La Justicia decide hoy sobre la toma en la UNC
Las autoridades levantaron la mesa de diálogo ante la continuidad de la medida decidida por la Asamblea Interfacultades. La fiscal Graciela López de Filoñuk analiza una respuesta de la UNC sobre posibles daños.
Luego de dos encuentros entre autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y representantes de la Asamblea Interfacultades, que nuclea a un sector del estudiantado, la mesa de diálogo conformada por ambas partes quedó disuelta ayer, ya que los primeros habían condicionado la continuidad de esa instancia de negociación a que se levantara la toma del Pabellón Argentina, que hoy cumple cuatro semanas.
Con la decisión de los jóvenes de mantenerse en el icónico edificio de Ciudad Universitaria –presentaron una contrapropuesta que no fue contemplada–, el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira cerró las conversaciones, y la posible resolución del conflicto quedó en manos de la Justicia.
Si bien en Tribunales federales hay dos causas abiertas, la posible comisión de un delito penal –presunta usurpación– es tratado por la fiscalía a cargo de Graciela López de Filoñuk.
La otra presentación recayó en el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes, tras un recurso de amparo presentado por el concesionario del bar del Pabellón, quien pide que se le permita trabajar.
Según fuentes judiciales, si bien esta persona es tenedora legítima de una parte del Pabellón, al tener la concesión de un área muy pequeña del edificio, no sería procedente el desalojo total del espacio. Es por ello que el empresario sólo podría acceder a constatar el estado de sus activos –algo que ya realizó una empleada– o a pedir que se le permita retomar la explotación, algo que, dadas las actuales circunstancias, no tendría sentido.
“Tengo que analizar una respuesta sobre un oficio que envié al rector Hugo Juri, en el que requería información sobre ciertos puntos. Con base en ese análisis, mañana (por hoy) tomaré una determinación sobre el conflicto y pondré en conocimiento al juez (Miguel Hugo Vaca Narvaja)”, explicó a LaVoz López de Filoñuk.
El martes 18, la funcionaria judicial había consultado al rector sobre posibles daños producidos por la toma o sobre eventuales perjuicios a la Universidad. Ante la falta de respuestas, tres días después fue remitido otro oficio similar que incluía el pedido de respuesta en 24 horas.
La contestación –a cargo del vicerrector–, llegó ayer. Cumplía así con el tiempo pautado, pero la demanda de otra causa en el interior provincial impidió que la fiscal la tomara a tiempo y decidiera en forma temprana a partir de los datos expuestos.
Si bien la comisión de un delito –usurpación– se podría haber determinado durante la inspección visual realizada por el juez y la fiscal al día siguiente de la toma, las medidas solicitadas por López de Filoñuk tienden a comprobar si hubo consecuencias materiales.
Además, las manifestaciones constantes del rectorado sobre el deseo de hallar una solución desde dentro de la Universidad –y la apertura de una mesa de diálogo– supusieron la posibilidad de resolver el problema internamente.
Con el fin de las negociaciones, esa perspectiva también se modificó.
“Hemos agotado todas las instancias, pero la toma sigue generando ruido, movimiento e interpelación de la sociedad”, indicó Julián Del Caño, uno de los voceros de la Asamblea Interfacultades. “Si nosotros levantamos la toma, la gente se olvida de que hay una universidad pública que defender. Entonces, vamos a seguir en pie de lucha, porque todavía nos quedan muchas tareas por hacer desde este nuevo lugar constituido dentro de la Universidad”, añadió.
Si bien desde el inicio del reclamo las asambleas interfacultades fueron realizadas los martes, debido al paro nacional convocado por la CGT, esta semana fue agendada para mañana. Se realizará fuera del Pabellón, donde los estudiantes discutirán futuras acciones.