Claves para la superación de la crisis social
Tras cuatro años de crecimiento lento con la Nueva Mayoría, un repunte modesto en 2018 y una recaída hacia un desempeño económico pobre en 2019, la población mira el futuro con incertidumbre y teme no poder sostener las aspiraciones que desarrolló en épocas de mejores expectativas o verse expuesta a carencias graves. Lo que moviliza a amplios sectores en torno al valor de la electricidad, la tarifa del Metro, la oportunidad de la atención de salud o el nivel de las pensiones, probablemente no es una incidencia similar de estos elementos en la calidad de vida de quienes se manifiestan, sino la percepción común de que, cada uno según su particular forma de incorporación a la economía, está expuesto a situaciones aflictivas que no podría manejar sin consecuencias severas sobre sus vidas. Los une una común necesidad de lograr certezas, luego de que la pérdida de dinamismo de la economía les hace percibir que sus capacidades para mantener su nivel de vida, o enfrentar por sí mismos situaciones adversas que pudieran sobrevenir, están fuertemente limitadas.
Se hace prioritario, entonces, concebir y poner en marcha un programa que recupere la pujanza económica, para restablecer la confianza en que habrá mercados en expansión, oportunidades de empleo, acceso al crédito, mejoramiento de remuneraciones y todo aquello que configura el contexto más confiable y predecible que da tranquilidad a las familias. Si bien en el estado de conmoción actual otras acciones pueden aparecer más prioritarias, es el esfuerzo por revivir expectativas económicas positivas, obviamente a partir de hechos concretos, lo que puede ayudar a contribuir para el restablecimiento de la estabilidad social.
Mientras la economía vuelve a hacer su trabajo, y también en forma permanente para garantizar protección ante contingencias, deben enfrentarse las carencias e incertidumbres actuales con apoyo estatal focalizado a situaciones de especial relevancia, como el acceso a la salud, el nivel de las pensiones e ingresos más bajos, o mecanismos de apoyo a las familias para enfrentar necesidades apremiantes.
Un Estado previsor, y el chileno lo ha sido, tiene reservas para atender la contingencia. También puede exigir un aporte tributario mayor a los contribuyentes. Pero la legitimidad para subir impuestos, o para disponer de ahorros acumulados, depende de que el Estado haga un esfuerzo serio por liberar los recursos que, sabidamente, hoy malgasta en el sector público. Este último debe mejorar su desempeño, por ejemplo, aprovechando mejor la infraestructura hospitalaria, utilizando más la eficiencia privada en la provisión de bienes públicos, suprimiendo el gasto que representan los “operadores políticos”, reduciendo remuneraciones públicas a los niveles consistentes con la situación general del país, o cortando programas sabidamente ineficientes, que subsisten indefinidamente.
En el país existen las fortalezas y el ánimo de contribuir a la superación de la crisis. Políticas conducentes y austeridad fiscal pueden catalizar el esfuerzo nacional que se requiere, todo ello sin perjuicio de la discusión de un conjunto de reformas políticas que probablemente sobrevendrán en las próximas semanas y meses.
Es necesario recuperar la pujanza económica para restablecer la confianza y bienestar de las familias. Un mayor esfuerzo tributario también es posible, pero la legitimidad para ello depende de que el Estado deje de
malgastar recursos.
Los acontecimientos de las últimas semanas han dejado en evidencia no solo la incapacidad del Estado para resguardar la seguridad y el orden, sino también la irracionalidad de nuestros políticos, que se manifiesta en la débil comprensión y apego a la democracia.
Nuestra sociedad, como toda sociedad libre, es plural. En ella conviven diversas formas de ver el mundo. Los distintos tipos de gobierno reconocen esa pluralidad, pero la democracia es la única que la valora y legitima. Condición de posibilidad para ello es reconocer que no existe una única verdad, ya sea en lo religioso, en lo político o incluso en lo valórico. A diferencia de los regímenes autoritarios, donde se impone una visión de mundo que reclama para sí superioridad moral, en democracia todas las visiones de mundo son legítimas, no hay una superior a la otra. De ahí que sea a través del voto universal la forma en que elegimos a nuestros gobernantes por un período determinado.
Sin embargo, en los últimos días pareciera habérsenos olvidado los principios más básicos de la democracia. Pareciera que ahora la democracia será reemplazada por la violencia, la calle o el asambleísmo, tres formas de gobierno que niegan el principio de igualdad entre los ciudadanos. Algunos políticos de oposición plantean que el gobierno debe cambiar completamente su agenda para terminar con los actos de violencia. Pero ¿cuántos son, quiénes son y qué quieren los que han quemado el Metro, edificios, hoteles, supermercados, municipios, etc.? Todavía no lo sabemos. ¿Es legítima la violencia como forma de manifestación o de presión política en democracia? La respuesta obvia es no, pero pareciera ser que esta forma es mucho más efectiva para lograr cambios que votar en las urnas.
Las manifestaciones pacíficas son legítimas en democracia, pero no pueden reemplazar al voto en las urnas, por la sencilla razón de que la calle es tremendamente desigual. Es cosa de ver lo que ha pasado con la masiva marcha de la semana pasada. Ese malestar heterogéneo está siendo utilizado para promover banderas políticas de un sector que precisamente perdió las elecciones o intereses económicos por grupos de poder como son los camioneros.
¿En qué minuto se convirtió la Constitución en el principal problema de Chile? De ser así, ¿por qué los candidatos presidenciales que promovían una nueva Constitución no salieron electos? Seamos sinceros, ¿cuántos ciudadanos se han leído la Constitución? No es evidente que quienes se manifestaron pacíficamente estén demandando una nueva Constitución; de hecho, es complejo interpretar lo que esa masa heterogénea demanda, y más complejo aún es interpretar a los millones de ciudadanos que no se manifestaron.
La calle es desigual no solo porque en el corto plazo es capturada por los intereses de los grupos más articulados, sino, sobre todo, porque invisibiliza a los millones de personas que no se manifiestan, pero que tienen igual derecho a incidir.
Los guardianes de la democracia son nuestros parlamentarios y el gobierno. Es importante que ellos escuchen las demandas ciudadanas, pero igualmente importante es atender al silencio de los millones de ciudadanos que no se manifestaron. En eso consiste la democracia.