Por qué los empresarios sacan toda la liquidez de sus empresas
Por mucho que el gobierno promueva iniciativas de apoyo a la industria, es hora de reconocer que hoy nuestra economía dificulta seriamente la capitalización de las empresas. Ahora, ello no se puede atribuir a una falta de competencia de los trabajadores o de los empresarios, ya que tanto aquéllos como éstos han demostrado, a lo largo de nuestra historia reciente, una notable inventiva para sobreponerse a vaivenes que otros países rara vez han enfrentado. Quiero decir, en la Argentina tenemos una capacidad enorme para generar valor. El problema es que este luego se desvanece frente al sistema de pasivo laboral.
Para ser claros, el pasivo laboral es la deuda potencial que los empleados significan para sus empleadores en términos de eventuales costos resarcitorios. Podemos examinar, por un momento, el efecto que tiene sobre el valor de las empresas a partir de un ejemplo simplificado. Un local comercial con apenas cuatro empleados en blanco (que, con las últimas paritarias ganan cerca de 95 mil pesos por mes) generará anualmente un pasivo laboral de 380 mil pesos. Así, al cabo de sólo cuatro años, se habrá incrementado hasta superar el millón y medio —y si es como gran parte de los locales del país y opera en un espacio alquilado, tendrá pocos activos para equilibrar su balance. En ese marco, su situación financiera se deteriorará progresivamente con cada año de actividad y, de alcanzar una década de funcionamiento con esos empleados, deberá contar con activos de un valor cercano a los 4 millones de pesos para contrarrestar el efecto del pasivo laboral sobre su valoración —más allá de que su día a día sea redituable. ¿Tiene sentido, realmente, sostener un sistema así?
Además, hasta aquí hemos obviado el efecto de la inflación: si la incorporamos al análisis, quedará claro que no tiene sentido que los empresarios intenten equilibrar sus balances en el marco actual. Con cada nuevo acuerdo paritario, aquella impacta inmediatamente sobre el pasivo laboral, dado que en la Argentina la indemnización se calcula a partir de la mejor remuneración percibida por el trabajador en el último año.
Pero incluso, mientras la inflación, por un lado, acrecienta esta deuda en potencia, del mismo modo derrumba el valor real de los activos líquidos, estableciendo así trayectorias divergentes entre el debe y el haber. El emprendedor del ejemplo mencionado, por muy buenas intenciones que tenga, no tiene incentivo alguno para intentar reunir 4 millones de pesos que le hagan frente al pasivo acumulado a lo largo de esos diez años. De hacerlo, estará entregándose al destino de Sísifo, condenado a empujar cuesta arriba una enorme piedra, solo para que, antes de alcanzar la cima, aquélla ruede irremediablemente hacia abajo y lo obligue a empezar desde cero de nuevo.
Entonces, si dar trabajo, en el marco actual, equivale a hundir la valoración de las empresas, a los empresarios se les presentan una serie de alternativas que, a nivel agregado, componen el cuadro inquietante que nuestra economía atraviesa. La primera opción, claro está, es restringir la contratación de personal lo más posible. A medida que el sector privado empieza a resistir el ingreso de una creciente masa de personas, el Estado se ve obligado a brindar contención, ofreciéndose como empleador de último recurso. Luego, enfrentado a los límites de su propia capacidad de dar trabajo, recurre a sostener la situación económica de las personas que no consiguen empleo privado ni público mediante planes sociales. Pero en el actual contexto de déficit fiscal, estos excedentes de gasto público se financian con emisión, que aviva la inflación y, así, da inicio a una nueva vuelta del ciclo vicioso que progresivamente empeora la coyuntura socioeconómica y el pasar de las empresas a la vez.
A su vez, cabe señalar que la resistencia a tomar personal en el sector privado se sostiene incluso en perjuicio de la capacidad de responder a incrementos de demanda. Si el mercado no es capaz de responder a éstos elevando los niveles de producción, encuentra su punto de equilibrio mediante el aumento de precios, constituyendo así un factor inflacionario adicional.
Entonces, resignado a que su empresa pierda valor con los años, el empresario no encuentra incentivos para invertir. Con la mirada puesta en lo micro, distribuye dividendos para poner las ganancias a salvo del pasivo laboral. Y atento a la tendencia macro, convierte ese capital a dólares para ponerlo a salvo de la tendencia inflacionaria del peso. Ello se registra como una salida de capitales, debilita el mercado financiero local y contribuye a la falta de inversiones.
En efecto, estamos ante una bola de nieve que empeora los principales indicadores económicos en simultáneo, tanto a nivel micro como macro. Pero honestamente, ya no podemos seguir fingiendo extrañamiento frente a ello. Hace ya sesenta años, a partir del célebre efecto mariposa de Lorenz, sabemos que los sistemas complejos tienen una dependencia sumamente sensible a las condiciones iniciales. A fin de cuentas, todo se reduce a los incentivos que hay en juego y en la Argentina el marco laboral disuade la contratación de personal en vez de fomentarlo. Para arreglar el desequilibrio que ello genera, hay que volver al principio.
En ese sentido, la solución que hace tiempo vengo señalando es la Mochila Argentina, una mejora del sistema de pasivo laboral que restablece incentivos saludables en el marco indemnizatorio de nuestro país. La propuesta consiste en que las empresas paguen, mensualmente, un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sobre sus masas salariales a una entidad de control a designar. Si eventualmente hubiera despidos, ésta pagará los resarcimientos en forma actualizada con los fondos recaudados. Además, contrario a lo que ocurre ahora, el sistema premiará las relaciones duraderas de trabajo, dado que las empresas con empleados de larga antigüedad tenderán a pagar un SGI más cercano al piso de 2% que al tope de 8.33%.
La dinámica del empleo, así, cambiará diametralmente si el sector privado vuelve a tener alicientes reales para tomar personal. Pero además, los trabajadores recibirán beneficios no contemplados en el sistema actual: llevarán su antigüedad laboral de empresa en empresa, como en una mochila, para fomentar la movilidad en busca de mejores salarios. Asimismo, cobrarán sus indemnizaciones incluso si decidieran renunciar, por la razón que fuera. Finalmente, la distinción entre despido con y sin causa desaparecerá, poniendo fin, así, a la necesidad de litigar para hacer frente a maniobras fraudulentas —que, además, supone dividir los resarcimientos con abogados.
Creo firmemente que esta propuesta, con menores costos para las empresas y una expansión de los derechos de los trabajadores, es la clave para sanear los aspectos disfuncionales de nuestra economía (de hecho, invito a que la conozcan en detalle en www.mochilaargentina.com). Celebro, además, que el tema esté cobrando relevancia, visto que está siendo discutido por las principales fuerzas políticas del país. Pero, insisto, no puede quedar en meras palabras: la transformación, en este contexto, no es sólo necesaria sino urgente. La Argentina necesita crecer y para ello debemos liberar la fuerza del trabajo, hoy estanco. Si no lo hacemos, no finjamos sorpresa cuando la piedra ruede hasta abajo y haya que empezar de nuevo.