Transporte: semana clave para destrabar el paro en el urbano
La que empieza será una semana clave en el prolongado conflicto que mantiene paralizado al transporte urbano de pasajeros en varias ciudades del interior del país, entre ellas, la ciudad de Córdoba.
Ese conflicto lleva 23 días y está en plena evolución. Aunque hay vías de negociación abiertas, su resolución no parece cercana.
Diferentes son las perspectivas del servicio interurbano, donde ya hubo acuerdo entre el gremio Aoita y las cámaras empresarias, y todo indica que la medida de fuerza que mañana cumplirá 50 días podría levantarse a partir del jueves próximo, tras el pago de los sueldos.
Los trabajadores del servicio interurbano aceptaron el viernes un Convenio de Emergencia para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva.
El acuerdo comprende el reconocimiento del 100% de los haberes del mes de marzo, y del 75% en concepto de prestación no remunerativa de los haberes de abril y mayo.
El urbano, más complicado La situación del transporte urbano está más indefinida. Esta semana continuarás los planteos de los intendentes de grandes ciudades que reclaman el reparto equitativo de los subsidios nacionales al transporte: esa movida está encabezada por el cordobés Martín Llaryora y el rosarino Pablo Javkin.
También habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación en la que, se espera, se avance en un acuerdo entre los empresarios enrolados en Fatap y el gremio de choferes UTA.
A todo esto, se suma la amenaza del sindicato y de una facción opositora de llevar adelante un paro nacional que incluya también las prestaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Y en ese contexto, el jueves los choferes deberían cobrar el sueldo de mayo. Hoy siguen de paro porque todavía no les completaron el de abril.
Dos días clave
Mañana por la mañana, habrá una nueva reunión del grupo de intendentes que reclama por una distribución más equitativa de los subsidios nacionales. Estos encuentros virtuales se vienen desarrollando desde el miércoles, y están encabezados por Llaryora y por el rosarino Javkin.
Hasta ahora, también participaron los intendentes de Santa Fe, Paraná, Salta, San Miguel de
Tucumán y Bariloche. Se especula con que se sumarán otros cuatro bonaerenses: Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría y San Nicolás.
En principio, se había informado que iban a estar convocados los senadores y los diputados nacionales. Pero esa opción fue desestimada en las últimas horas.
El objetivo es acordar una estrategia común. En principio, habría tomado fuerza la alternativa de un apoyo al proyecto de ley presentado por el radical José Cano, para la creación del Fondo Federal de Transporte, que se conforma con lo recaudado por el impuesto al gasoil y por Aportes del Tesoro Nacional.
El otro elemento importante que plantea es la promoción de la federalización de la tarjeta Sube, a través de la cual la Nación reparte más subsidios a los usuarios donde está ese sistema prepago: principalmente en el Amba.
El martes se desarrollará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre UTA, Fatap y el Ministerio de Transporte. La última fue el viernes pasado y terminó con una amenaza de paro nacional por parte de los choferes.
En Transporte esperan que se avance en un acuerdo entre el gremio y los empresarios sobre dar inicio a un proceso preventivo de crisis. Eso permitiría bajar el costo laboral en un 25 por ciento, sin que se toque el sueldo de bolsillo.
En Córdoba, la estatal Tamse y UTA ya suscribieron ese acuerdo, que implica que del total del salario, el 75 por ciento sea no remunerativo. Esa opción achicaría sensiblemente el “déficit” entre subsidios y salarios.
El sistema urbano insume 300 millones de pesos mensuales en costo laboral. Y se reciben 118,6 millones de pesos en aportes nacionales (en 2019 eran apenas
41,1 millones). Además, la Provincia otorga otros 90 millones de pesos. Por lo que el resultado arroja 208,6 millones. Si el gasto salarial se reduce un 25 por ciento, son
75 millones de pesos menos.
Así, la diferencia entre subsidios y costo laboral se reduciría a
16,4 millones, una cifra que cualquier jurisdicción puede cubrir.