Defensa de Raúl Guzmán acude al TC para anular caso por infracción sanitaria
Abogados del secretario del Senado pidieron que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 318 del Código Penal.
Abogados de la Defensoría Penal Pública, a nombre del secretario del Senado, Raúl Guzmán, presentaron ayer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la formalización que solicitó el Ministerio Público por una presunta infracción sanitaria. Los representantes de Guzmán, quien fue el fiscal regional de la Fiscalía Sur, apuntan a una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del Artículo 318 del Código Penal y, de esta manera, anular toda la causa. Asimismo, pidieron que se suspendiera el procedimiento hasta que no se resolviera esta petición.
La audiencia de formalización fue solicitada el 21 de septiembre por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. Además de Guzmán, la persecutora pidió imputar cargos a otras cinco personas por infringir las medidas sanitarias impuestas en medio de la pandemia por el Covid19. La audiencia quedó fijada para el 19 de noviembre.
En el escrito de Cartagena también se pide imputar por esta infracción al fiscal de la Zona Sur Patricio Rosas y al abogado asesor Roberto Contreras. Con ambos Guzmán sostuvo una reunión el 25 de junio en un local de mariscos de la comuna de San Miguel, cuando había cuarentena y prohibición de funcionamientos de restaurantes en todo Chile. Los hechos fueron dados a conocer por radio Bío-Bío, medio que el 7 de julio publicó una imagen en que se veía al secretario del Senado sentado en una mesa de “El Loyola”. Rosas y Contreras eran parte de su círculo cercano cuando este lideraba la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.
El requerimiento presentado por los abogados de Guzmán -compuesto por el defensor penal público Eduardo Camus y los penalistas Claudio Fierro, Marcela Bustos, Javier Ruiz y Sebastián Undurraga-, indica que la investigación comenzó de oficio tras la publicación del reportaje de radio Bío-Bío y que luego la Fiscalía Nacional determinó que la causa se tramitara por la persecutora Cartagena.
Tras esto, en la fundamentación legal del escrito, indica que “sancionar la norma impugnada al que pone en peligro la salud pública por ‘infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad’, lo que se está haciendo no es más que reconducir el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango inferior, en el caso concreto, meras resoluciones exentas dictadas por el Ministerio de Salud”.
Asimismo, señalan que ya fue sancionado a pagar 50 UTM en el sumario de la Seremi de Salud.
Desde la Fiscalía del Biobío indicaron que si bien Guzmán está en la facultad para acudir al TC, el Ministerio Público “ha planteado su convicción de que existe ilicitud en el actuar del imputado y se buscará dar curso progresivo a la investigación criminal que se dirige contra aquel”.
El caso quedó para ser visto en la Segunda Sala del TC.