INJUSTICIA
Detrás de las noticias de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel hay un mismo conflicto: la reivindicación de tierras por parte de los pueblos originarios. La reforma constitucional de 1994 incorporó en el inciso 17 del artículo 75 el reconocimiento de los pueblos indígenas luego de más de un centenar de años de olvido. Sin embargo, la intención de los constituyen- tes no fue suficiente para resolver el problema aborigen y en el 2006 se sancionó una ley clave, la 16.160, que ordenaba la suspensión de los desalojos judiciales de las comunidades y le exigía al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas llevar adelante el relevamiento técnico jurídico catastral de las comunidades, su composición y los territorios que reclamaban como propios.
La ley declaraba la emergencia y se pensó que debería resolver la cuestión en cuatro años. Sin embargo, pasó el tiempo y no se detuvieron los desalojos ni se hizo el relevamiento, por lo que el Congreso decidió prorrogar una vez que se cumplió el plazo. Lo mismo volvió a pasar cuatro años más tarde y el 23 de noviembre (el mismo día que el juez Gustavo Villarreal ordenó el desalojo en Mascardi), cuando el Congreso votó en silencio la nueva prórroga.
“Como el Estado incumple con su obligación las comunidades van y recuperan de hecho. Esa es la justificación”, explicó a NOTICIAS Silvina Ramírez, de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas. “Si se hubiera hecho el relevamiento no tendríamos esta situación”, agregó la letrada que insistió en que aunque la ley 16.160 no se aplica como debe ser, su prórroga es fundamental para poder frenar las órdenes de desalojo.