El agotamiento de un estilo presidencial Qué pasa entre Milei y Villarruel
La firma del Pacto de Mayo representa una novedad en un país cuyo presidente reniega de la moderación y se siente cómodo en el plano de la confrontación permanente. No es una cuestión menor que 18 gobernadores provinciales hayan acompañado a Javier Milei y suscripto un acuerdo de coincidencias programáticas para una Argentina jaqueada desde hace mucho tiempo por las grietas políticas y la ausencia de políticas de Estado.
Particularmente destacable resulta el hecho de que los diez puntos del Acta de Mayo firmada el 9 de julio no son exclusivos del ideario libertario que caracteriza a la fracción gobernante, sino que comprenden cuestiones que podrían haber sido impulsadas por cualquier dirigente moderado y con un mínimo de sentido común frente a los prolongados problemas que atraviesa la Argentina. Y no menos relevante fue una frase de Milei que apuntó a que el país se halla ante un punto de inflexión, donde “el cambio se convierte en una obligación y una urgencia”.
La duda que subyace después del acto celebrado en Tucumán es cómo se llevará a la práctica el acuerdo para que no termine en algo meramente testimonial.
Dos puntos del Pacto de Mayo resultan claves. Son aquellos que postulan que el equilibrio fiscal es innegociable y que el gasto público, que hoy representa alrededor del 42% del PBI en las esferas nacional, provincial y municipal, debe retornar a niveles históricos del 25%.
Ninguno de los firmantes del pacto pudo obviar que los gobiernos provinciales y municipales son en conjunto responsables de más de la mitad de ese gasto público, y que entre 2003 y 2023 el número de empleados públicos en los niveles nacional, provincial y municipal creció de poco más de dos millones a casi cuatro millones.
Paradójicamente, tras un acuerdo que apunta entre otras cosas a reduy cir el gasto estatal, el primer reclamo de no pocos de los gobernadores firmantes al gobierno nacional será por más fondos para sus provincias. “Nosotros cumplimos. Ahora es el turno del gobierno nacional”, advierten esos gobernadores.
Una de las demandas, que comparten los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es que el gobierno nacional cumpla con el compromiso legal de financiar los déficits de sus sistemas previsionales. Otro de los reclamos es que el Estado nacional se apure a cumplir con el esquema de financiamiento acordado para la finalización de obras públicas que quedaron paralizadas. Finalmente, el gobierno porteño exige la recuperación de los puntos de coparticipación que le había quitado la gestión de Alberto Fernández para financiar mejoras salariales en la policía bonaerense; se trata de una demanda avalada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero que aún la administración de Milei no ejecutó. El jefe de gobierno Jorge Macri le hará llegar el viernes próximo su reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo: unos 2,5 billones de pesos por la pérdida neta desde la quita de los puntos coparticipables entre 2020 y 2022, más 1,7 billones de pesos por la pérdida de los dos últimos años, desde el fallo de la Corte hasta junio último. Un total de 4,2 billones de pesos, a lo debe sumarse la demanda porteña por la transferencia de la administración del puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia.
¿Será factible llevar a la práctica concreta los consensos enunciados en el Pacto de Mayo si esos entendimientos no se traducen en una coalición de gobierno? Son muchos los actores políticos que dudan al respecto. El bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que “estos objetivos no se alcanzan con una foto o la firma de un papel, sino con acciones concretas”.
Las relaciones entre el mileísmo el macrismo también están signadas por cierta dosis de incertidumbre. Milei proyecta ir absorbiendo poco a poco a Pro, comiéndole dirigentes. Es una estrategia que Mauricio Macri conoce bien, pues cuando fue presidente de la Nación procuró hacer con sectores del radicalismo lo mismo que Milei pretende hacer hoy. Macri nunca fue partidario de que su alianza electoral, Cambiemos, se convirtiera en una coalición de gobierno. Mucho antes, Fernando de la Rúa tuvo una actitud parecida: había llegado al poder merced a una alianza electoral con el Frepaso, pero jamás se vio seducido por la idea de armar una coalición gubernamental; los límites de la alianza se desdibujaron y no tardaron en aparecer desinteligencias que siguieron con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, tras el escándalo de las coimas en el Senado, y el fin del propio gobierno delarruista.
