Cormecor insiste en su proyecto

“No tenemos proyecto alternativo”, respondió Hugo Pesce, director de la Corporación Intercomunal para la Gestión de Residuos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor). En esa empresa son socios el municipio de Córdoba y otros 20 cercanos, que hoy arrojan su basura en Piedra Blanca y que aspiran a hacerlo en el futuro en otro sitio, cercano a Villa Santa Ana, a cinco kilómetros del borde sur de la Capital.

Pesce dijo conocer el sistema de tratamiento de residuos en Santiago de Chile, pero tomó distancia de la sugerencia de replicarlo en Córdoba. “Allá hay cuestiones técnicas que les impiden localizarlo en el área metropolitana. No hay predios aptos, en términos topográficos e hídricos. En cambio, Córdoba los tiene y no hay razones técnicas que justifiquen llevarlo más lejos”, señaló.

Las obras del nuevo predio están paralizadas por amparos judiciales presentados por vecinos, por la comuna de Villa Santa Ana y por dueños de campos del lugar. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación debe resolverlos. Luego de que se expida, es probable que terminen en el Tribunal Superior.

Pesce opinó que “no tiene justificación técnica” trasladar el sitio al norte provincial. “Habría que ver qué dirían los vecinos de esas zonas y el costo por esa distancia”, planteó. Tras recalcar que “en la mayoría de los países se encuentran a escasa distancia de las capitales, siempre que cumplan ciertos requisitos”, acotó que se deberían estudiar “las condiciones ambientales del norte” y cuestionó: “Jamás vimos un proyecto técnico sobre esa idea”.

Pesce opinó que “teniendo un terreno apto, no es razonable empezar de nuevo”.

Respecto de si la Justicia se definiera en contra de la ubicación pretendida al sur de la Capital, el funcionario manifestó: “Este proceso ha sido sometido a todas las etapas que ordenan las leyes, incluso bajo la nueva ley de ambiente de Córdoba que es más exigente que la anterior”.

Para Pesce, “no está en discusión el proyecto de Cormecor; nadie lo discute, salvo su localización”.

Ese punto, el de la ubicación, es precisamente el que sostiene el litigio judicial y el conflicto social que siguen abiertos.