DEBATE EN TORNO A LA POLÍTICA FISCAL

Para que la aplicación de la regla cumpla su propósito, debe existir suficiente información disponible en el mercado para que analistas privados evalúen su cumplimiento.

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Uno de los grandes avances -y que se ha constituido en un pilar de la política económica de Chile- fue la creación y posterior aplicación de una regla fiscal creíble, que ha incentivado al Estado a ahorrar en periodos de auge económico y a gastar más en periodos recesivos. Además, su implementación permitió en el pasado que la política fiscal jugara un rol contracíclico, suavizando los vaivenes de nuestra economía, los que previo a su aplicación se caracterizaron por ser muy volátiles.

Es por ello, que la discusión sobre su perfeccionamiento cobra tanta relevancia, pero sobre todo que su actual rol sea validado por el mercado y siga proveyendo el freno necesario para crecimientos del gasto público no sustentables.

En entrevista a este medio, el expresidente del Banco Central Vittorio Corbo manifestó dudas sobre el efectivo cumplimiento de la regla fiscal en el Presupuesto 2018 al afirmar que, “me cuesta pensar que esa cifra (aumento del gasto público 3,9%) sea compatible con la meta de reducir el déficit fiscal estructural en un cuarto punto del PIB”. Una de las inquietudes que planteó para evaluar el grado de cumplimiento de la regla pasa por saber qué elasticidades se usaron para estimar los ingresos estructurales en función de los parámetros usados como insumos para su cálculo, como es el PIB tendencial y el precio del cobre de largo plazo.

Estas válidas interrogantes deben ser motivo suficiente para plantear una discusión de fondo sobre el desarrollo de la política fiscal en nuestro país. Para que la aplicación de la regla cumpla su propósito, debe existir suficiente información disponible en el mercado para que analistas privados evalúen su cumplimiento. Además, se hace urgente institucionalizar su aplicación por la vía de crear un Consejo Fiscal autónomo, que pueda afianzar el compromiso fiscal en base a una regla objetiva, evaluar su cumplimiento en independencia del ciclo político y que a la vez pueda analizar propuestas de políticas públicas a la luz de los impactos en materia de gasto fiscal y financiamiento futuro.

La creencia generalizada al comienzo de esta administración en torno a que cualquier demanda social era posible financiarla con los ingresos fiscales disponibles, ha colisionado con la dura realidad que enfrenta cualquier país del mundo: los ingresos públicos son escasos y hay que priorizarlos. Lamentablemente, la posición fiscal de nuestra economía se ha deteriorado progresivamente, al punto que el Fondo Monetario Internacional estima que la deuda pública al 2020 superará el 30% del PIB.

El desafío que enfrenta la próxima administración en materia de política fiscal es múltiple. En primer lugar, se requiere perfeccionar el diseño de la regla e institucionalizar su aplicación para recuperar la confianza del mercado. Además, la convergencia hacia un balance estructural en el mediano plazo es esencial para evitar que la deuda pública alcance niveles preocupantes. Y todo lo anterior debe hacerlo manteniendo los niveles de recaudación, generando incentivos para la inversión y conteniendo las crecientes demandas sociales.