Turquía contra el mundo académico. Acerca de la censura de intelectuales en ese país
El gobierno de Ankara quiere enjuiciar a intelectuales que firmaron una solicitada a favor del partido kurdo en 2016.
Un tribunal de Estambul abrió un juicio contra 148 académicos acusados de “difundir propaganda terrorista” por firmar un manifiesto a favor de la paz en las regiones kurdas de Turquía. La Fiscalía de ese país pide siete años y medio de prisión para los acusados de una presunta propaganda a favor del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía, considerada organización terrorista por Ankara, EE.UU. y la Unión Europea (UE). El delito por el que se les acusa conlleva penas de cárcel de hasta cinco años, pese a que las organizaciones de derechos humanos califican el proceso de “violación del derecho a la libertad de expresión y académica”.
El manifiesto, titulado “No seremos parte de este crimen”, criticaba la respuesta bélica dada ante el resurgimiento de la violencia en el sudeste kurdo y, en especial, el sufrimiento causado a la población civil durante los cercos militares contra varias localidades en las que se habían hecho fuertes militantes del PKK. El texto fue firmado por más de 2.000 profesores en enero de 2016 sin saber que se convertiría en su sentencia de muerte laboral desde el momento en el que el presidente Recep Tayyip Erdogan denunció a sus impulsores como “traidores”, “cómplices del PKK” y “quintacolumnistas”.
La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió que los cargos contra los académicos están injustificados y que el juicio muestra la influencia del Gobierno sobre el poder judicial. “No hay nada en el manifiesto que justifique un cargo tan absurdo. Llevar a los académicos a juicio muestra el afán del Gobierno turco de establecer un sistema de justicia penal contra quienes no están de acuerdo con él”, afirma HRW en un comunicado.
Al menos 463 de los firmantes del manifiesto han sido expulsados de sus universidades, 380 de los cuales no podrán ejercer en ninguna institución pública por orden de un decreto emitido bajo el estado de emergencia que da amplios poderes al Gobierno y está vigente desde mediados de 2016. Uno de los académicos juzgados, el profesor Ibrahim Kaboglu, declaró a la agencia EFE que su procesamiento y los decretos del Gobierno que provocaron su expulsión de la carrera contradicen las convenciones internacionales y muestran una gran falta de humanidad. “Espero que aún haya jueces en Turquía, que al ver una pelea quieran separar y calmar a las dos partes, sin buscar el lado correcto o incorrecto. Nuestra inocente demanda fue esa”, declaró al rotativo BirGün Kuvvet Lordoglu, otro académico.
El juicio contra los 148 docentes e investigadores universitarios se alargará previsiblemente hasta el 17 de mayo del próximo año, y se espera que durante este período se abran nuevos casos contra el resto de los académicos que firmaron el manifiesto de paz.
“No hay nada en el manifiesto que justifique imputaciones tan absurdas. Someter a juicio a los académicos muestra la disposición del Gobierno turco a utilizar el sistema de justicia criminal contra aquellos que se le oponen”, denunció Hugh Williamson, director de HRW para Europa y Asia Central.