LO QUE TIENES QUE SABER
El gobierno no logra dejar atrás la crisis de los indultos. La semana empezó con un duro reproche de los partidos oficialistas al comité político de La Moneda por el manejo en el tema y se profundizó la brecha siempre existente entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Una distancia que se amplifica si se toma nota que se está a semanas de sellar pactos electorales luego de que el Congreso diera luz verde a un nuevo proceso constituyente 2.0 que tendrá a la clase política inscribiendo candidatos en sólo tres semanas y el 7 de mayo en elecciones. No deja de ser llamativo que en esta oportunidad sean el Frente Amplio y el PC quienes soliciten con algún dejo de angustia a sus socios de la exConcertación competir juntos cuando hace poco más de un año vetaron sin piedad el concurso de los candidatos presidenciales de las primarias de la izquierda. Ahora es el Socialismo Democrático -con dudas en el PS- quien considera un salvavidas de plomo a sus socios. Mirá de quien te burlaste. Chile Vamos -en tanto- vive su propio reacomodo cuando sus parlamentarios y bases demandan subir el tono en contra del gobierno y los dejan con poco margen frente al Partido Republicano que no ocultan sus esbozos de sonrisa cuando salen a marcar a La Moneda. Las acusaciones constitucionales -una en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, y otra en contra del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson- tienen pronóstico favorable (si se mira con ojos opositores) y en el gobierno deberán desplegar sus mejores trucos políticos para desactivarlas. El convulso escenario nacional -sin embargo- palidece frente a la explosividad de las protestas en Perú, donde su presidenta Dina Boluarte lidia con el triste récord de llevar menos días en el poder que los muertos durante las manifestaciones. ¡Qué hablar de Brasil! cuando una turba enfervorizada -partidaria de Jair Bolsonaro- pretendió poner en jaque a la democracia asaltando al Congreso, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo. En busca de los responsables del atentado un juez ordenó congelar las cuentas de 52 personas y siete empresas sospechosas de haber financiado el transporte de los asaltantes a la Explanada de los Ministerios y la Fiscalía General investigará al mismísimo Bolsonaro. Por si fuera poco, la prensa de ese país reporta que la Policía Federal de Brasil encontró una propuesta de decreto que planteaba la introducción de un estado de emergencia para anular los resultados de las elecciones presidenciales del país en caso de triunfo -como ocurrió- de Lula.