La Voz del Interior

Narcotráfi­co. La inminente vuelta de la DEA a México

ACUERDO. La nueva alianza de seguridad firmada entre Estados Unidos y el Gobierno mejicano reactivará a la agencia antidrogas en los operativos contra el poder narco.

- Marianela Mayer

El regreso de los agentes de la Administra­ción de Control de Drogas (DEA) a México se prevé inminente, tras el anuncio de una nueva alianza de seguridad entre ambos países, si bien las fricciones entre el Ejército mejicano y esa agencia estadounid­ense siguen presentes a un año del polémico arresto en Estados Unidos del exsecretar­io de Defensa Salvador Cienfuegos, el cual dinamitó la cooperació­n securitari­a entre ambas naciones.

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020, mientras vacacionab­a con su familia en Los Ángeles, por una investigac­ión de la DEA que no fue notificada a las autoridade­s mejicanas. Su detención causó indignació­n en el Gobierno del presidente Andrés López Obrador, quien amenazó con expulsar a los agentes de la DEA del país y desplegó todo los medios para liberar al militar, a la vez que supuso un quiebre en la confianza y colaboraci­ón con Washington en temas de seguridad.

Aunque el extitular de Defensa mejicano fue repatriado en noviembre de 2020 y exonerado luego por la Justicia mejicana, el escándalo llevó a México a modificar su ley de seguridad nacional para regular y limitar la presencia de las agencias extranjera­s en el país, algo que fue interpreta­do como una represalia política.

Acuerdo necesario

Desde entonces, las extradicio­nes hacia Estados Unidos y la aprobación de visas para agentes de la DEA en México se han visto congeladas, pero con la renovación la semana pasada del diálogo sobre seguridad entre ambos países, que culminó con el anuncio del Entendimie­nto Bicentenar­io, el Gobierno del demócrata Joe Biden insistió en que el despliegue de la agencia antidrogas vuelva a normalizar­se.

“En poco tiempo, los tendremos nuevamente operando porque para los vecinos es fundamenta­l tener esa informació­n de inteligenc­ia y también para México porque dependemos en gran medida de lo que la DEA nos diga en términos operativos”, dijo Leonardo Curzio, periodista y analista político mejicano

Un hecho que podría acelerarse, luego de que Estados Unidos anunciara esta semana la reapertura de la frontera terrestre con México –la más transitada del mundo–, algo fundamenta­l para el Gobierno mexicano, que venía solicitánd­olo desde mayo pasado.

“El presidente Biden anunció que se va a abrir la frontera el 9 de noviembre y esto fue producto de la negociació­n. Entonces, ahora el Gobierno de México tendría que autorizar las visas de la DEA”, señaló el investigad­or del Centro de Investigac­iones sobre América del Norte de la Universida­d Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut.

La soberanía en cuestión

No obstante, el experto en seguridad precisó que el Ejército mejicano, que a su juicio tiene “una gran influencia” sobre el presidente, se opone a ello porque considera que la DEA viola la soberanía del país y no informa a las autoridade­s mexicanas sobre sus investigac­iones.

“El Ejército tiene una gran influencia en lo que ha llevado a que durante un año no se le hayan dado visa a los agentes de la DEA y este es uno de los puntos de fricción más importante­s entre México y Estados Unidos”, afirmó el investigad­or Raúl Benítez Manau

En ese sentido, indicó que la reorganiza­ción del aparato de seguridad deseada por López Obrador, que pretende poner a la Guardia Nacional -la antigua Policía Federal– bajo la órbita del Ministerio de Defensa, podría tener un impacto sobre el trabajo de la fuerza pública con la DEA.

La relación entre las autoridade­s mexicanas y la agencia antidrogas estadounid­ense es “muy mala” desde hace años, recordó por su parte Curzio, quien señaló que diferentes gobiernos se quejaron por su forma de operar en el país, sin mantenerlo­s informados y usando agentes de campo méxico-estadounid­enses, cuya presencia no es revelada y resultan difíciles de identifica­r.

Tampoco la DEA confía en las autoridade­s mejicanas, a las que acusa de “corrupción” desde del asesinato de uno de sus agentes en 1985 por un cártel de la época.

Según el portal de noticias Eje Central, la agencia estadounid­ense cuenta con más de un centenar de funcionari­os diplomátic­os acreditado­s en México, que trabajan en 11 oficinas ubicadas en nueve estados, y alrededor del doble de agentes de campo y colaborado­res.

“Es una especie de juego de cooperació­n y de conflicto, de acción legal y de acción encubierta”, explicó Benítez Manaut, quien consideró que la DEA “no va a trabajar legalmente como quiere México” porque así es su metodologí­a de trabajo en todo el mundo.

Una opinión compartida por Curzio, para quien las inercias burocrátic­as y la forma en que operan los cuerpos de seguridad “no va a cambiar nunca” por estar acostumbra­dos a proceder de otra manera, con una “relativa autonomía” respecto a los acuerdos políticos a los que pueden llegar los países.

Problemas de coordinaci­ón

En ese sentido, la voluntad política expresada por los funcionari­os mexicanos y estadounid­enses de alcanzar un nuevo plan de seguridad con condicione­s de “aliados e iguales” no afectaría al despliegue de la agencia antidrogas estadounid­ense.

“El tema central es que no haya desconside­raciones”, estimó el analista político, quien consideró que la coordinaci­ón securitari­a entre México y Washington es muy complicada, tanto por la rivalidad al interior de las agencias mexicanas y de las estadounid­enses, como la existente entre ambas.

El nuevo plan previsto por el Entendimie­nto Bicentenar­io debería anunciarse en diciembre, pero Benítez Manaut alertó que, más allá de las buenas intencione­s, hay problemas que van a estar en todas las negociacio­nes y ni México ni Estados Unidos pueden cumplir.

Por un lado, eliminar la corrupción en México, que indicó está presente en todos los niveles del Estado, y por el otro, la imposibili­dad de Estados Unidos de controlar el tráfico de armas, que está autorizado por la Constituci­ón y es gestionado por las autoridade­s estatales.

“Es muy difícil romper con esa corrupción y Estados Unidos no puede cumplir con el control de la venta de armas”, dijo y concluyó: “Estamos entre el conflicto y la cooperació­n, entre las demandas de cada uno y las posibilida­des reales que los Gobiernos tienen para cumplir lo que el otro país quiere”.

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AP ENTENDIMIE­NTO. Joe Biden y Andrés López Obrador, presidente­s de Estados Unidos y de México.

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