cámara se proponía que el titular del Interior ejerciera como “jefe o jefa de gabinete”, como coordinador de otras secretarías de Estado (incluso con la facultad de poder citar a consejos de gabinete), y también como supervisor estratégico del programa de gobierno, tarea que tradicionalmente había estado radicada en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el llamado “Segundo Piso” de La Moneda, área de oficinas donde trabajan los asesores del Presidente de la República.
En ese punto se proponía que las divisiones de Coordinación Interministerial y de Estudios, que hoy están en manos de la Segpres, fueran traspasadas íntegramente a Interior. Actualmente, el concepto de “jefe de gabinete” no existe en la Ley del Ministerio del Interior ni en la Constitución. Solo ciertas normas hablaban someramente del rol coordinador de esta cartera. Ahora, la idea es que el cargo pase a ser explícito.
Además, las enmiendas, que fueron rechazadas en la Cámara, planteaban que el ministro(a) del Interior pudiera concurrir a los actos e instancias que el Presidente de la República le mandate; proponer al Jefe de Estado proyectos de ley, reglamentos, instrucciones, políticas y programas dentro del ámbito de su competencia; requerir informes y efectuar propuestas a los diferentes ministros respecto del cumplimiento de sus funciones y asesorar al Primer Mandatario en la conformación de su gabinete.
En Interior, en todo caso, transmiten que son atribuciones que actualmente el ministro puede realizar, pero que se institucionalizan con la normativa.
“En la fórmula propuesta para el Ministerio del Interior, que fue rechazada por la Cámara, se establecían facultades que alteraban el régimen presidencialista. Nosotros creemos que todos los nombramientos de cargos políticos deben ser realizados por el Presidente de la República”, dijo el jefe de bancada de los diputados UDI, Juan Antonio Coloma.
Aunque el gobierno no había presentado esta discusión en el primer trámite legislativo que se dio previamente en el Senado, sorpresivamente la propuesta de Tohá y Elizalde encontró respaldo en algunos senadores de oposición y del oficialismo.
Esta apertura, no obstante, molestó a los diputados de RN que lideraron la rebelión en la Cámara en contra de la propuesta de Tohá y Elizalde.
“Lo que opinan diversos académicos de renombre nos revela las implicancias de debilitar a la figura presidencial, ante una improvisada reforma que deja con atribuciones exorbitantes al Ministerio del Interior, que va a terminar ejerciendo labores propias de un gobernante, debilitando al Presidente democráticamente electo. Esperemos que el debate se concentre como corresponde en el Ministerio de Seguridad y el Senado ratifique el rechazo de la Cámara a estas modificaciones del Ministerio del Interior, donde al parecer el gobierno se quiso dar un gustito refundacional. Que el Presidente Boric esté menos presente en la toma de decisiones no quiere decir que haya que legalizar que otros tomen decisiones por el”, expresó el diputado Andrés Longton (RN).
Al respecto, el presidente del Senado, José García (RN, dijo que prefería esperar el informe de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta antes de pronunciarse sobre ese debate. “Vamos a tener de todas formas una comisión mixta para resolver aquellos puntos que son controversiales entre la Cámara y el Senado”, añadió.