Obras viales clave, sin control del Tribunal de Cuentas
Son las que hace Caminos de las Sierras. La Provincia le da $ 4.300 millones como “aporte de capital”, que no pasa por ese monitoreo oficial.
El Gobierno provincial ejecuta las principales obras públicas de su gestión –desde el cierre de la Circunvalación hasta la autovía de la ruta 5– a través de Caminos de las Sierras, una sociedad anónima cuyo 99,84 por ciento pertenece al Estado cordobés. Para ello, la mayor parte de los fondos le son transferidos a la empresa como “aportes de capital” destinados a obras.
Esto hace que esos montos no tengan que ser monitoreados por el Tribunal de Cuentas (TC), el ente encargado de controlar todo lo que gasta la administración provincial.
Hasta ahora son $ 4.300 millones, pero esa cantidad podría llegar a los $ 9.500 millones si se cumple lo prometido.
Una pequeña parte de los fondos que el TC sí controló –entre 100 y 130 millones– aún no fueron aprobados. El vocal de la minoría plantea objeciones.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanza con las grandes obras públicas que serán su sello: desde el cierre de la Circunvalación hasta las autovías de las rutas 5 o 36, pasando por la variante Costa Azul, entre otras. Todas ellas tienen algo en común: la mayor parte de los fondos utilizados para financiarlas –$ 4.300 millones, por ahora, que podrían llegar a $ 9.500 millones– no tendrán el control público del Tribunal de Cuentas (TC) de Córdoba. O sea, del ente que monitorea todas las cuentas públicas provinciales.
Salvo como un ítem contable, no llegará a ese ente ningún expediente relacionado con esos fondos para que se puedan monitorear facturas, costos de materiales, movimientos de suelos o redeterminaciones de precios, entre otros aspectos.
¿A qué se debe la diferencia entre esas obras viales y otros trabajos públicos realizados por la Provincia que sí pasan por el TC?
Principalmente, a que estas obras están a cargo de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (Casisa), una empresa que, pese a ser una SA, es propiedad del Estado provincial en un 99,84 por ciento. Y a que los fondos mencionados le son transferidos por la Provincia en calidad de “aporte por capitalización”, una figura que no requiere el control del TC.
El ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, defiende la transparencia de todo el proceso, asegura que se realizó “el llamado a licitación pública” para todas las etapas del cierre del anillo de Circunvalación a la Capital provincial y que se cumplen las normas de la ley 8.614, de obras públicas. La explicación oficial también es que el mecanismo elegido permite reducir costos y facilita el acceso a financiamiento a largo plazo (ver Sosa: Casisa recibe el debido control...).
Tramos y montos
Algunos de los fondos que maneja Casisa pasan por el control del TC, pero no los que le llegan desde la Provincia como “aporte de capital”. O sea, los $ 4.300 millones mencionados, de los cuales ya se hicieron efectivos unos 1.350 millones, según la información oficial.
El detalle brindado a La Voz por Jorge Álvez, presidente de Caminos de las Sierras, es este: para los tramos de la Circunvalación de Spilimbergo-Kempes y para Kempes-Tropezón, más la variante Costa Azul, se usarán estos $ 4.300 millones del Gobierno provincial. A esto se suman 2.700 millones de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (Acif), la encargada de tomar deuda para financiar la obra pública de la Provincia.
Para la ruta 5, para la variante Juárez Celman y para los tramos Unquillo-Estancias del Sur, Canal Maestro Norte-Donato Álvarez y Spilimbergo-Los Alemanes, el monto comprometido por el Gobierno es de $ 5.200 millones.
Es decir que la suma total de los aportes para aumento de capital a Casisa –es decir, fondos sin control directo del TC– alcanzaría los $ 9.500 millones ($ 4.300 millones más $ 5.200 millones).
El tramo Spilimbergo-Kempes está a cargo de Benito Roggio e Hijos SA –parte del Grupo Roggio, cuyo ahora extitular, Aldo, es uno de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos K y confesó haber pagado sobornos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime–. Lo hace en sociedad con Boetto y Buttigliengo, socio minoritario de Caminos de las Sierras. Roggio también integra la UTE a cargo del tramo Tropezón-Santa Ana.
Y la empresa de José Chediack –otro reciente “arrepentido” en la causa que lleva el juez Claudio Bonadio– ejecuta el tramo de Circunvalación entre Santa Ana y Fuerza Aérea.
