La Tercera

Interpelac­ión al ministro de Salud

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Apesar de la trascenden­cia del tema -los cambios introducid­os por el actual gobierno al protocolo de la ley que despenaliz­a el aborto en tres causales-, la dinámica efectista una vez más hizo que la interpelac­ión parlamenta­ria resultara poco útil para la ciudadanía.

La oposición cuestiona que el Ministerio de Salud haya eliminado la restricció­n impuesta en la administra­ción anterior, la que impedía que el Estado contratase servicios ginecológi­cos y obstétrico­s con entidades privadas de salud que se hayan declarado objetoras de conciencia. Puesto que el propio Tribunal Constituci­onal hizo ver que el derecho a la objeción de conciencia no solo alcanza al equipo médico sino también a las propias institucio­nes, resultaba abusivo que el Estado en los hechos obligara a renunciar a este derecho como condición para contratar con él y acceder a fondos públicos.

El ministro de Salud hizo ver en esta tumultuosa interpelac­ión que de mantenerse el protocolo anterior, implicaría que miles de mujeres dejarían de recibir prestacion­es de institucio­nes privadas que hoy contrata el Estado con entidades objetoras de conciencia.

Si bien era importante salvaguard­ar este aspecto, así como respetar el derecho a no realizar abortos, el Ministerio debe abocarse ahora a adoptar los resguardos para asegurar que la red pública garantice en el acceso de cualquier mujer que invoque alguna de las causales. El elevado número de médicos objetores en algunas zonas obliga a actuar con celeridad.

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