La tragedia de Once, el antecedente más grave que ya no tiene detenidos
El siniestro del ferrocarril Sarmiento sucedió el 22 de febrero de 2012; murieron 52 personas y más de 700 sufrieron heridas
El choque de trenes del ferrocarril San Martín, en el barrio de Palermo ocurrido ayer, trajo a la memoria la tragedia de Once, del 22 de febrero de 2012 cuando una formación de la línea Sarmiento no frenó, chocó el paragolpes de la plataforma número 2 de la terminal y causó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.
A raíz de ese siniestro hubo dos juicios donde fueron condenadas más de 20 personas, incluidos los empresarios que tenían la concesión de esa empresa ferroviaria y los funcionarios nacionales que debían controlar el servicio de los trenes: el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.
A 13 años de esa tragedia no queda nadie preso, ya que la mayoría de los condenados cumplieron su sentencia o gozan de libertad condicional.
Aún resta que la Corte Suprema de Justicia defina si confirma o no la condena a Julio De Vido a cinco años de prisión, por lo que esa pena no se ejecutó todavía.
La Justicia determinó la responsabilidad de directivos de la empresa concesionaria Trenes Buenos Aires (TBA) y del maquinista. En su fallo, los jueces del tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara dieron como probado que la formación se encontraba en malas condiciones, previamente advertidas; que se habían asignado fondos para mejorar esto, pero fueron desviados; y que, a la vez, la conducción del tren había sido negligente.
Es decir que se probó que la corrupción en el Estado nacional provocó la muerte de los pasajeros y que el conductor de la formación había actuado de manera negligente.
Por esta razón fueron condenadas 21 personas, incluidos Ricardo Jaime y el entonces secretario de Transportes Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano, 17 directivos de TBA y el maquinista Marcos Córdoba.
Tras la revisión de la Cámara de Casación, recibieron las siguientes penas: Sergio Claudio Cirigliano, expresidente de TBA, 7 años de prisión; Marcelo Alberto Calderón, director de Cometrans, 6 años de prisión; Jorge Álvarez, director de TBA, 6 años de prisión; Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte de la Nación al momento del siniestro, 5 años y 6 meses de prisión; Sergio Daniel Tempone, gerente de Operaciones de TBA, 5 años de prisión; Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009, 7 años de prisión; Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA, 5 años de prisión; Jorge Alberto De
Los Reyes, vicepresidente de TBA, 5 años de prisión; Carlos Esteban Pont Vergés, director de TBA, 5 años de prisión; Roque Ángel Cirigliano, jefe de Material Rodante de TBA, 3 años y 6 meses de prisión; Antonio Marcelo Suárez, director de TBA, 4 años de prisión; Laura Aida Ballesteros, directora de TBA, 4 años de prisión; Guillermo Antonio D’abenigno, director de TBA, 4 años de prisión; Francisco Adalberto Pafumi, directivo de TBA, 4 años de prisión; Víctor Eduardo Astrella, director de TBA, 4 años de prisión; Alejandro Rubén Lopardo, director de Cometrans, 3 años de prisión; Pedro Roque Raineri, directivo de TBA, 3 años de prisión; Oscar Alberto Gariboglio, vicepresidente de Cometrans, 3 años de prisión; José Doce Portas, director de Cometrans, 3 años de prisión, y el conductor de esa formación Marcos Antonio Córdoba, 3 años y 3 meses de prisión e inhabilitación especial por 6 años y 6 meses.
Sin embargo, la mayoría de los condenados cumplieron sus penas y solo algunos están en libertad condicional o con prisiones domiciliarias, por lo que hoy no quedan detenidos en ninguna cárcel por este siniestro.
Por otra parte, el mismo fallo ordenó extender la investigación hacia el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Así se dio inicio a la causa conocida como “Once II”, en la que el exfuncionario recibió una condena a cinco años de prisión. Ese expediente está en estudio de la Corte Suprema de Justicia. De Vido fue absuelto por estrago, pero condenado por administración fraudulenta.
La mañana del 22 de febrero de 2012 era el retorno a la actividad después de los feriados de Carnaval, y aproximadamente 1200 personas esperaban llegar a la estación Once a bordo de la formación 3772 de la línea Sarmiento. Apenas pasadas las 8.30, la formación no detuvo su marcha e impactó a velocidad contra el paragolpes de contención del andén N°2.
Las pericias determinaron que, aunque los frenos manuales de la formación funcionaban, no fueron suficientes para detener la formación. Además, otros aspectos que estuvieron detrás de la magnitud del accidente fueron el mantenimiento de los vagones, el paragolpe y el sistema de frenado “de hombre muerto”, que el maquinista anuló y que era el que permitía detener un tren de manera automática.
El impacto, a una velocidad de 20 kilómetros por hora, comprimió los primeros tres vagones, donde se produjeron la mayoría de los fallecidos entre todos los pasajeros que viajaban en ese tren.
Las salas de emergencia de la zona y la ciudad de Buenos Aires recibieron a más de 800 heridos, mientras los rescatistas recuperaban de los cuerpos de 51 personas; entre ellos, el de una mujer embarazada. La destrucción del vehículo fue tal que la última víctima en ser hallada, Lucas Menghini Rey, fue retirada de los restos más de dos días después del choque.
Los procesos posteriores determinaron las responsabilidades estatales y empresariales en el hecho. “Entre De Vido y el maquinista del tren chapa 16 se determinó una cadena de responsables, todos ellos más cercanos, que el exministro –en mayor o menor medida– a los ámbitos de gestión operacional del servicio ferroviario de la línea Sarmiento”, dijo el tribunal que
La mayoría de los condenados cumplieron ya sus sentencias
Resta que la Corte confirme o no los cinco años de prisión a De Vido
La Casación confirmó que el siniestro fue por negligencia y mal servicio
integraron los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal 4.
Y la Casación al negar los recursos de los condenados y dejar firmes las condenas, consideró probado que la Tragedia de Once “no solo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista”, sino que además encontraba explicación “en las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, a partir de las políticas empresariales verificadas y la ausencia de los controles serios por parte de la Secretaría de Transporte, que representaba un constante peligro para la vida de las personas que a diario utilizaban los trenes que circulaban con un deficitario estándar de eficiencia y seguridad”.
El siniestro se convirtió en la tercera tragedia ferroviaria más grave en la historia de la Argentina.