Cómo una empresa logró dominar el mercado de semáforos en Chile
Conflictos de interés y trabas en licitaciones públicas han restringido la competencia, con un aumento de los costos por sobre el 35%. Empresarios ya anuncian acciones.
aburrimos de la corrupción en Colombia, esperábamos escapar de eso en Chile, pero acá nos hemos encontrado con situaciones irregulares que nos preocupan y atemorizan, por eso estamos dispuestos a dar la pelea y plantear todas las inquietudes ante las más altas instancias”, afirman Jaime Maldonado y Luis Bravo, socios fundadores de la empresa constructora Bramal Ltda. dedicada al rubro de fabricación, instalación y servicios de mantenimiento de semáforos. La declaración la hacen tras conocer el reportaje de LT Investigación y Datos que develó las anomalías que por décadas se arrastran en las licitaciones públicas.
Radicados en Chile desde hace 11 años, cuando fundaron su empresa, los colombianos dicen que en su país “la corrupción es enorme, los alcaldes llaman a las empresas a reuniones antes de hacer las licitaciones y te cobran una coima, un porcentaje del 10% o el 15% de las mismas para adjudicarlas, a cambio de no hacer una inspección en terreno tan exhaustiva o permitir cambios en los costos de las obras, generando un sistema que termina dañando a la población, pues se trata de recursos públicos”.
Pero lejos de lo que esperaban, en Chile se han encontrado con un tipo de corrupción “mucho más sofisticada”, advierte Luis Bravo, socio y gerente comercial de Bramal.
Solo entre enero de 2018 y marzo de 2021 diversos municipios han licitado proyectos de mantenimiento e instalación de semáforos por más de 14.400 millones de pesos a través de la plataforma de Mercado Público. Y aunque existe más de una veintena de empresas en Chile que prestan estos servicios, sólo una de ellas, Automática y Regulación (Auter S.A.) se ha adjudicado cerca del 70% de todas las licitaciones, por un monto total de 10.230 millones de pesos.
El dominio de la empresa Auter en este mercado es tan grande, que controla las operaciones en 33 de las 40 comunas del Gran Santiago.
Pero hay otro indicador que llama aún más la atención. De las 453 licitaciones que se realizaron el año 2020 en materia de semaforización, en el 37,5% ni siquiera hubo espacio para que otras empresas compitieran y el único oferente fue Auter.
Fue a raíz de una denuncia anónima presentada ante el departamento de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Transportes en septiembre de 2017, que comenzó a develarse lo que estaba ocurriendo al interior de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) y que daba cuenta de un grave conflicto de interés que se mantuvo oculto por décadas.
Desde fines de los años 80, cuando se estableció en Chile la primera UOCT, a partir de un pequeño grupo de funcionarios que venían de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Santiago, hasta diciembre de 2019, cuando el organismo ya tenía alcance nacional, el técnico eléctrico Jorge Andrés Moscoso Muñoz tuvo en sus manos el poder de decidir cuáles dispositivos se podían utilizar en la instalación de semáforos en Chile y cuáles no. También era el jefe el equipo encargado de fiscalizar y aprobar en terreno los cruces de semáforos antes de su entrega definitiva. Y no sólo eso. Es usual que los municipios soliciten ayuda a la UOCT para la elaboración de las bases técnicas de las licitaciones que hacen periódicamente en sus comunas para la instalación y mantenimiento de semáforos. Los antecedentes recopilados por LT Investigación y Datos dejaron al descubierto que Moscoso, mientras estaba a cargo de fiscalizar y certificar todos los equipos que involucra un sistema de semaforización, mantuvo una relación de pareja por más de una década con la gerenta de administración y finanzas de Auter S.A., Inés Ofelia Iturra Barrueto, quien además es representante legal de la misma compañía en procesos de licitación. Moscoso e Iturra tienen un hijo, quien hoy ya tiene 35 años de edad.
Tras dos años de investigación, en enero de 2020, el sumario que se llevó adelante en la Subsecretaría de Transportes concluyó con la desvinculación de Moscoso y alentó cambios en la UOCT.
Un mes después de su salida, Moscoso haNos bía sido contratado como consultor en TEK Chile, otra de las empresas de semáforos que fiscalizaba y que sigue, aunque por lejos, a Auter en el número de licitaciones ganadas en Chile.
