Según un informe, Maduro le “marca” disidentes al aparato represivo
GINEBRA.– En su tercer informe sobre Venezuela, presentado ayer, la Misión Internacional Independiente de la ONU fue más allá y detalla las responsabilidades de los servicios de inteligencia y de Nicolás Maduro en la represión del régimen a la oposición.
El documento pone de relieve el papel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la acciones contra miembros de la oposición, incluyendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, como tortura y violencia sexual.
El informe revela que, en algunos casos, Maduro participaba directamente en la selección de los objetivos. El documento dice que “varias fuentes (...) con conocimiento directo de los procesos de toma de decisiones dentro de la Dgcim, le dijeron a la misión que el presidente Maduro es quien da órdenes directas a (el general Iván) Hernández Dala (director de la Dgcim), que se transmiten en persona o por teléfono, nunca por escrito”. Tanto el Sebin como la Dgcim “hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos” al menos desde 2014 y “las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy”, agregó la misión sobre Venezuela, conocida como MIIV, en un comunicado.
El informe se basa en 471 entrevistas realizadas por la misión desde 2020 y hasta abril a víctimas, familiares, representantes legales, al menos medio centenar de personas que trabajaron para el Sebin o la Dgcim u otras entidades del gobierno, así como representantes de ONG, entre otros. “Opositoras y opositores al gobierno, reales o percibidos, y familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura”, dijo la misión.
Entre esos actos figuran “golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; mutilaciones (...), alimentación forzada con heces y vómito”, agregó.
Entre las víctimas se encuentran oficiales militares supuestamente implicados en intentos de golpe de Estado para derrocar al gobierno, así como oficiales respecto de quienes, debido a su liderazgo, se consideraba que representaban tal riesgo”, además de activistas sociales, políticos opositores o trabajadores de ONG.ß