Señales de alerta ante escalada del gasto público
El fuerte incremento del consumo, la apertura gradual de la economía, el mejor escenario externo y, en particular, las presiones inflacionarias globales, sugieren establecer pronto un cronograma de retiro del estímulo fiscal para evitar un empeoramiento p
El Ministerio de Hacienda publicó recientemente el Informe de Finanzas Públicas, en el que actualiza las proyecciones de los parámetros que definen la política fiscal. Según las estimaciones del gobierno, este año la economía crecería 7,5%, que pese a estar por debajo de lo esperado por el Banco Central y el mercado, anticipa que la recuperación ha sido más vigorosa de lo previsto inicialmente, luego de la fuerte caída anotada en 2020.
Debido al uso de instrumentos públicos de gran envergadura para enfrentar la crisis sanitaria -muchos de los cuales siguen vigentes- la posición fiscal ha ido empeorando progresivamente, de la mano con la profundización de los efectos económicos derivados de las restricciones asociadas a la pandemia. El gasto público registrará un crecimiento en 2021 de 27,3% real, el mayor desde que existen cifras comparables (1991), que se suma al incremento de 10,4% real de 2020. Con esto, el gasto fiscal terminará en niveles de 30,5% del PIB. Este año cerraría con otro récord en materia de finanzas públicas, ya que el balance estructural cerrará con un déficit de 9,5% del PIB.
Este incremento ha sido necesario para evitar un descarrilamiento de la economía, pero en especial para aminorar los efectos de la crisis sanitaria en las familias, que han sufrido restricciones al desplazamiento y cierre de actividades productivas. Las transferencias directas comprometidas hasta septiembre para mitigar la situación económica de familias y Pymes ascienden a unos US$ 23 mil millones.
La principal duda es cuándo y cómo se revertirán estos paquetes de ayuda fiscal para evitar que la deuda pública siga escalando, sobre todo considerando que la deuda bruta cerrará este año en 34,1% del PIB, su nivel más alto desde 1991. Esto es particularmente importante en el proceso eleccionario en curso, donde las promesas electorales presionan por más compromisos fiscales. El fuerte incremento del consumo registrado en los últimos meses, la apertura gradual de la economía, el mejor escenario externo y, en particular, las presiones inflacionarias globales, son razones suficientes para establecer un cronograma de retiro del estímulo fiscal y evitar un empeoramiento progresivo de la salud fiscal chilena.
Buscar una estrategia política para propender hacia la consolidación fiscal no es algo que afecte solo a la capacidad de endeudamiento a bajo costo del Estado. La debilidad fiscal termina teniendo efectos en el costo de financiamiento del sector privado, reduciendo los espacios de inversión y ahogando el desarrollo de nuevas empresas, todo lo cual incide -como un espiral nocivoen la capacidad de recaudación del propio gobierno para financiar su agenda social. Pese a que es muy prematuro atribuirle efectos inflacionarios al crecimiento del gasto fiscal en el corto plazo, de continuar una trayectoria de expansión acelerada, podríamos ver efectos en presiones inflacionarias ya no de características transitorias, tal como lo demuestran las experiencias en otros países de la región y en la propia historia de Chile en las últimas décadas.