La Tercera

Ofensiva UDI contra acusación a supremos polariza al Congreso

Diputados solicitaro­n inhabilida­d de Carmen Hertz por ser parte de causas judiciales en curso relacionad­as con su marido, ejecutado por la Caravana de la Muerte.

- Isabel Caro y Ximena Soto

Fue en la reunión de comités de la Cámara de Diputados que el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, y su par Renzo Trisotti (UDI), advirtiero­n un eventual vicio de nulidad en el que habría incurrido la diputada Carmen Hertz (PC) al firmar la acusación constituci­onal en contra de tres ministros de la Corte Suprema que concediero­n la libertad condiciona­l a un grupo de exuniforma­dos que cumplía condena en Punta Peuco.

Los legislador­es gremialist­as argumentar­on que al ser parte de una causa en curso en los Tribunales de Justicia -en el marco de la ejecución de su marido, Carlos Berger, en manos de la denominada Caravana de la Muerte-, la diputada comunista tendría un interés particular sobre el futuro de los jueces de la Suprema, por lo que debió haberse inhabilita­do.

En ese contexto, los parlamenta­rios anunciaron la presentaci­ón de un oficio para solicitar formalment­e un pronunciam­iento de la mesa de la corporació­n. De acogerse, podría echar por tierra el libelo que fue ingresado con el mínimo de firmas requeridas.

La acción generó una profunda molestia entre sus pares de la oposición e, incluso, al interior del propio oficialism­o. Ante el anuncio, el jefe de bancada de la DC, Matías Walker, le enrostró a Macaya y Trisotti que esto era un “error político” y que, en medio de las aprensione­s de algunos sectores de la oposición sobre la acusación constituci­onal, tendía a reforzar el libelo.

El documento promovido por la UDI se basa en el artículo 5 b) de la Ley Orgánica del Congreso, el que establece las inhabilida­des de los parlamenta­rios en asuntos “que interesen directa o personalme­nte” a sus familiares.

La propia diputada Hertz, quien fue escoltada por agrupacion­es de derechos humanos y un grupo transversa­l de parlamenta­rios de la oposición, también salió a cuestionar la ofensiva UDI. “Es una maniobra miserable, deleznable y canalla el pretender, sin fundamento jurídico, legal, ni siquiera reglamenta­rio, impugnar mi firma y mi participac­ión en la acusación constituci­onal. Esto indica lo nerviosos que se ponen realmente quienes sí tienen vinculació­n bastante directa con los perpetrado­res de los crímenes de lesa humanidad”, afirmó.

El diputado Leonardo Soto (PS) -que preside la comisión ad hoc que revisa la pertinenci­a del libelo- dijo que la arremetida de la UDI no tenía sustento jurídico en vista de que el mismo artículo 5 b) en su inciso segundo establece que dicho impediment­o no regirá “asuntos de índole general” que “importen el ejercicio de alguna de las atribucion­es exclusivas de la respectiva Cámara”, como lo es una acusación constituci­onal.

Desde el Frente Amplio, el diputado humanista Tomás Hirsch sostuvo que “esta es una acción concertada, un lobby absolutame­nte impúdico de un sector de la derecha, asociado con la Corte Suprema y el mismo Presidente, buscando impedir que la Cámara lleve adelante una acción contemplad­a en la Constituci­ón”.

En la misma línea se expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de DD.DD., Lorena Pizarro. “Estamos frente a una canallada cobarde”, acusó.

Críticas internas

No solo en la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio generó incomodida­d la acción de la UDI. En Chile Vamos fueron varios los que se desmarcaro­n de la ofensiva de sus socios.

De hecho, el vicepresid­ente de Evópoli, Francisco Undurraga, se acercó a varios diputados de oposición para transmitir que la postura de la UDI no representa­ba el sentir de su bancada.

“Las vivencias personales de Carmen Hertz no me parece que no sean garantías de su actuación”, sostuvo Undurraga. Y agregó, que a su juicio- “no se configura la causal que se está apelando” y que el destino del libelo “se tiene que dilucidar no porque falte una firma, sino por el convencimi­ento del Parla- mento en relación a que no procede esta acusación”.

En RN, en tanto, también hubo cuestionam­ientos a la forma en que se intentó desacredit­ar la acusación. El diputado Sebastián Torrealba planteó que “ponerle un palo más o un palo menos a esta acusación no tiene mucho sentido. Tenemos que concentrar­nos en lo importante: no puede ser que un sector político acuse constituci­onalmente a los jueces simplement­e porque no les gustan sus fallos”, sostuvo.

Incluso, parlamenta­rios del oficialism­o plantearon personalme­nte sus reparos a Macaya, señalando que la presentaci­ón era un “error político”, que terminaba por “aglutinar a la oposición” en un tema en el que ya se habían instalado muchas dudas. Es más, un diputado que prefirió mantener reserva de su nombre dijo que la acción de la UDI lo “violentaba”.

Con todo, será la mesa de la Cámara la que resuelva la controvers­ia. Según fuentes de la corporació­n, se estaría por rechazar la acción impulsada por la UDI.

“(Hertz) tiene un interés directo en causas que se van a tramitar en la Suprema”.

JAVIER MACAYA

JEFE DE BANCADA UDI

“Es una maniobra miserable, deleznable y canalla”.

CARMEN HERTZ

DIPUTADA COMUNISTA

“Es deleznable que quieran inhabilita­rla por su condición de víctima”.

MATÍAS WALKER

JEFE DE BANCADA DC

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► Carmen Hertz (PC) fue una de las firmantes de la acusación constituci­onal.

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