Feliz 18 en Estocolmo
LA VARIEDAD del sistema de educación superior (ES) debe garantizar la libertad de enseñanza en nuestro país. La riqueza de esta libertad radica en que permite una sociedad pluralista, enriquece los bienes culturales, vela por una mayor calidad del sistema y profundiza las bases democráticas de una sociedad. Es así como una universidad de orientación pública debe ser analizada desde una concepción basada en su quehacer y en las acciones que la universidad emprenda en pos del bien común, sin que prevalezca el origen de su propiedad como elemento discriminador.
La Red de Universidades Públicas no Estatales (G9) es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que agrupa a las universidades públicas no estatales del Consejo de Rectores (Cruch). Sus instituciones tienen tradición, servicio público, arraigo e identidad en el entorno regional y nacional. Son referentes nacionales e internacionales en varias materias.
Estas instituciones cuentan con el mayor promedio de años de acreditación; en pregrado y posgrado representan más de un 40% de la matrícula del Cruch, con la mitad de los alumnos y programas de doctorado. Sus académicos, titulados y graduados, representan el 50% del Consejo de Rectores. En cuanto a la investigación, su aporte al país representa más de la mitad de los proyectos Fondecyt y de las publicaciones indexadas, con gran calidad e índice de impacto. Además, cuentan con gran proporción de los proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica, patentes y licenciamientos.
Junto con la reafirmación del carácter público de estas instituciones, las propuestas prioritarias incluyen las siguientes áreas: 1) Acceso: el informe internacional Pearson hace imprescindible la incorporación de cambios al proceso de admisión universitaria. Una nueva institucionalidad, modificaciones a la PSU, la incorporación del
ESCRIBO esta columna para expresar mi alegría ante la decisión de la Comisión de Constitución del Senado de aprobar las reformas que le permitan el ejercicio del sufragio -en decisiones de índole nacionala aquellos compatriotas que viven fuera de nuestro territorio.
Se trata, sin duda, de una decisión largamente esperada. Apenas recuperada la democracia, en 1990, pareció que el tema se iba a resolver rápidamente. Estaba muy presente, entonces, la particular situación de aquellos miles de chilenos que por razones políticas sufrieron el exilio forzoso entre 1973 y 1990.
Los proyectos sobre el particular no se dejaron esperar. Recuerdo al efecto sendas mociones de los diputados Dupré y Palestro. No obstante gozar de apoyo mayoritario, estas iniciativas no lograban avanzar. Una y otra vez se imponía el veto porfiado de la derecha. De nada servía que hubiera mayoría simple en la Cámara, pues se trata de cuestiones orgánicas constitucionales que deben aprobarse con el voto de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio (así se explica, por ejemplo, que el 16 de mayo de 2007 se “perdiera” un proyecto, pese a ganar en la sala por 63 votos a favor y sólo 23 en contra).
Es una señal de progreso democrático que el gobierno del Presidente Piñera y una parte de Renovación Nacional hayan decidido finalmente que esta situación podía y debía ser corregida. Muchas son las causas de este cambio. Me atrevo a pensar que ha sido muy importante la campaña persistente de las organizaciones representativas de estos compatriotas, así como el compromiso infatigable de parlamentarios que, como Soledad Alvear, han hecho de esta causa una verdadera cruzada personal.
La UDI, por supuesto, seguirá oponiéndose a este nuevo avance democrático. Al hacerlo, este partido actúa en coherencia con lo que ha sido, desde su origen, su filosofía política: mientras menos democracia, mejor. Por eso mismo, no sólo fueron el soporte principal de la dictadura de Pinochet, el eje de la campaña del Sí, quienes querían alcaldes designados corporativamente, los que defendieron el ar- tículo 8º y los senadores designados. Son, en fin, los que siguen frenando el necesario cambio electoral.
Es parte de esta filosofía poco democrática, por supuesto, el argumento que hemos escuchado en el sentido de que sólo tendrían derecho a decidir sobre los asuntos de Chile quienes pagan impuestos en Chile. Siguiendo esa lógica, habría que postular un voto de más peso para los que pagan más impuestos y privar del sufragio a los pobres que apenas pagan el IVA y lo hacen con lo que reciben en bonos o subsidios. Al usar el argumento de los impuestos, la UDI cree encontrarse en la grata compañía de los whigs británicos y de los patriotas virginianos que reclamaron en su momento no taxation without representation. En la práctica, sin embargo, están, más bien, en la misma posición del miope ministro Tory, que les decía a los colonos americanos que si querían voz y voto en los asuntos del Imperio sólo tenían que atravesar el Atlántico.