ORFANDAD EN UN CONURBANO SIN CIFRAS
El historiador ve un Gran Buenos Aires degradado, un territorio donde se rompió el lazo vecinal y no se proyectan voces propias, hoy delegadas en la burguesía política.
Hasta dónde ha penetrado el Covid-19 en las barriadas humildes del AMBA? Su caldo de cultivo ha sido, sin duda, los sectores más globalizados, por sus desplazamientos internacionales. Por lo tanto, su epicentro estaría más bien en los barrios de clase media y alta de la CABA y en las zonas residenciales del primer cordón del GBA. Perspectiva que no debe perder de vista las relaciones dinámicas entre esos sectores y las clases populares suburbanas: desde el servicio doméstico y las tareas de vigilancia y limpieza, pasando por los auxiliares gastronómicos y las microempresas de servicios diversos, entre muchas otras. ¿Alcanzan esos contactos para diseminar el coronavirus en la zona sur y el Conurbano? Preguntas de respuesta imposible en las actuales condiciones. El que fuera el país de Ramón Carrillo, Ministro de Salud de Perón, no cuenta con datos fidedignos sobre el nivel de contagios en el GBA, por la carencia de insumos y las estadísticas dudosas que suelen presentar los municipios, en procura de mejorar su participación en el reparto de la coparticipación provincial.
Un ejemplo práctico y al pasar: ¿con cuántas camas cuenta cada distrito? Una comprobación empírica podría deparar sorpresas desoladoras a los funcionarios de las carteras ministeriales provincial y nacional. Todas pruebas de la degradación profunda en las últimas décadas de la que fuera la administración estatal más poderosa de América Latina.
Problema que se conecta con otro: el desconocimiento creciente y progresivo de los territorios pobres por el estamento dirigente que se ha consolidado al compás de la democracia y que lo ha catapultado a un vertiginoso ascenso social restringido para otros sectores. Encarnan el trasvasamiento progresivo de dirigentes de extracción popular más próximos a sus sitios sociales de origen– como los viejos “barones” y sus sequitos de funcionarios-, a manos de profesionales de clase media con poca experiencia en el reconocimiento de los barrios populares. Constituyen una suerte de burguesía política que ha tendido a encerrarse temerosa en guetos residenciales distanciados respecto de territorios populares cuya complejidad, conforme la pobreza se afianza, requiere de más atención que nunca. Su contacto con esos mundos se mediatiza por operadores de base que siguen sus pasos aspiracionales encargándose, a diferencia del inquebrantable compromiso vecinal de los antiguos punteros, del recorte venal de los repartos asistenciales cuyos beneficiarios contemplan con un descontento a duras penas contenido por la necesidad. Sin duda, una crisis de representación larvada en un difuso sentimiento de orfandad; obligando a sus referentes a negociaciones contenciosas que aumenta su volatilidad potencial.
Todas estas consideraciones podrían resultar contradictorias respecto de la adscripción mayoritaria de los sectores populares del Conurbano respecto del kirchnerismo. No lo son; aunque por diversas razones. Sin duda, desde fines de la década pasada el kirchnerismo afianzó su representación de la pobreza suburbana. Suficiente como para en las actuales condiciones institucionales detente un poder de veto tanto para oficialismos peronistas mixtos como el actual, o no peronistas como el que concluyó en diciembre de 2019. Pero esos apoyos distan de tener la incondicionalidad de aquellos del peronismo histórico, que acentuó la excepcionalidad argentina respecto en el resto de América Latina: el ingreso de las masas trabajadoras en sus robustas clases medias.
El kirchnerismo representa otra cosa: no la incorporación de los pobres a un estado de derecho social sino el perfeccionamiento de las políticas asistenciales desarrolladas por ensayo y error desde 1983. Mejora plasmada en subsidios como la AUH o el cooperativismo nominal administrado desde intendencias y organizaciones sociales. Suficiente para sostenerse, diversificar su alimentación, eventualmente mejorar sus viviendas, adquirir vehículos usados, motos o electrónicos y poder salir del encierro de los barrios efectuando algunas compras en grandes supermercados o los centros comerciales más próximos. Todo ello decantó en un conjunto de valores simbólicos afianzados por la pertinaz propaganda lanzada desde las cadenas nacionales cotidianas entre 2011 y 2015; útiles para neutralizar el malestar con las maniobras especulativas de base. Aunque sin resolver problemas congénitos de la pobreza como la perenne precariedad dominial de terrenos y viviendas y la realización inconclusa y de baja calidad de obras de urbanización indispensables para sacar a los barrios del aislamiento garantizándoles niveles civilizados de salubridad y la insuficiencia de agua potable; solo para empezar.
A ello se suma la inseguridad endémica de convivir con bandas mafiosas que cuando dominan un área liberada, dejan siempre expuestos a muchos, con eventuales expulsiones punitivas de sus viviendas. O de un narcotráfico que se devora impiadosamente a una mano de obra servil de corta vida útil, reclutada entre los jóvenes desafiliados de clanes estallados en los márgenes de las propias comunidades barriales. Todo contribuye a tensar las relaciones intervecinales con una tonalidad justiciera cuya expeditividad es proporcional a la ineficacia fáctica o deliberada del Estado.
La liberación de presos de las últimas semanas, por caso, ha contribuido en muchas barriadas a sembrar la zozobra. Hay una activa comunicación entre los detenidos y sus allegados que prometen venganzas punitivas respecto de antiguas traiciones afianzando las estrategias defensivas de vecinos que velan las armas. Un combo que impide consagrar incondicionalidades sinceras como aquella que otrora rezaba la disposición a dar “la vida por Perón”. En el Conurbano profundo, sin visos de reintegración del tejido social, nadie está dispuesto a dar la vida por nadie; salvo en un plano declamativo que siempre incuba alguna estrategia de supervivencia.
Hay otras realidades acuciantes cuya escisión de la dimensión estrictamente epidemiológica constituye un grave error de percepción. La administración estatal de la pobreza solo abarca a aproximadamente un 40 % de los carenciados. El resto, a los que los beneficios no llegan –o sólo lo hacen parcial e indirectamente–, está ingresando en una crisis terminal. La ayuda prometida por la ANSES ha llegado muy irregularmente y es, por lo demás, tan insuficiente como los subsidios municipales de bolsas de alimentos suministradas a cuentagotas. Son aquellos que se visibilizan vendiendo diferentes artículos en los medios de transporte y en los centros urbanos: desde cafeteros y vendedores de chipa, pan casero o tortillas asadas hasta feriantes y remiseros; pasando por cartoneros, pequeños emprendimientos familiares o vecinales de albañilería, pintura y plomería. Han llegado al límite de sus reservas; y hoy engrosan el número de asistentes a los comedores comunitarios repletos y desabastecidos. Algunos recurren incluso a una práctica alarmante tanto en los centros como en las arterias de los propios barrios: revolver las bolsas de residuos en procura de restos de comidas.
En suma, el cuadro no novedoso de una explosividad siempre candente, agravada por una coyuntura sin precedentes y de final abierto por no preverse políticas focalizadas acordes a esas realidades. Problema que actualmente se replica en un dogmatismo sanitario que, de no flexibilizarse a tiempo mediante una gestión inteligente, podría depararle al país la desagradable repetición de una eclosión social de proporciones.