Incidentes ante la orden de desalojo del predio “Parque Esperanza”
Hay una orden judicial para sacar a la gente. La resolución sería aplicada mañana. Los ocupantes le piden a la Justicia que frene esta medida. Quieren “diálogo con la Provincia”.
La grave situación habitacional de quienes son considerados “usurpadores” del predio de nueve hectáreas, conocido como “Parque Esperanza”, que se encuentra en el ejido municipal de Juárez Celman, sumó tensión ayer por incidentes ocurridos en una protesta frente a la Legislatura.
Ayer, los manifestantes volvieron a reclamar que se frenara el desalojo ordenado por la Justicia, hecho que se produciría mañana.
También demandaron que la Legislatura apruebe una expropiación sobre los terrenos ocupados, aunque este planteo fue rechazado por el oficialismo. De todas maneras, las espadas legislativas de Unión por Córdoba no se pronunciaron públicamente sobre lo acontecido.
En cuanto al conflicto por el predio (“usurpado”, según lo dictaminó la Justicia), las fuentes oficialistas –fuera de micrófono– afirmaron que “no se puede ir en contra de un fallo judicial” y descartaron de plano la posibilidad de avanzar contra la expropiación.
Ante la negativa oficialista, uno de los promotores de frenar el desalojo, el legislador Martín Fresneda, pidió una “solución habitacional” para las familias que habitan “Parque Esperanza”.
“La mesa de diálogo, que fue ordenada por la Justicia, es para encontrar una solución acordada desde dos paradigmas: inclusión social y paz social”, remarcó.
Justamente, desde la Cooperativa 12 de Junio, que reúne a las personas que ocupan los terrenos privados, demandaron “frenar” el desalojo para que se avanzara en la mesa de negociación con una posible solución: conformar un fondo común con los aportes que promete la Provincia.
Esos recursos serían destinados a la compra de tierras para que las familias puedan acceder a terrenos propios.
Andrés Villalba, el titular de la cooperativa, expresó que hay “predisposición” de los vecinos al diálogo con la Provincia para resolver el conflicto con “políticas sociales que garanticen la cobertura de una necesidad que es el acceso a la vivienda”.
El ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocalli, aseguró que hay una mesa de diálogo a través de la Dirección de Emergencia Social de su cartera, pero admitió que no hubo una solución al problema.
El funcionario afirmó que “se trata de una usurpación de un predio privado” y descartó la expropiación.
Por su parte, la intendenta de Juárez Celman, Myrian Prunotto, dijo que “el TSJ dictaminó que esto es una usurpación”. “Yo acato lo que me diga la ley”, acentuó.