“Pacto de mayo” y sus efectos sobre los tres niveles de gobierno

Luego del discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1° de marzo pasado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) decidió analizar uno de los puntos del llamado “pacto de mayo”; concretamente, el que propone volver a un peso relativo del gasto consolidado (el gasto público de la Nación, provincias, Caba y los municipios) de un cuarto (25%) del producto interno bruto (PIB).

El propósito central de este trabajo es analizar de manera integral la historia del gasto consolidado entre 1993 y 2023 (en ciertos años, el gasto provincial y municipal ha sido estimado debido a la falta de información oficial), para luego mostrar cómo debería ser la estructura del gasto para lograr un nivel relativo de 25% del PIB. Para esto se usa al año 2004 como base, ya que, durante todo el periodo, es el único año cuyo gasto del 25,6% del PIB seacerca al propuesto.

Lo primero que resulta relevante analizar es qué nivel relativo tiene actualmente el gasto público argentino. Durante este año, el Gobierno nacional está llevando adelante un proceso de ajuste del gasto público. Si se anualiza el recorte de gasto del primer trimestre se tiene que su reducción es del orden de 6 puntos porcentuales del PIB.

Dada la importancia del análisis por realizar en este estudio, resulta apropiado utilizar como gasto actual anual el gasto de un año completo. En efecto, en este trabajo se considera como gasto actual el del año 2023.

Según los niveles de gasto del Gobierno nacional, las provincias, Caba y de los municipios, el peso relativo del gasto consolidado en 2023 fue de 39,5% del PIB. La estructura del gasto por nivel de gobierno permite afirmar que a la mitad del gasto la ejecutaba el gobierno nacional y a la otra mitad, las provincias, Caba y los municipios. Concretamente, las provincias y Caba, un 40%; y los municipios, un 9%.

El otro aspecto que resulta relevante para la sociedad argentina es el destino que tiene el gasto público. El principal gasto es el destinado al pago de sueldos y contrataciones de personal por parte del Estado: 12,2% del PIB.

El 65% del gasto salarial se concentra en las provincias y en Caba, que están a cargo de las prestaciones de servicios intensivos en mano de obra como la salud y la educación.

El segundo gasto más importante de Argentina es el de prestaciones de la seguridad social, con un 9% del PIB. En este caso, $ 75 de cada $ 100 que gasta el Estado nacional se concentra en el gobierno nacional.

El tercer gasto más importante es en transferencias corrientes. Acá entran los subsidios a la energía, al transporte, los programas sociales, las transferencias a las universidades, entre otros. En este caso, la presencia del gobierno nacional, a cargo de los subsidios más significativos, se aproxima al 80%.

Si se suman el gasto salarial, el gasto en jubilaciones y las transferencias corrientes, los tres gastos más importantes, se obtiene una relación equivalente al 29,4% del PIB. Es decir que estas tres asignaciones del gasto totalizan prácticamente el 75% del gasto público consolidado argentino. El restante 25% del gasto se distribuye entre bienes y servicios, inversión real directa, intereses de deuda, transferencias de capital y déficit operativo de las empresas públicas nacionales.

Del análisis del gasto consolidado de los últimos 31 años, surge que en 2004 se ejecutó un nivel de gasto que en términos del PIB fue del 25,6%. Es el único año de este período con un nivel relativo similar al objetivo del 25% planteado en el “pacto de mayo”.

Dado esto, resulta interesante comparar el nivel de gasto actual (año 2023) con el del año 2004, a los efectos de cuantificar los cambios que haría falta realizar en cada uno de los niveles de gobierno.

Lo que se pretende es identificar el sentido y la magnitud del cambio de cada uno de los gastos entre estos dos años.

Primero, resulta esencial comparar el peso relativo del gasto público consolidado entre ambos años. La diferencia en puntos porcentuales del PIB es de 13,9, significando que, dado el PIB, el gasto total real de 2023 debería reducirse un 35%.

Por nivel de gobierno, el gasto total a nivel nacional debería reducirse 7,9 puntos porcentuales del PIB, lo que representa una disminución real del 39%. Asimismo, se estima que el gasto total de las provincias más Caba debería disminuir en 4,7 puntos porcentuales del PIB, equivalente a una reducción real del 30%.

Por último, se espera que el gasto total a nivel municipal descienda 1,2 puntos porcentuales del PIB, con una baja real del 34%.

Estas reducciones en cada nivel de gobierno conducirían a un descenso total de 13,9 puntos porcentuales del PIB en el gasto público total consolidado, situándose en niveles similares a los de 2004.

Cuánto debería reducirse el gasto

Del estudio realizado surge que los distintos niveles de gobierno deberían disminuir la mayor parte de los distintos gastos, concretamente el 81% de las erogaciones, para lograr un gasto consolidado del 25% del PIB.

Si se elabora un ranking que ordena a los diferentes gastos de acuerdo al descenso necesario en términos reales, se tiene que los tres gastos que deberían experimentar la mayor disminución real serían el gasto en déficit operativo de empresas públicas nacionales (con una reducción del 100%, es decir, eliminación), seguido por el gasto en transferencias de capital desde los municipios (con una disminución del 86,4%) y la inversión real directa nacional (con una caída del 57,4%).

En contraste, los tres gastos que necesitarían una menor variación serían el gasto en transferencias corrientes desde las provincias (con una mínima disminución del 2,3%), el gasto en intereses de deuda provincial (con un descenso del 9%), y el gasto provincial en bienes y servicios (con una reducción del 20,7%).

Si consideramos los tres niveles de gobierno, en el sector público nacional, los tres gastos que registrarían el mayor descenso serían el mencionado gasto en déficit operativo de empresas públicas nacionales, la inversión real directa y el gasto en transferencias corrientes desde la Nación (-54,7%).

Por otro lado, en el sector público provincial serían el gasto salarial provincial (-39,9%), las prestaciones provinciales de la seguridad social (34,3%) y la inversión real directa provincial (-31,7%).

Finalmente, en el sector público municipal, serían las anteriormente mencionadas transferencias de capital desde los municipios, la inversión real directa municipal (-45,8%) y el gasto municipal en bienes y servicios (-35%).

Las caídas necesarias son muy importantes, promediando el 35%, lo que implica que el nuevo nivel de gasto debería ser equivalente a las dos terceras partes del que se tuvo en 2023.

El esfuerzo fiscal es significativo. Habrá que ver qué novedades van surgiendo en los próximos días en relación al “pacto de mayo”, y harán falta mucho más detalles que los existentes hasta el momento, en línea con definir la viabilidad de cumplimiento del objetivo trazado.

El acuerdo determina una reducción importante del gasto público consolidado, que debería bajar alrededor de un 35%.