Una nueva ley de protección de datos personales para el Chile del futuro
En los últimos 20 años se han sucedido profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que nos ha llevado a transitar desde una sociedad industrial y analógica, a una sociedad digital. Esta sociedad digital ha traído una revolución del conocimiento, generando enormes caudales de información que es fácilmente accesible y puede ser almacenada a costos cada vez menores (el creciente uso del Big Data y del iCloud son una de prueba de ello).
La sociedad digital ha creado también una nueva economía: la economía digital, que tiene efectos positivos sobre el bienestar de los ciudadanos y de los países pues, entre otras cosas, es amigable con el medio ambiente, genera eficiencias en la asignación de recursos, posibilita la creación de nuevos negocios y aumenta la satisfacción de los consumidores. Hoy no es posible imaginar un negocio exitoso sin el uso intensivo de información. No por nada se dice que “los datos son el petróleo del siglo 21”.
Pero esta revolución del conocimiento genera nuevos desafíos para las sociedades y los gobiernos, especialmente en relación al uso legítimo de la información, particularmente aquella que concierne a las personas. Se trata, por tanto, de actualizar las reglas de conducta, diseñar nuevas instituciones y alinear los incentivos que permitan generar convergencias entre: la información de las personas y su uso; las libertades individuales y el interés público; la vida privada, la autonomía personal, la transparencia y la información pública.
Nuestro país no puede quedarse atrás en este camino. Si bien Chile cuenta desde 1999 con la Ley 19.628 que protege la privacidad de la información de las personas y regula su tratamiento, hoy es urgente modernizar esta legislación para asegurar una protección efectiva de los derechos de las personas y al mismo tiempo permitir el libre flujo de la información. Haciéndose cargo de este desafío, en marzo de este año, el Gobierno presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Esta iniciativa recogió el impulso inicial materializado en una moción parlamentaria presentada por los Senadores de la Comisión de Constitución señores Harboe, Araya, De Urresti, Espina y Larraín.
La propuesta busca dotar al país de una legislación moderna y flexible en el tratamiento de los datos personales, consistente con los compromisos internacionales adquiridos con la incorporación de Chile a la OCDE. Asimismo, refuerza los derechos ARCO, introduce un nuevo derecho vinculado a la sociedad digital, como el derecho a la portabilidad, y regula el flujo transfronterizo de datos personales. Dado que no es posible imaginar una relación con el mundo sin un intercambio fluido de información, esta regulación apunta a fortalecer la transferencia internacional de datos en un marco de seguridad, protección y reciprocidad.
El Estado y sus organismos poseen y utilizan importantes volúmenes de información de las personas. La propuesta redefine los estándares para el tratamiento de ellos, imponiéndoles a los órganos públicos principios, derechos y obligaciones, y un mecanismo expedito para que las personas puedan ejercer sus derechos y sancionar las eventuales infracciones.
Por último, se crea una autoridad de control denominada Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo público autónomo, de carácter técnico, encargado de regular y fiscalizar el tratamiento que se efectúe de los datos personales. También se contempla un modelo de cumplimiento de la ley que incorpora un catálogo de infracciones y sanciones, un procedimiento infraccional, la reclamación judicial y un sistema que previene e incentiva el cumplimiento voluntario de la ley.
Estamos convencidos que esta ley, una vez aprobada, nos volverá a situar como un país innovador en estas materias, abierto a los desafíos de la sociedad global y capaz de equilibrar la protección de los derechos de las personas con los desarrollos tecnológicos, la economía digital y el uso legítimo de la información.
Bernardita Piedrabuena es economista y asesora del Ministerio de Economía. Roberto Godoy es abogado y asesor del Ministerio de Hacienda.