Vulneración a integridad de menores de edad
Una de las consecuencias del cierre prolongado de los establecimientos educacionales, sumado al extenso confinamiento, es el aumento de maltratos y abusos que afectan a niños y niñas en sus propios hogares.
Este medio publicó recientemente la cifra de denuncias por vulneraciones recibidas por las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en los cinco municipios con el mayor número de niños y niñas en edad escolar del país (Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Viña del Mar y La Serena). Éstas apuntaron a eventos como maltrato, negligencia, abuso sexual o abandono escolar, y en total sumaron hasta la fecha un total de 2.759 casos.
Si bien en Chile estas son las primeras cifras de esta naturaleza que se han dado a conocer públicamente, y aún no se han realizado estudios que las comparen con lo ocurrido en años anteriores, la experiencia internacional entrega algunas luces sobre la relevancia que tiene esta temática en el contexto del prolongado cierre de los establecimientos educativos. Así, en Estados Unido se ha documentado ya sobre la reducción que exhibieron las denuncias de abuso y maltrato infantil en varios estados –lo que en principio estaría ocurriendo también en las comunas examinadas en nuestro país-, lo que tristemente no se debería a una menor ocurrencia, sino a la caída en el reporte de casos, principalmente por parte de los colegios, que en épocas normales suelen ser los primeros informantes. Prueba de ello es el aumento en los casos de mayor gravedad que terminan en centros de salud; niños y niñas con daños tan evidentes y visibles que no pueden ocultarse.
En el caso de Chile, como se señaló, si bien no se cuenta con cifras sistematizadas ni estudios al respecto, se trata de una situación de la que no cabe sentirse ajenos y que debe ser prevenida por todos los medios posibles. La evidencia indica que el aislamiento producto de las cuarentenas y el estrés asociado a la pandemia, en presencia de conductas dañinas como el consumo excesivo de drogas o alcohol, producen una mayor violencia en el hogar. Y como contrapartida, el cierre de las escuelas dificulta al personal escolar el poder detectar los casos de vulneraciones que en circunstancias normales de presencialidad suelen ser denunciados conforme los protocolos.
Si bien ya estamos ad portas del término del año escolar, estas cifras preliminares, así como la evidencia internacional disponible, debieran llevarnos a reflexionar sobre las diversas medidas que puedan contribuir en la prevención de estas vulneraciones. Por supuesto una correcta administración de las cuarentenas, pero además el aprovechamiento de los recintos educativos y otros espacios públicos, aparece como un elemento que podría marcar una diferencia, ya sea para retomar las clases presenciales en marzo cumpliendo con los protocolos y medidas sanitarias, o bien para aportar con un lugar de recreación y esparcimiento que ayude a descomprimir el estrés durante el verano, especialmente en comunas con altas tasas de hacinamiento y dando prioridad a aquellas familias que así lo requieran.
La pandemia obligó a adaptar estilos de vida, y ha exigido una labor de coordinación por parte del Estado, pero también ha requerido de la implementación de soluciones excepcionales y creativas en la sociedad civil y el sector privado. Desde ahí mismo deben provenir esfuerzos para la protección de los derechos de los menores de edad que en estos tiempos de crisis se ven especialmente amenazados.