La racionalidad constituyente
En el escenario más probable de los próximos dos años, el país tendrá como principal objetivo redactar una nueva Carta Magna. No será un proceso sencillo, sobre todo si se considera que se realizará en medio una ola de movilización social –que presionará por incluir determinadas demandas- y con coyunturas electorales inéditas –de gobernadores regionales- y significativas – la elección presidencial del 2021. Si bien dentro de quienes están a favor del proceso constituyente se vislumbra optimismo por la receptividad de la opinión pública, a nivel técnico quedan muchas interrogantes.
Dada la manera de cómo hemos llegado a la inminencia del proceso constituyente, tenemos alguna idea de cómo podría ser una nueva Constitución: quizás más socialdemócrata -o al menos con mayor discusión sobre un verdadero sistema de protección social-, definitivamente más feminista e incluyente con respecto a minorías, más desconfiada con los poderes tutelares de las Fuerzas Armadas y de Orden, pero a su vez más preocupada por el orden público. Veremos un proceso que, a su vez, tendrá que construir un nuevo modelo de país, considerando los pilares eficientes del crecimiento económico e injertando otros nuevos, necesarios para una concepción de la política pública más equitativa.
¿Cómo pasamos de esta constelación de ideas y sentidos comunes a la estructura normativa en sí? ¿Cuál es el “modelo” –si acaso existe- que van a tomar los políticos y constituyentes al momento de elaborar la nueva Constitución? En primer lugar, estamos frente a la posibilidad de un proceso innovador, quizás sin antecedentes en el país y en la región. Pero, incluso los mayores esfuerzos de creatividad parten de considerar y tomar como guías procesos similares (exitosos o no) desarrollados en otras partes. Hacer una Constitución más feminista y más redistributiva, requiere necesariamente consultar referentes, al menos en el vecindario. Luego de la debacle del paradigma bolivariano, queda la interrogante sobre cuál será la influencia ideológica (progresista) del venidero proceso chileno.
Lo anterior nos lleva al segundo punto: sea cual sea la ruta a seguir son inevitables los sesgos tanto ideológicos como de intereses (desde particulares hasta políticos) que formatea la racionalidad de los tomadores de decisión. A ello, hay que sumar los atajos cognitivos que tendrán que asumir los responsables del diseño constitucional en un contexto de presiones colectivas, tiempo ajustado e inmensa expectativa. La heurística cognitiva –la indagación de pruebas y errores- de los “ingenieros constitucionales” será tan clave como las influencias ideológicas, porque las opciones que toman los actores no es siempre la más coherente en términos programáticos, sino la alternativa más pragmática, más cómoda, más viable, aunque muchas veces sea la incorrecta. La traducción de las demandas sociales en fundamentos constitucionales va a tener los errores propios de una racionalidad limitada por las circunstancias.