El hijo prófugo todavía no pudo cantar victoria
Rodríguez Simón quiere volver al país después de tres años con pedido de captura y Servini le habilitó el regreso, pero la decisión fue objetada. Ahora define la Cámara.
Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encontró con un escollo para su regreso a la patria. El fiscal Guillermo Marijuan apeló la decisión de la jueza María Servini de eximirlo de prisión después de haber estado más de tres años prófugo en Uruguay. La Sala II de la Cámara Federal deberá decidir si convalida la resolución de Servini y allana el camino para que el operador judicial de Mauricio Macri retorne al país.
El martes, el abogado de Rodríguez Simón, Gustavo de Urquieta, se presentó en Comodoro Py para avisar que su defendido quería volver y, por ende, ponerse a derecho. Según “Pepín”, con el cambio de gobierno, se habían terminado sus temores de ser “perseguido”.
Marijuan rechazó la pretensión de eximirlo de ir a la cárcel. El fiscal dijo que se lo investigaba en una causa grave en la que están involucrados funcionarios del más alto nivel –entre otros, el propio Macri. A Pepín se lo acusa de haber presionado, durante el gobierno de Cambiemos, a Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo –propietario del canal C5N– para desapoderarlos de sus bienes.
A contramano de lo que planteó Marijuan, la jueza Servini le concedió el miércoles la exención de prisión. Dijo que era una muestra de “cuán errado” estaba Pepín cuando planteó que era víctima de una persecución en la
Argentina. La magistrada dispuso que para quedar libre el operador debería abonar una caución de 3.120.000 dólares y que no podría ausentarse de su domicilio por más de 24 horas y que debería presentarse mensualmente en el juzgado.
Marijuan hizo que el regreso de “Pepín” quede en suspenso porque apeló la resolución de Servini. El fiscal le recordó a la jueza muchos de los argumentos que ella misma había dado cuando dictó la captura internacional y ordenó la extradición de Rodríguez Simón.
Pepín se fue del país el 8 de diciembre de 2020. Ya estaba siendo investigado por los aprietes al Grupo Indalo, pero no avisó en el juzgado que viajaría. Se trasladó en medio del aislamiento obligatorio por la covid-19.
Recién en marzo de 2021, cuando lo llamaron a indagatoria, Pepín avisó que estaba trabajando en Uruguay y que volvería el 15 de mayo. Explicó que estaba asesorando a inversores argentinos radicados allí y que estaba con un emprendimiento turístico en la zona de Rocha.
Servini puso una nueva fecha de indagatoria. Pero Pepín no apareció. La jueza se enteró a través de una entrevista en el canal La Nación+ de que el operador no iba a presentarse porque había iniciado los trámites para que le otorgaran el asilo como refugiado, asilo que no consiguió.
Marijuan remarcó que a Pepín lo investigan por amenazas –que tiene una pena de dos a cuatro años de prisión– y por extorsión –que tiene una pena de cinco a diez años de prisión–. “La escala prevista para los delitos por los cuales fue convocado a brindar declaración indagatoria no permite la concesión de la exención de prisión del imputado”, escribió el fiscal.
La Sala II de la Cámara Federal porteña es la que debe revisar la exención de prisión que Servini le otorgó al operador Rodríguez Simón.
“No desconoce el suscripto que existen en nuestro ordenamiento legal distintas medidas menos lesivas que el encarcelamiento para asegurar los fines del proceso, mas, las circunstancias descritas hacen considerar fundadamente que ninguna de ellas resultaría suficiente para evitar el riesgo de fuga”, añadió Marijuan.
La Sala II de la Cámara Federal porteña –integrada por Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah– es la que deberá revisar la resolución de Servini recurrida por Marijuan.
La otra sala de la Cámara Federal tiene que decidir si convalida el cierre de otra causa en la que estaba acusado Pepín: la de la mesa judicial macrista, donde se describían aprietes a jueces y fiscales que no comulgaban con el gobierno de Macri. En el caso de Rodríguez Simón, él estaba acusado de haber amenazado a la procuradora general Alejandra Gils Carbó para que renunciara a su cargo.
Por primera vez como parte acusadora en un juicio oral y público de lesa humanidad, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) solicitó penas a un grupo de personas acusadas de planificar y ejecutar maniobras para “lavar dinero” robado a una víctima de la última dictadura cívico militar. Les acusados son les hijes de Miguel Save, represor integrante de la patota que dirigía Aníbal Gordon y operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, quien utilizó varios millones de dólares robados de la casa de un dirigente uruguayo detenido desaparecido para adquirir unos terrenos en Chascomús. La UIF solicitó penas de entre 3 y cinco años de prisión para ellos, además de multas millonarias y el decomiso de los bienes.
El abogado querellante en representación de la UIF, Roberto Martínez, inició su alegato afirmando que “durante este juicio quedó probado que, a través de una cadena de poderes, sesiones, y escrituras públicas finales, se falsearon identidades, se labraron actos y se consignaron valores simbólicos de acciones de compraventa para arribar a la titularidad de los bienes” que fueron adquiridos con la plata que la banda de Gordon se robó de la casa de Alberto Mechoso Méndez el día de su secuestro,
Miguel Save fue un represor integrante de la patota que dirigía Aníbal Gordon y operaba en “Automotores Orletti”.
en septiembre de 1976. También se acreditó que les hijes de Save, Marcelo, María Eugenia, María Natalia y Ana María, “tenían conocimiento de las acciones de su padre durante el terrorismo de Estado” así como el “origen ilícito de los bienes que pretendieron ingresar a su patrimonio dándole apariencia legítima”.
Así, al cabo de poco más de dos horas durante las cuales describió cada una de las “maniobras” mediante las que les acusades intentaron “lavar” los bienes adquiridos con el dinero “malhabido” de su padre represor: dos parcelas de 36 hectáreas en total ubicadas en un barrio residencial a la vera de la laguna de Chascomús, ciudad natal de los Save.
Se trata del primer juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo por delitos de lavado de bienes provenientes o vinculados con el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio desplegado durante la última dictadura. La UIF también