Fiscales. Quejas por la falta de personal para acelerar las investigaciones judiciales
Representantes del Ministerio Público de todo el país detallaron en un informe anual las dificultades que se producen en las causas al tener una limitada cantidad de empleados
Los elevados índices de delitos se sustentan en las fallas estructurales de la Argentina. El motín en una comisaría porteña expuso en los últimos días el colapso del sistema penitenciario, que deriva detenidos a seccionales policiales y quita a miles de uniformados de la tareas de prevención en las calles. La falta de lugares en las prisiones es uno de los problemas que mantienen altas las tasas de criminalidad. Otro factor condiciona también la reacción estatal frente a aquellos que están en conflicto con la ley penal: las demoras en las investigaciones. Y en ese aspecto hay advertencias sobre la necesidad de un cambio que evite el derrumbe del sistema judicial. Al menos30 fiscales federales y nacionales alertaron sobre las dificultades que tienen para llevar adelante las pesquisas en un lapso temporal acorde con un lógico requerimiento de eficacia. El aviso que elevan esos representantes del Ministerio Público Fiscal apunta, fundamentalmente, a un pedido: incrementar la dotación de las fiscalías.
Esa situación fue evidenciada tanto por fiscales del interior del país como por aquellos que trabajan en el área metropolitana. Al evaluar lo realizado en sus distritos durante 2021, los responsables de las investigaciones judiciales dejaron consignadas sus quejas y propuestas en el informe anual del Ministerio Público Fiscal.
La escasez de personal quedó a la vista, por ejemplo, en el escrito de María de los Milagros Squivo Barbiero, a cargo de la fiscalía ante el tribunal federal de Concepción del Uruguay: “El número y la entidad de las causas que deben atenderse con los escasos recursos humanos con que contamos (fiscal, secretario y tres empleados, uno de los cuales fue incorporado en el mes de noviembre de 2019), determina que existan numerosas dificultades para cumplir con los plazos procesales, fundamentalmente a la hora de ofrecer la prueba para el debate. Ello hace que no se pueda realizar un examen completo y detenido de todos los legajos y de las pruebas e implementar el trabajo desde una visión estratégica de cada caso y de todos en su conjunto, debiendo limitarnos a una evaluación rápida, expedita y muchas veces incompleta de los expedientes y consecuentemente llevando al debate prueba que resulta superflua o sobreabundante, o bien no ofreciendo toda la prueba necesaria para mantener la acusación”.
No se trató de un comentario aislado, sino que fue ese un eje común por el que se movieron fiscales de varios distritos. Un caso similar expuso el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi: “Se advierte que desde la sanción del nuevo Código Procesal Penal (ley 27.063), los magistrados del Poder Judicial, en miras a respetar los lineamientos plasmados en tal ordenamiento procesal –que prevé un sistema de neto corte acusatorio–, revirtieron la práctica que hasta ese entonces se aplicaba (de mantener para sí la dirección de las investigaciones en trámite) y comenzaron a aumentar la delegación de esa tarea en cabeza de los fiscales, lo que incrementó notablemente la cantidad de trabajo de las fiscalías, aun cuando la estructura todavía no se encuentra debidamente preparada para hacer frente a tales exigencias. Dicha circunstancia derivó en una clara sobrecarga de las tareas propias de los empleados de la fiscalía y, por consiguiente, significó un alto índice de congestión en la tramitación de las pesquisas”.
En la mayoría de los casos, los fiscales detallaron que cada año llegan a sus despachos entre 700 y 1100 nuevas causas, que se suman a aquellas de investigaciones complejas que se mantienen abiertas durante largo tiempo. Eso sucede no solo por la “falta de brazos” para llevar el día a día de cada expediente, sino también por carencias en los sistemas de peritajes. Un informe técnico básico sobre una computadora, por caso, puede demorar entre cuatro y seis meses.
Si bien algunos fiscales consideran que debe incorporarse en forma urgente a personal con características que aporten a las oficinas capacidades propias en campos técnicos, económicos y psicológicos, otros se conformarían con algo más a mano, como una reasignación interna de recursos humanos. Y en varios casos se marca la diferencia entre los juzgados y las fiscalías. “Esta sede constituye la única fiscalía federal existente en la jurisdicción (la cual abarca cuatro partidos: Quilmes, Avellaneda, Berazategui y Florencio Varela) circunstancia por la cual debe atender la múltiple competencia prevista originariamente en cuestiones civiles y comerciales, contencioso administrativas, previsionales y obviamente penales (entre ellas, penales tributarias), así como también los requerimientos efectuados por las nueve Secretarías del Juzgado Federal de Quilmes, cuya dependencia ostenta una planta permanente de más de ochenta personas en contraste con las quince personas – funcionarios y empleados- que posee esta fiscalía, de turno todo el año”, consignó en el informe anual Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes.
La fiscal federal de Oberá, Viviana Vallejos, también señaló que el juzgado de su distrito fue beneficiado en 2020 con treinta nuevos contratos y la creación de dos secretarías, mientras que su función -en un área clave en la lucha contra el contrabando- la cumple con “siete agentes, que conforman el equipo de investigación y un ordenanza”.
Su colega neuquina Mariana Querejeta mostró, por su parte, el problema que enfrentan las oficinas con múltiples tareas: “El único recurso humano específico asignado a la materia electoral en esta fiscalía es un agente contratado mediante locación de servicios, cuya contratación depende de la existencia de fondos a tal efecto. Dicha modalidad de contratación provoca que los trabajadores permanezcan poco tiempo en dicho ‘cargo’, lo que implica que quien ocupa dicha función sea permanentemente un recurso humano en formación”.
Poca oposición a narcos
Las dificultades en las fiscalías parecen no diferenciar el peso propio de cada oficina en la lucha contra delitos estratégicos, como el narcotráfico. Las advertencias de los fiscales de Orán y Rosario exponen aún más esos problemas estructurales ante el delito. “La principal problemática que afronta esta sede fiscal, y que se vio acrecentada con la implementación del sistema acusatorio establecido por el Código Procesal Penal Federal (mencionado también en anteriores informes anuales), es la falta de personal que permita dar una respuesta a los nuevos desafíos que implica el cambio de paradigma del sistema procesal penal”, señaló José Luis Bruno, a cargo de la fiscalía de Orán, eje por el que pasa la mayoría de las investigaciones sobre el tráfico de cocaína en la frontera con Bolivia.
La droga que transportan las bandas que deben ser detectadas por el escaso personal de la fiscalía de Orán impacta luego en Rosario. Federico Reynares Solari, fiscal ante los tribunales federales de esa ciudad santafesina, consignó las cifras de su oficina en 2021: Siete empleados, 800 dictámenes y 101 sentencias en 123 causas con 292 imputados. “Los números hablan por sí solos en cuanto a las necesidades de recursos humanos y materiales que padecemos”, expresó el fiscal rosarino en el informe anual del Ministerio Público Fiscal.
Con pocos investigadores judiciales, sin lugares en las cárceles y con miles de policías aferrados a tareas de custodia, cruje la endeble estructura argentina contra el delito.ß