Guatemala, sacudida por una crisis institucional
El presidente Giammattei destituyó al fiscal anticorrupción, que fue respaldado por EE.UU.
CIUDAD DE GUATEMALA.– Un escándalo que combina una destitución, una denuncia y confesión, y la huida de los protagonistas de ambas, desató una ola de protestas en Guatemala contra la corrupción y condenas internacionales.
El abogado Marco Aurelio Alveño Hernández denunció el fin de semana hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de gobierno y del Ministerio Público guatemalteco, de los que él mismo formó parte, y luego dejó el país junto con toda su familia.
El diario El Periódico publicó el domingo un resumen de la declaración que Alveño Hernández hizo en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la cual detallaba cómo Paola Mansilla, asistente de Héctor Aníbal de León Velasco, consejero de la fiscal general del país Consuelo Porras, cobraba dinero para evitar que la FECI investigara a personas señaladas de corrupción.
Porras fue quien destituyó el viernes último al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, de la FECI, una salida que generó indignación y protestas en el país gobernado por Alejandro Giammattei, quien está ahora en el ojo de la tormenta. Sandoval también dejó el país durante el fin de semana.
“Lo que se publicó es verdad; es parte de la declaración que yo di en la fiscalía contra la impunidad’’, dijo Alveño Hernández mientras presentaba una denuncia en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos por temor de su vida y la de su familia, y buscaba salir del país.
Alveño Hernández fue abogado de Edgar Barquín, exdirector del Banco de Guatemala, cercano al presidente Giammattei y consejero en política monetaria. Barquín fue condenado en 2016 por tráfico de influencias en un caso de lavado de dinero.
Barquín, a través de Alveño, habría pagado un soborno de 30.000 quetzales a Mansilla (unos 3900 dólares) para lograr que le retiraran el caso a la FECI y se lo enviara a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, que se