La Voz del Interior

Se frenó la corrida, pero el daño ya está hecho

- Gabriel Esbry Editor adjunto de Ciudadanos y Sucesos

La mayor crisis financiera de la era Macri parece haberse aplacado, pero el daño ya está hecho. El fuerte aumento del dólar –de un 25 por ciento en apenas 15 días– comenzó a trasladars­e a los precios, lo que suma presión a una inflación que, hasta ahora, lejos está de ser controlada (aumentó 2,7 por ciento en abril y llega casi al 10 por ciento en lo que va del año).

Así lo reflejamos en nuestro Primer plano de hoy, en el que, de manera excepciona­l, relevamos a mediados de mes los precios de la canasta que medimos desde hace años. La idea era saber si la devaluació­n del peso ya comenzó a impactar sobre la economía real, esa que los ciudadanos de a pie sienten de manera cotidiana en sus bolsillos. Y la respuesta es afirmativa.

Entre el 30 de abril y el 15 de mayo, los precios de la canasta del supermerca­do aumentaron 1,46 por ciento en promedio, en una tendencia que podría llegar a duplicarse al finalizar el mes. Para colmo, las mayores subas se observan en productos de primerísim­a necesidad, como la leche, la carne, la yerba, el aceite y la harina.

Los propios comerciant­es reconocen que las nuevas listas de precios empezaron a llegar apenas el dólar comenzó a ganar terreno frente al peso. Y advierten de que el impacto de la devaluació­n seguirá

FRENTE AL IMPACTO DE LA SUBA DEL DÓLAR, EL GOBIERNO TIENE AHORA UNA EXIGENCIA AÚN MAYOR EN SU LUCHA POR CONTENER LA INFLACIÓN.

presionand­o sobre los precios en los próximos días, a pesar de que las ventas vienen en baja.

Es probable que el traslado tan inmediato de la suba del dólar a los precios haya tenido algo de especulaci­ón por parte de empresas muy acostumbra­das a retocar “por las dudas”. Pero también es cierto que muchos sectores son altamente dependient­es de insumos externos y que cualquier ajuste en el billete estadounid­ense tiene impacto en los costos.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional tiene ahora por delante una exigencia mayor en materia de contención de la inflación, para que el impacto sobre el poder adquisitiv­o de la población no neutralice la todavía incipiente reactivaci­ón económica.

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