Por estas horas, el Gobierno enfrenta otro desafío más candente, representado por las dudas del mercado acerca de cómo y cuándo se dejará atrás el cepo cambiario y sobre cuándo volverá a crecer la economía. En los últimos días, se asistió a la estampida del dólar; el aumento del riesgo país por encima de los 1500 puntos básicos; el incremento de la brecha cambiaria a niveles del 60% entre la cotización oficial y la del segmento libre; la caída de las reservas del Banco Central, y las diferencias públicas entre el FMI y la conducción económica. La liquidación de divisas por las exportaciones se encuentra bastante por debajo de los cálculos que se habían estimado para esta época, algo que entre analistas económicos del sector privado se relaciona con la hipótesis del atraso cambiario, que el Gobierno insiste en relativizar.
El registro del 4,6% de inflación en un mes caliente como junio, para el que muchos esperaban un número peor, le otorgó un respiro al Gobierno. Todo el mundo le reconoce a Milei que evitó la espiralización inflacionaria tras los alarmantes picos de diciembre último. Pero se le critica haberse aferrado al cepo a la compra de dólares y a la tablita cambiaria del 2% mensual. Este truco les permite a las autoridades contener alzas en alimentos, pero la continuidad del cepo impide la acumulación de más reservas y coarta el crecimiento de la economía.
Mientras los operadores esperan que se levante el cepo para seguir invirtiendo en bonos argentinos, lo que haría bajar el riesgo país, el Gobierno aguarda a que baje el riesgo país para dejar sin efecto el cepo. Una circularidad en la que ha quedado atrapado el Gobierno, según señala el economista y diputado de Pro Luciano Laspina. Llegamos así a un peligroso cóctel conformado por una conducción económica temerosa y un mercado escéptico.
En el Gobierno, sin embargo, se asegura que, si se siguen haciendo los deberes macroeconómicos, más el compromiso de emisión cero, la inestabilidad solo será temporal y no debería pasar mucho tiempo antes de que el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación converjan en un valor razonable. La falta de pesos y el esperado ingreso de dólares por el blanqueo alimentan sus expectativas favorables.
Pero hay otro peligro para la confianza en el Gobierno. Deriva del propio estilo pendenciero del Presidente, que no mide la dimensión de sus reiterados agravios contra personas e instituciones. Ni sus funcionarios más conciliadores, como Guillermo Francos, ni su sufrida canciller, Diana Mondino, pueden pasarse todo el tiempo reparando los daños que las irreflexivas y a veces soeces expresiones presidenciales provocan. La consigna “libertad para todos” se vacía de todo sentido si la palabra del jefe del Estado genera a diario un clima de hostilidad hacia el periodismo. Ayer volvió a hacerlo al repostear un tuit de Agustín Laje que, al repudiar el atentado contra Donald Trump, acusó a los medios de prensa de trabajar “para lavarle la cabeza a la gente”. Su lenguaje colérico es impropio de quien inviste la más alta jerarquía de la Nación y de ningún modo puede ser justificado por el supuesto hecho de que Domingo Sarmiento “era también un gran puteador”, como afirma Milei en defensa propia.
Si el Presidente es capaz de diferenciarse claramente de la diatriba populista y demagógica que caracterizó a las gestiones kirchneristas, debería hacer un esfuerzo adicional para no terminar siendo identificado con los rancios rasgos de intolerancia que exhibieron tanto Néstor como Cristina Kirchner hacia la prensa y hacia quienes pensaran distinto. Néstor Kirchner solía decir que, antes que a los periodistas, prefería a los fotógrafos porque no hacían preguntas; para él y para su sucesora en la Casa Rosada, no había adversarios: solo súbditos o enemigos. Si Milei aspira a parecer otra cosa, debería tener presente que, históricamente, las intimidaciones a la prensa y a los críticos de una gestión gubernamental han tendido a ocultar mecanismos para violentar leyes y deberes morales en pos del enriquecimiento ilícito de funcionarios, familiares y amigos. Y que muchos de esos nefastos engranajes pudieron ser descubiertos merced a la labor del periodismo independiente.ß
El estilo pendenciero de Milei no mide la dimensión de sus reiterados agravios
Aveces, tiene remedio. Solo la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, suele ponerlo en su lugar a Javier Milei. El jueves último, le mandó decir con su vocera que Rodrigo Valdés, el director del Hemisferio Occidental del organismo, seguirá ejerciendo el cargo, a pesar de las presiones del gobierno argentino para que lo desplacen. Valdés había sido criticado con información falsa por el propio Milei. Asunto terminado. Otras veces, Milei se convierte en un verdadero peligro para las libertades; ayer, vinculó, mediante un retuit, al trabajo periodístico con el atentado criminal que sufrió Donald Trump. Ofensa pura y dura.