Cómo funciona
¿Qué tipo de control público existe para saber cómo usó o usa los fondos Caminos de las Sierras en la ejecución de la obra pública en Córdoba? ¿Cuánto pagó, por ejemplo, por un kilómetro de asfalto? Hay dos respuestas:
1) En el caso de los 2.700 millones recibidos por la Acif, el TC monitorea una muestra del 20 por ciento de la totalidad de los expedientes de esa agencia. De ese 20 por ciento, algunos corresponden a Caminos de las Sierras. De esos documentos, el TC realiza un control, aunque posterior a las contratacio- nes y compras. No hay visado previo, como se hace en el resto de los gastos del Gobierno.
2) En lo referido a los 4.300 millones entregados a Caminos por la Provincia en calidad de aporte de capitalización, los montos figuran en listados de aportes al TC, pero como transferencias, ya que como Caminos es una sociedad anónima (aunque el 99,84 por ciento sea del Estado), no hay obligación de enviar al ente provincial de control las facturas pagadas en esa obra pública.
Caminos de las Sierras sí envía al Tribunal de Cuentas de la Provincia las planillas relacionadas con sus gastos de funcionamiento y con obras que realiza con algunos fondos. Casisa se rige por procesos internos para su control y tiene una auditoría a cargo de la consultora PriceWaterhouse Coopers (PwC), que es contratada por la misma empresa.
Lo que PwC hace, según explicaron a La Voz desde Caminos de las Sierras, es auditar “la razonabilidad de los estados contables”, con procedimientos como verificar que determinados pagos correspondan a los períodos contables adecuados, la validación de esos pagos o el análisis eventual de extractos bancarios elegidos al azar.
El TC no entra en este proceso.
Rendidos y no aprobados
De los fondos que recibió Caminos de las Sierras al menos desde 2013, el TC sí revisó en detalle una de las cuentas, al ser aportada por la Provincia en forma de subsidio: lo que se destinó al pago de expropiaciones para la liberación de la traza de la autovía de la ruta 36.
Son alrededor de 138 millones de pesos. La mayoría de ellos fueron rendidos al TC, pero esta rendición aún no fue aprobada por el ente oficial de control. Las rendiciones son objetadas por el tribuno de la minoría, Esteban Bría, por una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, por un punto en los convenios con propietarios expropiados, que les permitiría quedarse con la diferencia que podría surgir a su favor entre lo que recibieron inicialmente y la tasación oficial. Algo completamente irregular, según Bría y según se admitió oficialmente desde el TC (ver Acuerdos fuera de norma...).
Por qué este sistema
Sobre por qué se realizan estas grandes obras públicas a través de Casisa y no las hace directamente la Provincia –en cuyo caso tendrían que pasar los controles del TC–, el presidente de Caminos señaló que de esta manera se ahorran el 21 por ciento del IVA. Esto es así porque, al ser una empresa, Casisa toma ese monto como crédito fiscal, lo que se traduce en ese ahorro. Respecto del control y de las rendiciones de cuentas, el ministro Sosa dijo que “los estados contables auditados son presentados anualmente a la Legislatura para su información y control”.
Pero tanto Bría como legisladores de la oposición refutaron esa afirmación. El vocal del TC dijo que “lo que va a la Legislatura es el presupuesto anual, pero ahí no hay ningún tipo de control de gestión. Tampoco control de gestión de la Comisión Fiscalizadora”.
El legislador Juan Pablo Quintero (Frente Cívico), frecuente crítico de la forma en que el Gobierno ejecuta la obra pública, explicó que “se hace imposible para los legisladores cordobeses este tipo de control, tanto en lo presupuestado como en el avance de obra”.
Para la también opositora Liliana Montero, “los fondos de la obra pública no se controlan sino a través de la cuenta de ejecución, pero no hay un seguimiento puntual”.
Ante estos planteos, Sosa aseguró que los certificados de avance de obra de Casisa “se encuentran a disposición”, lo que, a su entender, significa que cualquiera podría analizar e investigar los pagos realizados.
LOS ARREPENTIDOS ROGGIO Y CHEDIACK TIENEN A CARGO TRAMOS DE LA CIRCUNVALACIÓN QUE NO SON REVISADOS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS.