Desconcepto y falta de comunicación
El presidente Mauricio Macri debió asumir la corrección de dos errores graves de su gestión, que combinaron la carencia de una comunicación clara y fallas conceptuales.
La ausencia de una información transparente obre los cambios de la movilidad jubilatoria y respecto del acuerdo que pretendía el Gobierno nacional con la empresa residual Correo Argentino SA, de Franco Macri, padre del Presidente, son dos muestras de esos errores.
El cálculo de actualización semestral de las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se modificó a través de una resolución de ese organismo, cuando en realidad –si fuera acertada la corrección– debió efectuarse por una ley del Congreso.
La Anses y otros funcionarios del Gobierno adujeron que en el aumento semestral había una sobrevaloración por la forma en que se computaban los ingresos previsionales.
Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, justificó: “No nos pueden correr por corregir un error matemático de 20 pesos”.
El incremento se fijó finalmente en 12,96 por ciento en lugar de 12,65 por ciento, como pretendía la Anses. Esa diferencia porcentual implica unos 20 pesos para cada jubilación mínima.
No se trata de que sea un monto exiguo, sino del desconcepto de aprobar la modificación de una ley a través de la resolución de un organismo.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Macri incurre en ese error. Al inicio de su gestión, designó a través de un decreto de necesidad y urgencia a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Luego de un intenso debate, retrocedió en su decisión y admitió que los pliegos debían ser tratados por el Senado, que los aprobó.
En cuanto al acuerdo por el Correo, resulta de una ingenuidad llamativa imaginar que ese convenio iba a pasar inadvertido para la Justicia y para la oposición.
Llama la atención que esas resoluciones fueron alentadas por funcionarios con gran conocimiento de la política y del manejo de la empresa privada, en los cuales Macri deposita su confianza más absoluta.
Las urgencias de la gestión no pueden desmoronar un andamiaje legal que resulta un elemento fundamental para la confianza de la sociedad en el Gobierno y la credibilidad de los inversores. Lo contrario se asemeja a una gestión autoritaria.
Las idas y vueltas del Gobierno deben obligar a las autoridades a repensar sus mecanismos de decisión y los conceptos básicos de gobernabilidad.
Las pruebas y errores se asemejan más a la experiencia de una pasantía laboral que al manejo de la cosa pública. Este concepto, y no lo otro, debe ser encarnado por los funcionarios del Gobierno nacional.