“No me pagó y la violé”: la confesión del taxista ante su propia esposa

Hay una recompensa de $5 millones para aportar datos para su captura

Mediante la resolución 374/2022, publicada en el Boletín Oficial el 24 de junio pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a cinco millones de pesos el monto de la recompensa para quienes brinden datos que sirvan para la detención de Tito Franklin Escobar Ayllón, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 24 de abril de 2015 por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal.

Escobar Ayllón, de 51 años, nacido en Bolivia, violó a Manuela Ponz en su taxi marca Chevrolet Spin, que luego apareció abandonado en el cruce de las calles Chile y Saavedra, en el barrio porteño de Balvanera, no tan lejos de la localidad bonaerense de Sarandí, donde él tenía su domicilio.

Sin embargo, cuando la policía llegó para detenerlo, el hombre ya había desaparecido sin dejar rastros. Incluso dejó de percibir los beneficios sociales que cobraba en ese entonces.

Una semana después de la violación, su mujer se presentó de manera espontánea en la comisaría de Sarandí y declaró que Escobar Ayllón le había confesado que tenía “algo que ver” con el tema que “estaba en los medios”, pero le dijo que había tenido una relación “consentida” con esa chica.

Sin embargo –agregó la mujer en su exposición–, un rato después el taxista le reconoció que había abusado sexualmente de su pasajera. “No me pagó y la violé”, fue su justificación.

“Nunca estuvieron ni cerca de decirme dónde está”, asegura Manuela Ponz

Según Manuela, “se trató de una especie de artimaña para disolver la causa, dándole tiempo para que se diera a la fuga”.

Durante unas vacaciones, la propia Manuela cruzó hasta Bolivia, país de origen del prófugo, a buscar información sobre su paradero. Allá, al igual que aquí, el resultado fue decepcionante.

En su libro La mala víctima, Manuela describió sus sensaciones con la marcha de la causa: “Nunca estuvieron ni cerca de decirme dónde está. Pasaron cuatro años desde que supe por última vez algo del juzgado. Siempre que pedí medidas de prueba las ordenaron. El problema es que los recursos son escasos”.