Habrá un registro de antecedentes para casos de violencia familiar
Sumará datos previos de personas denunciadas. Servirá para agilizar medidas de protección.
La complejidad y la diversidad de casos de violencia familiar han impulsado a la Justicia cordobesa a diseñar nuevas prácticas e instrumentos para el abordaje integral y la protección de la víctima. En ese marco, desde la semana próxima comenzará a funcionar un registro de antecedentes de violencia familiar, una base de datos con información que aparece en el Sistema de Administración de Causas (SAC) –donde vuelcan información todos los fueros– y sumarios judiciales.
La creación de este registro fue el resultado de un acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público Fiscal, donde se gestionan los sumarios judiciales, es decir, la información recabada en cada causa.
El acceso a este registro estará limitado a ayudantes fiscales, magistrados y funcionarios de fiscalías de instrucción, juzgados de control, cámaras de acusación, cámaras en lo criminal y correccional, funcionarios de la Oficina de Atención Centralizada para el tratamiento de las causas de violencia familiar en la etapa de juicio y miembros de su Oficina de Trámites.
Todos ellos, a su vez, tendrán distintos niveles de acceso al registro.
El nivel uno –o más básico– es el que permitirá saber si una persona tiene antecedentes de violencia familiar.
La información asociada a este nivel es la única a la que podrán acceder los ayudantes fiscales, que son quienes están a cargo de las unidades donde se receptan denuncias. Ayudará a orientar los primeros actos de una investigación judicial.
El denominado “nivel dos de acceso” habilitará a consultar también los actos procesales involucrados (por ejemplo, si se dictó una medida cautelar, como puede ser una prisión preventiva). El tercer nivel de acceso permitirá obtener detalles de esas actuaciones.
Se espera que la concentración digital de denuncias y causas tramitadas en diferentes fueros tenga dos efectos. Por un lado, que agregue a quien analiza un caso información clave y, por otro, que aliente a las víctimas a realizar denuncias.
“Hasta ahora, sólo se tenía acceso a la información de antecedentes cuando eran elevados a la fiscalía. Es extremadamente útil para un miembro con competencia en la Justicia conocer todos los antecedentes de un caso”, explicó a La Voz una fuente del TSJ.
Además, se prevé que ayudará a proteger a la víctima, porque – dependiendo del rol del funcionario actuante– permitirá tomar medidas urgentes, como por ejemplo asignar un botón antipánico a la persona denunciante.
Este acuerdo fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la provincia y es uno de los cinco que firmó el TSJ para una serie de medidas vinculadas con el abordaje integral de casos de violencia familiar, los cuales serán anunciados la semana próxima.
“Despapelización”
El sistema fue diseñado y desarrollado por la subárea de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (IDI), del área de tecnología del Poder Judicial y cuenta con medidas de protección de datos.
La digitalización y acceso remoto de información de causas judiciales tiene para el Poder Judicial los beneficios de la economía de recursos y la “despapelización”. Esta última, a su vez, tiende a evitar que datos sensibles para procesos críticos sean movilizados.
Para Ruth Ahrensburg, licenciada en Psicología y presidenta de la Asociación Convoz, que trabaja en el abordaje y prevención de la violencia familiar, este instrumento puede contribuir a mejorar las intervenciones. “A veces, cuando las denuncias se hacen en distintos ámbitos, se toman decisiones contrapuestas y no se hace una intervención coherente”, afirma y dice que, inclusive, puede haber abordajes que entorpecen actuaciones posteriores.
Por otra parte, señala que hay víctimas que “deben peregrinar desde un área a otra, pasan mañanas enteras con papeles, contando su historia múltiples veces para ser tomadas en cuenta”.
“Esto puede ser muy tedioso y desmoralizante y contribuye a revictimizar a la persona”, añade. “Los tiempos de la Justicia no van acordes a los tiempos que las personas necesitan y, entonces, quedan con la sensación de que no vale la pena denunciar”, concluye Ahrensburg.
A VECES, CUANDO LAS DENUNCIAS SE HACEN EN DISTINTOS ÁMBITOS, SE TOMAN DECISIONES CONTRAPUESTAS. Ruth Ahrensburg, presidenta de la Asociación Convoz