¿Cómo se explica que no se denunciara antes una situación que se arrastra por décadas? Es algo que no tiene aún una respuesta.
Jorge Moscoso declinó responder en el marco de esta investigación, aun cuando aseguró que la jefatura de la UOCT siempre tuvo conocimiento de su relación con la alta ejecutiva de Auter y la existencia de este hijo.
Pero los dueños de Bramal Ltda. dan otra razón sobre los motivos por los cuales nadie intervino antes. “Por muchos años la entidad pública delegó los aspectos técnicos en una de las empresas que operaban en Chile. Hemos planteado situaciones que nos parecen anómalas, como la existencia de protocolos cerrados o secretos, que impiden que otras empresas que no sean Auter o TEK puedan intervenir directamente en la reconfiguración de los controladores. Se los hemos señalado a las municipalidades y ellos desconocían
Lea la versión completa de este reportaje de la Unidad de Investigación y Datos en latercera.com
ese tema. Y las empresas del rubro que sí conocen de estos temas han tenido miedo de denunciar, por temor a represalias. Porque cómo voy a denunciar estas situaciones que afectan al mismo organismo que recibe las solicitudes de las empresas para certificar nuevos productos, todos temen que no les reciban más sus productos o les pongan trabas”, señala Jaime Maldonado.
Su socio, Luis Bravo, añade: “Esta semana el jefe de la UOCT de la Región de O’Higgins, Óscar Cavieres, me confesaba que gran parte de esto ocurría porque como Estado no se habían capacitado para dar las directrices para que operara el sector privado y, por el contrario, por muchos años se le entregaron las llaves del reino a una empresa privada que era la que tenía el conocimiento y utilizaba sus equipos para definir las directrices. Eso que podía ser una realidad hace 30 o 20 años, hoy no es así, y hay muchas empresas que tienen la capacidad técnica y el conocimiento para operar con plenos niveles de seguridad y confianza”. Tras la salida de Moscoso de la UOCT, algunos cambios han comenzado tímidamente a darse. Ahora, el área de inspección y homologación de nuevas tecnologías y dispositivos quedó en manos de una funcionaria con estudios en la Universidad de Notre Dame, quien ha estado abocada a generar un nuevo sistema de inspección, para lo cual constituyó una mesa técnica con especialistas del sector privado y público que se reúne semanalmente.
Abrir los protocolos
“Se están evaluando varias vías de acción para mejorar las condiciones de competencia. Una de ellas es ver la factibilidad de qué exigir cuando se homologa un controlador de tráfico, que el proveedor del equipo esté obligado a entregar el software que permita configurar el controlador y todos sus antecedentes técnicos, de modo que otras empresas puedan realizar dichas tareas por sí mismas, sin tener que recurrir al fabricante”, aseguró Pedro Vidal, secretario ejecutivo de la recientemente creada Coordinación Nacional de Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT), entidad dependiente de la Subsecretaría de Transportes, de la cual forma parte la UOCT.
Por otra parte, ya se estableció como norma que las próximas licitaciones de los nuevos sistemas de control de tránsito exijan la utilización de protocolos abiertos.
El tema no es menor. El 80% de los controladores -el cerebro del cruce semaforizado, responsable de regular los tiempos de operaciones de las luminarias según el flujo vehicular y de enlazar los dispositivos con el Centro de Control de Tránsito local- instalados en Chile son de la marca Auter, Otro 10% son de propiedad de la empresa TEK.
Y ahí surgen otras limitaciones a la competencia que han llevado a que en Chile se pague hasta un 35% más caro por un cruce semaforizado que en otros países donde recién están comenzando a operar con sistemas en red. Si en Chile un cruce semaforizado cuesta entre 50 y 80 millones de pesos, en Bogotá
el costo no supera los 35 millones de pesos chilenos.
Salvo los dos modelos de controlador de la empresa británica Simens, que están certificados en Chile por la UOCT, todos los demás -el A-25-A5, de Auter, y los modelos TEK 1/C y el Swarco, comercializados por la empresa TEK- operan con protocolos cerrados, es decir, sus contraseñas y códigos no son públicos, ni siquiera para los municipios que compran esos dispositivos, ni para la UOCT que debe monitorear su funcionamiento y ordena periódicamente la reconfiguración de los que están instalados en las calles.
