¿Destituirán a Trump?
Por primera vez hay serias dudas de que el Congreso, incluyendo al Senado, controlado por los republicanos, siga tolerando la peligrosa conducta del
industria del gas natural, donde Hunter Biden (hijo de Joe Biden) fue miembro de la junta directiva de una empresa mientras su padre era vicepresidente y tenía a su cargo promover la lucha contra la corrupción generalizada en Ucrania. (No se han probado actos ilícitos de ninguno de los Biden.)
En tanto, dos clientes de Giuliani nacidos en Rusia, que vivieron en Estados Unidos y también tuvieron trato con la industria energética ucraniana, fueron arrestados en el aeropuerto Dulles, a las afueras de Washington, bajo la acusación de haber hecho aportes de campaña ilegales por 630 mil dólares, a partir de 2016, a candidatos y comités de acción política republicanos, incluidos 325 mil dólares a un comité pro Trump. Trump negó conocer a los dos, pese a que hay fotos de los tres en una cena en la Casa Blanca (se excusó diciendo “tengo fotos con todo el mundo”). Se cree que el dinero lo proveyó un oligarca ruso.
Las donaciones incluyen una cuantiosa suma para un congresista republicano a quien presionaron con éxito para que pidiera el despido de la embajadora estadounidense ante Ucrania, Marie Yovanovitch, que venía siguiendo una agenda anticorrupción. El secretario de Estado Mike Pompeo despidió a Yovanovitch en mayo, aunque ella no hizo nada malo (según confirmó una figura del Departamento de Estado). A pesar de las objeciones de la Casa Blanca, Yovanovitch dio testimonio ante una subcomisión de la Cámara de Representantes. El testimonio fue a puertas cerradas, pero Yovanovitch publicó su declaración introductoria ante la subcomisión, en la que recalcó el “vaciamiento” del Departamento de Estado durante la presidencia de Trump.
Se dice que el personal del Departamento de Estado está cada vez más desmoralizado por el papel de Pompeo como ejecutor de la agenda política de Trump, en particular su aparente falta de protección a Yovanovitch, una respetada funcionaria de carrera del servicio exterior. Se sabe que Pompeo tiene ambiciones presidenciales, y se ha cuidado de enemistarse con Trump o con sus seguidores. A varios funcionarios del departamento también les preocuparon las incursiones en política exterior de Giuliani, a quien se investiga penalmente por violación de las leyes de lobby.
El error colosal que cometió Trump al acceder al pedido de Erdogan de sacar de en medio a las tropas estadounidenses para que Turquía pudiera invadir el territorio controlado por los kurdos en el noreste de Siria empeoró considerablemente su situación política. Los kurdos tienen el apoyo de demócratas y republicanos por su lealtad hacia Estados Unidos en Irak y Siria, y ahora Estados Unidos los vendió. Hasta el senador Lindsey Graham, uno de los pocos políticos republicanos que defienden la estrategia de Trump con Zelensky, atacó furiosamente al presidente. Y en un hecho sumamente inusual, también lo criticó el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell; dijo que “una retirada precipitada de las fuerzas estadounidenses de Siria solo beneficiará a Rusia, Irán y el régimen de Al-Assad, y aumenta el riesgo de que EI y otros grupos terroristas se reagrupen”. La defensa de Trump de su decisión fue realmente estrambótica: dijo que los kurdos no ayudaron a Estados Unidos durante la toma de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de congresistas bipartidario preparó duras sanciones contra Turquía, tras unas medidas más débiles impuestas por Trump.
Hace poco Trump perdió una seguidilla de demandas judiciales, incluida una por la que deberá entregar sus declaraciones de impuestos al presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y otra sobre su declaración de una emergencia de seguridad nacional para desviar fondos edilicios del ejército hacia la construcción de su infame muro. Ahora amenazó con demandar a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y al presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, por el intento de iniciarle juicio político. Es habitual que Trump haga esas amenazas y después no las cumpla. Pero hizo que su asesor jurídico en la Casa Blanca enviara a Pelosi una carta donde asegura que la apertura de la investigación para el juicio político es inconstitucional y jura que la administración no cooperará en modo alguno. El desafío de Trump al Congreso es garantía casi segura de que se le iniciará juicio político por obstrucción de la Justicia, entre otras posibles acusaciones. Y se espera que esta semana aparezcan otros testimonios inculpatorios.
Suponiendo que al final la Cámara apruebe una acusación formal a Trump, subsiste el hecho de que en el Senado hay muchos menos votos que los necesarios para condenarlo y destituirlo. Pero ahora, que el Congreso (incluido el Senado) esté dispuesto a seguir tolerando la peligrosa conducta del presidente (que pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos) está realmente en duda.
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