Correos de Chile advierte efecto financiero por huelga
Gerente dijo que las ventas están casi en cero y que podrían cerrar el año con pérdidas. Retail y bancos están optando por otras firmas privadas para distribuir sus estados de cuenta.
El conflicto que mantiene enfrentados a más de 4.000 trabajadores con la administración de Correos de Chile ya suma casi un mes. El 22 de julio, los cuatro sindicatos de la estatal paralizaron las actividades. Desde hace 13 días, dos sindicatos se mantienen en huelga legal, mientras que otros dos están en paro ilegal.
Uno de ellos es el Sindicato de Carteros que votará la huelga el 26 de agosto y el otro es el Sindicato Nacional Nº 1 de Trabajadores que ya realizó la votación y está a las espera del cumplimiento del plazo legal para hacerla efectiva, según indicó el secretario de este sindicato, Hernán Madrid.
El gerente general de Correos de Chile, Pablo Montané, explicó que las ventas están prácticamente en cero, lo que tendrá un fuerte impacto en los resultados. La paralización afecta a los servicios postales y de encomienda. El efecto es sobre los estados de cuenta que distribuyen del retail y banca y los cheques de pensionados que eligieron ese método de pago.
Para evitar complicaciones Correos dio aviso a las entidades financieras para que los pensionados puedan retirar los pagos directamente en las sucursales bancarias.
Aún no se han cuantificado las pérdidas, en espera de la extensión que pueda alcanzar la movilización. “Veníamos con una situación interesante de utilidades y con un mes menos de ventas se nos achicó el año. Ahora vamos por el camino de las pérdidas”.
Montané enfatizó que Correos había logrado revertir los resultados de los últimos años atrayendo nuevos clientes. Ahora indica que esas confianzas se están perdiendo. Por la movilización, las empresas de retail y bancos han recurrido al servicio de correo privado. “Estamos dejando un espacio fuerte para nuestra competencia”, dijo.
Las movilizaciones se iniciaron en el marco de la negociación colectiva de los sindicatos con la empresa. El petitorio incluye un reajuste de $ 50.000, más un bono de término de conflicto de $ 1,5 millones y acortar la vigencia del contrato colectivo, de tres a dos años.
Actualmente, el ingreso que recibe un trabajador recién llegado corresponde al sueldo mínimo, mientras que en promedio, el sueldo de los empleados es de $ 350.000.
La estatal ofreció un reajuste salarial de hasta 14% (según ingresos), que se traduce en $ 29.000 para quienes tengan menores salarios, y un bono por término de conflicto de $ 1,7 millones. A eso se suma un reajuste de 15% en beneficios de escolaridad, nacimientos y similares. Otros beneficios se r e a j us t a r á n s e g ún I PC. “Nuestra propuesta es muy responsable, es histórica en términos de sus números, poniendo a disposición de los trabajadores las utilidades proyectadas que teníamos para los próximos cuatro años”, indicó Montané.
El ofrecimiento fue rechazado por los trabajadores y la empresa sigue en posición de negociar.
Las movilizaciones se han ido radicalizando conforme pasan los días, llegando a las huelgas de hambre de tres trabajadores, mientras que el viernes, un grupo de empleados levantó un campamento en el río Mapocho, en espera de la resolución del conflicto.