Justicia. Condenan a dos hombres que tenían material de abuso infantil en sus celulares
El fiscal Franco Pilnik procesó a un policía y a un empleado de Epec que terminaron penados. La Argentina ha adaptado sus normas a las últimas tendencias internacionales.
Algunos piensan que tener pornografía no es delito, pero ignoran que si en esas imágenes hay presencia de niñas, niños o de adolescentes pueden terminar tras las rejas. La Argentina ha adaptado su legislación a las últimas tendencias internacionales y, como en Estados Unidos, convirtió en punible “la sola tenencia” de “material de abuso sexual infantil”, antes conocido como pornografía infantil.
En Córdoba, a fin de año se puso tras las rejas a dos hombres que tenían en sus dispositivos electrónicos este tipo de imágenes. Fueron detenidos en diciembre, pasaron dos meses tras las rejas y juzgados en debate abreviado inicial, con condenas de prisión en suspenso.
Internet ha “ayudado” a la divulgación de este tipo de material en fotografías o videos y la legislación ha ido acompañando esa tendencia para prevenir delitos preocupantes.
No sólo la tenencia con el fin compartir o la distribución son delitos, también lo es la sola tenencia.
Algunos creen que la “libre tenencia” de este tipo de imágenes es “inocente” porque el portador no cometió abuso con ningún niño, pero para que él vea esas imágenes es necesario que alguien las produzca y cometa abuso infantil.
La legislación quiere evitar que haya producción, al castigar a quienes consumen este “producto”. Además, si en esas imágenes se detecta la presencia de niños que tienen menos de 13 años, el delito se agrava, lo mismo que su pena.
Por eso, la sola “tenencia” es delito y se pena con pena de prisión. Más grave es “tenencia con fines de distribución” y peor la “distribución” que se ha consumado.
Dos cordobeses descubiertos
Esto ocurrió con dos cordobeses, cuya visualización doméstica de este tipo de imágenes –donde niños son abusados o participan de escenas de contenido sexual– despertó las alertas de plataformas que son muy celosas respecto de este fenómeno.
La mayoría radicadas en Estados
Unidos, las redes sociales, buscadores u otros formatos o soportes digitales tienen potentes buscadores que detectan rápidamente estas imágenes prohibidas.
También hay detectores en servidores de correo electrónico, redes sociales de todo tipo y otros formatos que utilizan la web.
Geográficamente no fue complicado determinar que estos dos “usuarios”, con actividad independiente uno del otro, residían en la ciudad de Córdoba y tenían en su poder el material prohibido.
Por esto, las actuaciones recayeron en el fiscal Cibercrimen local Franco Pilnik Erramouspe quien, a poco de profundizar la búsqueda, determinó dónde se domiciliaban y lanzó los allanamientos.
Primero el fiscal lo hizo con un empleado de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec), que estaba visualizando material de abuso sexual infantil, de acuerdo a lo que surge de las actuaciones. Tras el allanamiento se “levantaron” los dispositivos que había en ese hogar y se encontraron especialmente las imágenes prohibidas en el teléfono celular que usaba el dueño de casa.
Pilnik identificó al empleado de la compañía provincial como Hugo Cortiana, de 65 años, quien quedó inmediatamente detenido.
El otro caso es con un hombre más joven, de 30 años, a cuya casa de barrio Santa Isabel le cayeron los oficiales de Justicia a las órdenes de Pilnik Erramouspe. También se halló allí el material de abuso infantil en su teléfono celular. El fiscal lo detuvo, también en diciembre, y lo identificó como Alan Zabala, quien se desempeñaba hasta ese momento como policía de la Provincia.
Los dos pasaron diciembre y enero tras las rejas hasta que Pilnik Erramouspe acordó con cada uno de sus abogados defensores la celebración de sendos juicios abreviados iniciales en Córdoba.
Si bien acusó en esas audiencias el fiscal Juan Pablo Klinger, la acusación de Pilnik Erramouspe se ventiló en el Juzgado de Control y Faltas N° 3 de Córdoba, a cargo de Pablo Agustín Cafferata.
Tras las confesiones de los acusados, el magistrado aplicó seis meses y medio de prisión en suspenso a Zabala, que salió inmediatamente en libertad y nueve meses de prisión en suspenso a Cortiana, que tenía el agravante de imágenes donde participaban niños de menos de 13 años. También quedó libre después de la audiencia.