La revolución de las chauchas
Este puede ser un título sarcástico y hasta hiriente para una columna de opinión, pero cabe recordar que hace 70 años el gobierno de Gabriel González Videla fue remecido por las protestas en contra del alza de las tarifas de micros, forzándolo tardíamente a profundas reformas políticas y sociales, incluido un cambio de gabinete. Se le conoce como “la revolución de las chauchas”, porque aunque el aumento de precios era indiferente para las elites, afectaba a los más desposeídos, sumado a muchas otras situaciones de injusticia social que enardecieron a la ciudadanía en esa época. Algunas reflexiones cabe realizar sobre aquello y la situación actual.
Obviamente, se advierte una repetición de la historia que ha asolado al país en estos días. El Presidente Piñera, luego de sucesivos mensajes desenfocados con la realidad, terminó por anunciar importantes medidas y hacer un cambio de algunos ministros. Comprende que estamos ante un Chile distinto, que debe satisfacer necesidades urgentes. Esto se aplaude por todos los sectores democráticos. Sin embargo, más allá de las medidas políticas y sociales, hay dos aspectos cruciales que el gobierno no puede dejar de investigar y resolver. El primero, si existe una organización terrorista coordinada capaz de destruir instalaciones esenciales como el Metro, que es un atentado sincronizado al más fundamental medio de transporte y que afectó a millones de personas. Hasta ahora, no hay señales que identifiquen a los responsables. Segundo, es necesario aclarar el caso de los heridos y fallecidos, siendo imperativo establecer con prontitud si ha habido afectación de derechos humanos durante el estado de excepción por actos de agentes del Estado. Ello exige inmediata investigación, debido proceso, sanción y reparación, de haber sido el caso.
En otra línea, sorprende que los partidos políticos de oposición hayan sido vacilantes respecto a su propia responsabilidad. El PC no votó la rebaja de las tarifas aduciendo “desobediencia civil”, lo que encubre un abandono de deberes en contra de sus compatriotas. La inasistencia del PS a la convocatoria presidencial para concordar soluciones es otro ejemplo antidemocrático.
No es suficiente que los poderes Ejecutivo y Legislativo, tomados por sorpresa, luego de las manifestaciones ciudadanas vieran que era necesario revisar no solo las alzas del Metro, sino también las de la bencina, peajes, luz, pensiones y otras, ni que como un gesto los parlamentarios acordaran rebajar sus ingresos, que son desproporcionados, para demostrar que no hay por su parte un abuso contra las personas.
Esta crisis, que recuerda la histórica “justicia desde abajo”, es una reacción social irrefrenable frente a agravios contra la dignidad e igualdad de oportunidades. Pero el país también exige inmediata seguridad frente al terrorismo organizado y los derechos humanos. Este es un deber del Estado, inseparable de las soluciones sociales.