Por lo mismo, para participar en una licitación para el mantenimiento de semáforos, las empresas están obligadas comprar a Auter o a TEK el servicio de reconfiguración de cada aparato o pagar por los códigos de cada dispositivo. “Auter ofrece directamente a los municipios este servicio en 10 UF por cada controlador y a las empresas de la competencia nos pide unas 40 UF por el mismo servicio y nos fijan plazos de varios meses para hacer el trabajo. Sólo con eso se hace muy difícil para cualquier empresa nueva poder ganar una licitación”, reclaman empresarios del rubro.
No hay muchas alternativas. Las cerca de 18 empresas que buscan abrirse un espacio señalan que existe la posibilidad de importar directamente de Gran Bretaña controladores Simens, cuyos protocolos son abiertos. Sin embargo, desde que se hace la solicitud de compra hasta el momento en que estos llegan a sus manos para instalarlos pueden pasar entre seis y hasta ocho meses, un plazo que los deja fuera de cualquier licitación en Chile, pues las bases de licitación fijan un plazo de 30 a 60 días para la ejecución de las obras.
De esa forma, los municipios han terminado amarrados de manos. La mayoría prefiere trabajar directamente con la empresa dueña de los controladores y no con otras.
Círculo vicioso
No son las únicas trabas que impiden una mayor competencia en Chile.
La mayoría de las empresas que buscan entrar a este mercado quedan fuera de los procesos de licitación por no cumplir con los 10 años de experiencia previa -en algunos casos se ha pedido a las empresas acreditar profesionales con hasta 20 años de experiencia- que les exigen acreditar en mantenimiento de semáforos. Un círculo vicioso que favorece a los actores predominantes y del cual muy pocos municipios han podido escapar.
El caso de Providencia, en ese sentido es ejemplificador. En 2020, como consecuencia de los menores recursos recaudados en medio de la pandemia, la alcaldesa Evelyn Matthei ordenó revisar todos los contratos suscritos por el municipio con proveedores privados con miras a renegociar una baja en los cobros. Entre los contratos que se analizaron estaba el de mantenimiento de la red de semáforos de la comuna, adjudicado en 2018 a la empresa Auter por un monto mensual de $ 19.850.289.
Tras la negativa de Auter de renegociar los términos del contrato, el municipio optó por revocarlo y llamar a otras empresas del mercado, sin colocar exigencias de años de experiencia previa tan altos. Eso abrió la puerta a Bramal Ltda., empresa que tomó a su cargo el mantenimiento de los semáforos de Providencia por $ 9.200.000 al mes, casi la mitad de lo que gastaba la comuna.
Es un secreto a voces en el pequeño mundo de las empresas de semaforización en Chile que los costos se han disparado en un 30% a un 35% debido a las anomalías en el funcionamiento de este mercado en las últimas tres décadas. Algunos, incluso, apuntan directamente a una eventual concomitancia entre funcionarios públicos y privados para trabar la libre competencia y favorecer a unos pocos.
Se trata de licitaciones que están fuera de la facultad preventiva de la Contraloría General de la República, lo que abre espacio a la corrupción. “Hoy, la situación es que la Contraloría General está impedida de realizar un control previo de legalidad a los actos que realizan las municipalidades”, explica el contralor Jorge Bermúdez. Y añade: “Si el ojo de la Contraloría estuviera puesto en el control previo de los actos de los municipales, no tengo dudas de que se evitarían muchísimos actos de corrupción. Los municipios tienen el deber de cuidar los recursos públicos y hacer licitaciones con estricto apego a la probidad”. Lo único que puede hacer el ente contralor son las auditorías a la ejecución de los contratos, pero, para entonces, ya es demasiado tarde, asegura Bermúdez. “Lo máximo que podemos aspirar es dar a conocer el mal uso de los fondos públicos una vez que se produce, pero esas platas mal utilizadas o mal pagadas ya estarán en manos de quienes no corresponde”, señaló Bermúdez a La Tercera.
“Nos aburrimos de la corrupción en Colombia, esperábamos escapar de eso en Chile”