El mayor problema no es, con todo, el Fondo Monetario, porque este tiene espaldas como para enfrentar la arbitrariedad de cualquier presidente. El conflicto se cifra en un dirigente desesperado por erigirse como el único líder del país, aunque para ello deba destratar a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, o a un expresidente, Mauricio Macri, que lo ayudó a aprobar una ley decisiva en el Congreso, aunque predica también la necesidad de un Pro autónomo del oficialismo. No hay grandes disensos de Milei con ellos; solo hay competencia por el protagonismo exclusivo del Presidente en el escenario político. El viejo unicato en versión 2.0. El proyecto presidencial no deja de expresar cierta inseguridad por parte de Milei; es la tara que se esconde en cualquiera que desconfía de ser eclipsado hasta por su propia sombra.
Vale la pena detenerse en la vicepresidenta porque la relación entre el Presidente y su vice es fundamental para preservar la fortaleza del sistema institucional. Milei suele llevar a veces esa relación hasta el punto máximo de tensión. Cuando las cosas llegan a ese peligroso momento, son el propio Presidente y, sobre todo, el imprescindible Guillermo Francos quienes se dan cuenta de que la relación debe normalizarse cuanto antes. Milei va y viene porque ve que en las encuestas está empatado con Villarruel en la simpatía popular o que, en algunas, ella lo supera a él. Villarruel se limitó hasta ahora a mostrar que tiene su propio estilo, pero nunca deslizó discrepancias con la política económica o con la política exterior que dirige Diana Mondino. Los estragos internacionales de Milei son otra cosa. Incluso, cuando dirige las sesiones del Senado se ve en Villarruel a una persona ordenada y respetuosa. Algunas veces es filosa en sus respuestas cuando el kirchnerismo la desafía en el recinto, pero nunca es ofensiva ni desconsiderada.
La semana pasada, la Casa de Gobierno distribuyó fotos de un acto de Milei y Villarruel sin Villarruel. Sucedió que ese día se realizaron dos actos en homenaje a los policías caídos. Uno se hizo en el Departamento Central de Policía, donde colocaron una placa recordatoria de los 23 policías muertos en el atentado de montoneros al comedor de la Policía Federal, en julio de 1976. Villarruel estuvo en ese acto y habló en recordación de las víctimas; luego, se fue a otro acto en el monumento a los policías caídos en Belgrano. Este homenaje lo presidió Milei. Villarruel llegó 30 segundos tarde, según precisaron fuentes del Senado, luego de avisar que el tránsito la había demorado. Milei no esperó, pero hizo algo peor. La foto oficial de la Casa de Gobierno muestra al Presidente y a otras autoridades, un lugar vacío (el de Villarruel) y a la vicepresidenta, con la cara de perfil, ingresando al palco por un costado de la parte trasera, casi imperceptible. Fue un escrache, liso y llano. Villarruel suele asistir a actos públicos con los fotógrafos del Senado, pero no cuando está el Presidente. La Casa Militar les frena los pies a los fotógrafos de la vicepresidenta.
El lunes, Villarruel no estuvo en Tucumán. Es cierto que en los días anteriores se había sentido con salud frágil, pero también es veraz que al día siguiente estuvo espléndida en el tedeum y en el desfile militar por el 9 de Julio. “Muerta antes que sencilla”, cuentan que respondió cuando sus colaboradores le preguntaron por ese abrupto cambio. Según fuentes seguras de la Casa de Gobierno, nadie le confirmó a Villarruel que firmaría el Acta de Mayo; en el círculo cercano a la vicepresidenta se temió que Milei considerara que con su firma bastaba para expresar a la fórmula presidencial. ¿Villarruel no firmaría esa acta, aunque sí la firmó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no tiene responsabilidades institucionales establecidas en la Constitución? Hubiera sido un insoportable menosprecio al rol vicepresidencial. En rigor, nadie se explica por qué firmó Karina Milei, cuyo trabajo se limita, según la ley, a asistir al Presidente y supervisar el cumplimiento de sus políticas y de sus decisiones. Esa es la ley; la política canta otra melodía. Solo Karina Milei y Santiago Caputo, el poderoso asesor presidencial, integran, junto a Milei, la mesa chica de las decisiones del Gobierno. Nadie más. Nunca. Por eso, tanto Caputo el joven como la hermana presidencial deben saber que los aguardará siempre el rencor de los desplazados. De todos modos, tampoco esa realidad justifica que la secretaria general de la Presidencia haya estado entre los firmantes del Acta de Mayo, que Milei considera, con énfasis elefantiásico e increíble, comparable con la aprobación de la Constitución de 1853. La organización nacional no es comparable, desde ya, con un impecable decálogo de buenas decisiones, muchas de ellas ya inscriptas directa o indirectamente en la Constitución, y que, además, son una regla habitual de la administración pública en los países más avanzados del mundo. Solo falta que digan que Villarruel no firmó porque el Presidente decidió que firmara su hermana; todos saben que entre ellas nunca hubo cercanía. Dejemos los caprichos en la puerta de la Casa de Gobierno.
