Un alegato político que desnuda fragilidades
Las visitas de los jueces Hornos y Borinsky a Macri estuvieron en el centro del alegato
La vice concluyó que fue una operación de los fondos buitre
Las causas judiciales que enfrentan Cristina Kirchner en particular y el kirchnerismo en general son parte de una megaoperación judicial detrás de la cual está el imperialismo financiero internacional, encarnado en los fondos buitre, que quiere dominar el país a través de la deuda externa administrada por el gobierno de Mauricio Macri, que pretendió disciplinar a la política y penalizar a un grupo de dirigentes que busca la justicia social de los argentinos.
Esa es la línea política argumental de la vicepresidenta para reclamar ante los jueces que debe anularse la causa por la firma del memorándum con Irán, que, según la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, buscaba la impunidad de los acusados de volar la AMIA el 18 de julio de 1994.
La línea jurídica, expresada con igual vehemencia por la expresidenta, es que dos de los jueces que intervinieron a lo largo de este expediente iniciado en 2015, y que permitieron la reapertura del caso el 29 de diciembre de 2016, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, registran visitas a Macri cuando era presidente, por lo que los acusados aseguran que no actuaron con imparcialidad.
En el contexto de lo que el kirchnerismo denuncia como un complot de todo el Estado durante el macrismo para encarcelar a sus dirigentes, estas visitas –aunque no haya constancia de lo que sucedió en ellas– alcanzan para impugnar toda la denuncia de Nisman, quien apareció muerto en su casa a cuatro días de efectuarla, en enero de 2015.
Es este el asunto que quedará bajo análisis de los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini cuando deban resolver si declaran nulo el caso, antes de realizar el juicio oral. Aún resta que hablen siete de los acusados o sus abogados en una audiencia que se realizará el 4 de agosto.
No obstante, cada uno de los jueces tiene una idea bastante arraigada y en una primera impresión, hoy por hoy, pesan más los argumentos anulatorios que los otros. Pero falta aún que argumenten el fiscal Marcelo Colombo y los querellantes de la DAIA y familiares de las víctimas, que ayer no estuvieron en la audiencia porque se hizo el acto central por el 27° aniversario del atentado contra la AMIA.
El planteo político de Cristina Kirchner es que la causa del memorándum con Irán fue una construcción de los fondos buitre. Si bien el acuerdo se firmó en secreto en 2013, en su gobierno, cuando se estaba negociando la deuda, la denuncia de Nisman por la firma del pacto llegó en enero de 2015. Había reclamos judiciales, pero no se había pagado ni acordado nada.
Cristina Kirchner reivindicó ayer la actuación de Axel Kicillof como su ministro de Economía y de Héctor Timerman como su canciller respecto de la deuda. Timerman falleció y la estrella de Kicillof está en ascenso en el universo oficialista.
En la alocución de la vice tuvo un lugar el presidente Alberto Fernández, pero en su rol de abogado. Dijo Cristina Kirchner que Fernández visitó al juez federal Julián Ercolini cuando investigaba a Alejandra Gils Carbó y que le reprochó las acusaciones contra la funcionaria, a lo que el magistrado respondió –según la versión que dio el Presidente en una radio y que repitió la dama– que “no tenía más remedio que hacerlo”.
En 2015, el año de la elección presidencial, el gobierno de Cristina Kirchner mantuvo su negativa a pagar la deuda hasta que, una vez que perdió los comicios, hubo acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri.
La expresidenta señala que la intención de las causas judiciales, no solo esta por el pacto con Irán, sino otros casos, como el de Vialidad Nacional, donde está acusada de direccionar las obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez; Hotesur y Los Sauces, donde está acusada con sus hijos de lavado de dinero, y el caso del “dólar futuro”, un proceso que no llegó a juicio oral, son producto de la presión de los fondos buitre.
“Todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda”, declaró sobre el final de su alegato, en el que redondeó su mensaje de tono político-electoral.
Fue Andrés Larroque, ministro bonaerense acusado también en esta causa y secretario general de La Cámpora, el que explicó quiénes integraban ese “nosotros”. Dijo Larroque que solo explicaba su inclusión en esta causa por ser parte de La Cámpora, “una organización que simboliza la militancia, que recuperó la pasión por la política, el sentido de la militancia”.
En esta lógica, entendió que se busca penalizar a quienes pretenden “un país mejor, con justicia social”, y sostuvo que se busca penalizar a Cristina Kirchner para penalizar esta política.
La argumentación política estaba destinada al frente interno. El kirchnerismo militó la audiencia, a la que se conectaron por Youtube casi 20.000 personas, un récord para este tipo de encuentros que se realizan en formato de Zoom en tiempos de pandemia.
En cambio, la argumentación jurídica estaba dirigida al tribunal, al que Cristina Kirchner no maltrató, como lo había hecho hasta ahora con todos los jueces a los que se enfrentó en audiencias públicas cuando le tocó declarar en los tribunales. Pero en este plano el alegato reveló algunas fragilidades, que seguramente sus abogados intentarán contrapesar.