El otro problema que está cerca de Villarruel, aunque no la rozó todavía, es el caso del juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Gobierno para ser miembro de la Corte Suprema. Esa designación necesita del beneplácito de los dos tercios de los votos del Senado. Son 48 votos. Una cima inclinada y alta. Se supone que el día que se vote el acuerdo estarán los 72 senadores porque los que eventualmente falten serán señalados como simpatizantes de Lijo; las ausencias bajan el número necesario de votos para alcanzar los dos tercios. Serían, en efecto, favores encubiertos a Lijo. En verdad, cada vez que debió resolverse algo en el Senado tuvo que intervenir personalmente Villarruel, que es la presidenta natural del cuerpo. La Ley Bases consiguió los votos necesarios durante una reunión de senadores con Villarruel y, otra vez, con el indispensable político Guillermo Francos. Al revés, nadie le pidió a Villarruel por Lijo. Hasta ahora.
Pero ¿tiene ganas Villarruel de pelear por el acuerdo de Lijo? Recordemos solo las dos objeciones que la vicepresidenta deslizó sobre esa eventual incorporación a la Corte Suprema. Dijo que correspondía que ingresara una mujer al máximo tribunal de justicia del país (tiene razón) y que ella no estuvo nunca de acuerdo con la decisión de Lijo, como juez federal, de rechazar el pedido de la familia de José Ignacio Rucci para que el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la CGT –y hombre de estrecha confianza de Perón– por parte de los montoneros fuera considerado delito de lesa humanidad. Claudia Rucci, hija del líder sindical asesinado, fue designada por Villarruel como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Fue una reparación de la vicepresidenta a la hija de Rucci que más brega por la investigación judicial de la muerte de su padre. Aunque nunca lo dijo ni lo dirá, Villarruel tiene objeciones más graves contra Lijo. Pero ningún otro miembro del Gobierno circula por el Senado buscando votos para Lijo. Solo hace algunas gestiones el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, amigo de Santiago Caputo; pero Amerio no cuenta con la experiencia política como para convencer a los senadores, viejos zorros de la política. Villarruel difícilmente tenga alguna oposición contra Manuel García-Mansilla, el otro candidato para ser miembro de la Corte, de quien se dice que podría ser reemplazado por una candidata mujer. Sería un trueque injusto: Lijo reemplazaría a una mujer (la jueza jubilada Elena Highton de Nolasco), mientras García-Mansilla ocuparía el lugar que un hombre dejará vacante en diciembre, el actual juez Juan Carlos Maqueda.
Macri no regresó a Europa ni enojado, ni resentido, ni molesto. Esto es lo que dicen quienes hablaron con él cuando ya había bajado del avión que lo devolvió al viejo continente. Pero aclaran que el expresidente no habría hecho el sacrificio de regresar por un día al país para asistir al acto de Tucumán si hubiera sabido que no estaría entre los firmantes del Acta. Recibió mails y mensajes telefónicos (de nuevo, Guillermo Francos fue decisivo) para que regresara y asistiera al acto en la noche irreverente y fría de Tucumán. Solo se sentó para mirar cómo otros firmaban un documento con el que Macri estaba de acuerdo. Macri y Villarruel hubieran sido protagonistas demasiado notables para esa coreografía. Héroe hay uno solo.ß
En rigor, nadie se explica por qué Karina Milei firmó el Acta de Mayo en Tucumán